Eduardo Belliboni pidió ampliar su declaración en la causa que investiga al Polo Obrero por desviar fondos
El líder piquetero se presentó en Comodoro Py para solicitar un nuevo descargo y que se incorporen más elementos a la investigación que lo tiene en la mira
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El líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py para solicitar una ampliación de su indagatoria en el marco de la causa que investiga a la organización piquetera por haber desviado parte de los recursos que le fueron asignados en el marco de convenios con la anterior administración. Además, el referente del PO busca que se incorpore nueva documentación a la causa como elementos de prueba.
“Vamos a presentar, entre otras cosas, lo que son las obras que ha hecho el Polo Obrero con los recurso del Estado. Estamos hablando de más de 44 obras en todo el país que hicimos con la plata que el Estado nos dio y que el fiscal (Gerardo Pollicita) dice que están bajo sospecha”, dijo Belliboni en las escalinatas de Comodoro Py.
Según la información que el Gobierno entregó a la Justicia, entre 2020 y 2023, el Polo Obrero recibió a través de sus dos cooperativas unos $360.000.000 de pesos como resultado de cinco convenios distintos que la organización firmó con el extinto Ministerio de Desarrollo Social para desarrollos productivos y capacitaciones. De esos recursos, según la versión oficial, solo se rindieron cerca del 30% y parte de esta misma rendición se hizo con facturas apócrifas, algo que niegan de plano en el movimiento social. Por ello se lo acusa de realizar una administración fraudulenta de los recursos públicos.
El líder piquetero de la izquierda también está en la mira de la Justicia por el presunto manejo extorsivo del exPotenciar Trabajo, el mayor programa de asistencia social que hoy se encuentra dividido en dos nuevas líneas, con el fin de que los beneficiarios que cumplían su contraprestación en las Unidades de Gestión asistieran a las protestas callejeras que impulsaba Belliboni.
Hace dos semanas, el dirigente social declaró ante al juez federal Sebastián Casanello. Negó las acusaciones por extorsión y coacción y afirmó que algunas de las imputaciones eran temas “técnicos”.
Ahora, Belliboni, que afirma que el movimiento que dirige rindió casi la totalidad del dinero recibido (un 97%), aportará una serie de elementos a la causa que pretenden apuntalar su versión de los hechos. Entre estos, se destaca un documento de la AFIP de 2021 que daría cuenta de la existencia de Coxtex, una firma a la que el Polo Obrero le compró, entre otros elementos, impresoras y computadoras, de las cuales afirman tener fotos certificadas por escribano público. “La AFIP en el 2021 decía que no era trucha. Ahora dicen que es trucha”, señaló Belliboni. La Justicia sospecha que la firma directamente no existe.
La otra empresa apuntada es Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, de estrecho vínculo con el partido Polo Obrero. Durante dos años, por ejemplo, la firma imprimió un suplemento quincenal del Polo Obrero. Desde el movimiento destacan que la empresa existe “hace más de 40 años” y que se ha presentado en la feria del libro en más de una oportunidad. “Es una editorial con gran trayectoria”, señalan. La sospecha de la Justicia es que parte de los fondos recibidos a través de los convenios eran desviados con fines partidarios.
Belliboni llegó a los tribunales junto a la flamante diputada nacional Vanina Biasi, el dirigente de izquierda, Néstor Pitrola, y la abogada del Polo Obrero Liliana Alaniz Rayu. “Tenemos un pilón de pruebas para subir a las redes por lo que hayamos con el Juzgado”, indicó la letrada.
Como parte de su defensa, Belliboni sostiene que los desembolsos de los convenios se realizan en dos tramos, y que para percibir el segundo giro, el primer tramo del convenio debe estar aprobado. Por ahora, no hay funcionarios citados a declarar.
Incluso, el dirigente piquetero afirma que, por todos los costos adicionales que demandan las actividades que llevan a cabo, los recursos que gastó el movimiento son muchos más que los 360 millones están bajo la lupa de la Justicia.
“Estamos hablando de una enorme cantidad de recursos que fueron utilizados, no solo los del Estado, sin los que puso también la organización. Mediante escribano hemos certificado todas las máquinas. Tenemos muchísimas pruebas, no mentiras”, insistió.
El inicio de la causa estuvo ligada a la implementación de la línea telefónica que habilitó el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich para denunciar de forma anónima presuntos aprietes por parte de las organizaciones sociales para asistir a las movilizaciones. El juzgado sostuvo que en el caso del Polo Obrero debía avanzarse, además, sobre la hipótesis de una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La feria judicial comienza el lunes, por lo que es probable que Belliboni, pueda ampliar su declaratoria con la reanudación de la actividad dentro de dos semanas, siempre que sea avalada por el juez Casanello.
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