Eduardo Farah, uno de los jueces que liberó a Cristóbal López, pidió su traslado
LA NACIONPaz Rodríguez Niell
Eduardo Farah, uno de los jueces que liberó al empresario Cristóbal López, solicitó hoy su traslado a otro juzgado federal. En el escrito que presentó ante el Consejo de la Magistratura, pidió ir al Tribunal Oral en lo Penal Económico o, de generarse una vacante, a los tribunales de San Martín, "por razones personales".
La solicitud del magistrado no sería rechazada por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura. El ministro de Justicia, Germán Garavano , dijo la semana pasada a LA NACION que el Gobierno no objetaría el traslado de Farah.
Farah había defendido su accionar luego de la resolución que ordenó liberar a Cristóbal López y a su socio Fabián De Sousa, detenidos desde el 20 de diciembre por haber retenido impuestos a los combustibles por más de 10.000 millones de pesos de su petrolera Oil. "El fallo está bien dictado", sostuvo hace un mes, y respondió a las críticas del oficialismo, encabezadas por el presidente Mauricio Macri.
Jorge Ballestero, el otro magistrado que quedó en la mira por el fallo favorable a Cristóbal López, también podría irse de la Cámara Federal porteña.
"Tengo edad para jubilarme y ocho stents en un año, pero no me gustaría irme así", afirmó Ballestero, la semana pasada. "Así" significa sospechado de corrupción. El Consejo de la Magistratura , a instancias del Gobierno, abrió una investigación en su contra.
La importancia de la Cámara Federal
Un apartamiento de Ballestero y de Farah sería el triunfo de la presión del Gobierno, que quiere sacarlos de Comodoro Py y avanza en el diseño de una nueva Cámara Federal.
De concretarse la salida de ambos, a este tribunal le quedaría un solo miembro de la era "pre-Macri": Martín Irurzun, su presidente y el autor de la doctrina en la que se apoyaron muchas de las prisiones preventivas dispuestas contra los funcionarios kirchneristas.
La Cámara Federal es un tribunal clave. Revisa las decisiones más importantes de los doce jueces federales de Comodoro Py, que concentran las principales causas contra funcionarios y exfuncionarios. Por eso, el Gobierno tiene especial interés en cómo quede su conformación.
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