Efecto Massa: el oficialismo en Diputados congelará los proyectos con impacto fiscal a la espera de su aval
La moratoria previsional, el salario básico universal y el aumento a los subsidios al transporte quedarán en stand by hasta que el nuevo ministro de Economía asuma sus funciones; avanzarán aquellas iniciativas que apunten a la producción y el empleo
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LA NACIONLaura Serra
La agenda de la Cámara de Diputados ingresará en una etapa de revisión con la llegada de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía. Todas aquellas iniciativas que impliquen un impacto fiscal en las cuentas públicas tendrán un impasse hasta que Massa, una vez en funciones, no dé su visto bueno. Por el contrario, aquellos proyectos que signifiquen mayor dinamismo a la producción y al empleo y, por ende, mayor generación de divisas, tendrán prioridad.
La renuncia de Massa a la presidencia de la Cámara de Diputados se concretará este martes, en sesión especial. Sin embargo, esto no significará que se desvincule de la actividad parlamentaria. Muy por el contrario: obsesivo como es de los temas que le incumben, Massa promete hacer un seguimiento estrecho de las iniciativas económicas que se traten en el Congreso, ya sea para acelerarlas si van en línea con sus políticas o bien para desalentarlas si las interfieren. Massa reclamará que la coordinación entre el Congreso y el Ministerio de Economía sea total para marcar un punto de inflexión respecto de la última etapa de la gestión de Martín Guzmán, en la que el kirchnerismo desafió la autoridad del exministro con una seguidilla de iniciativas “populistas” sin su aval previo.
“Si antes Sergio podía tolerar o incluso impulsar proyectos que tuvieran algún impacto fiscal, ahora todo será distinto porque ‘caja’ la manejará él”, anticipó un legislador que lo conoce bien. Massa no tolerará que su propia tropa desafíe su autoridad; para ello cuenta en la Cámara de Diputados con dos lugartenientes que le cuidarán sus espaldas: Cecilia Moreau, una dirigente de su más estrecha confianza, quien lo reemplazará en la presidencia de la Cámara de Diputados, y Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos, un hombre que tiene el mandato incorporado de su mentor, Agustín Rossi, de avanzar solo en aquellas iniciativas que reciban el aval explícito de la Casa Rosada.
En revisión
Así las cosas, aquellos proyectos que tuvieron avance legislativo hasta la renuncia de Guzmán, como la nueva moratoria previsional, el salario básico universal (SBU) y el aumento en los subsidios al transporte público del interior del país a $59.500 millones ingresarán en un impasse hasta que Massa no les dé luz verde.
La nueva moratoria previsional, impulsada por el kirchnerismo, ya cuenta con media sanción del Senado; en líneas generales propone que, por medio de un plan de pagos, aquellas personas que llegan a la edad de retiro laboral sin cumplir con los 30 años de aportes que exige la ley puedan acceder a una jubilación. Según estimaciones de la Anses, el costo inicial podría ser de unos $200.000 millones en dos años, aunque algunos previsionalistas hacen cálculos que llevan el monto posible a un nivel más elevado.
Si el avance de esta iniciativa en la Cámara de Diputados está en duda, la que definitivamente quedaría fuera de agenda es la que reclama el dirigente social Juan Grabois y propone instrumentar un salario básico universal a un universo de siete millones de personas en situación de vulnerabilidad. Su aplicación le costaría al Estado dos puntos del PBI, lo que no haría más que agigantar el ya voluminoso déficit fiscal que Massa se propone reducir para cumplir con las metas acordadas con el FMI.
“Una iniciativa de estas características sólo podría tener cabida si el Poder Ejecutivo se decide a abordar una discusión integral sobre los planes sociales que actualmente reparte el Ministerio de Desarrollo Social. Imposible instrumentar nuevos planes: sencillamente, no hay plata. Con la urgente necesidad de divisas que requiere el país, este proyecto sería visto como una mala señal”, indican fuentes del oficialismo.
No está claro, en tanto, si Massa impulsará el avance de otra iniciativa polémica, al menos para el sector empresario. Se trata del proyecto de ley de renta inesperada, impulsado en junio pasado por el presidente Fernández y el entonces ministro Guzmán, el cual propone gravar con una “sobrealícuota” del impuesto a las ganancias de sociedades de capital sólo para el actual ejercicio fiscal. Está dirigido a aquellas empresas que facturan más de $1000 millones; el objetivo es recaudar no menos de $200.000 millones.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda tenía previsto empezar el debate del proyecto el mes próximo. “Veremos qué dice Massa. El Presidente pretende que le demos curso cuanto antes pese a la oposición de Juntos por el Cambio. Creemos que podríamos obtener los votos. Pero ahora Massa tiene la última palabra”, deslizan en el bloque oficialista.
Por Laura Serra
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