Eduardo Belliboni fue indagado en Comodoro Py por el presunto desvío de fondos para financiar al Polo Obrero

El dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni fue indagado esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py. Está acusado de desviar fondos que recibía del programa Potenciar Trabajo para financiar a su fuerza política. Belliboni estuvo al menos tres horas frente a los funcionarios judiciales, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. Según reconstruyó LA NACION, tanto Belliboni como María Isolda Dotti, una militante del PO conocida como “Tango” que también fue indagada hoy, negaron las acusaciones por extorsión y por coacción. Aunque a lo largo de sus declaraciones describieron cómo funcionaban los comedores y quisieron explicar varios de los hechos incluidos en la imputación, no hicieron alusiones a los cargos por la administración fraudulenta y las facturas apócrifas y optaron por no responder preguntas.

En sus descargos ante el juez y el fiscal los dos hablaron de las dificultades que implica gestionar necesidades y dedicaron un punto de sus declaraciones a describir las consecuencias que habrían sufrido por la cobertura mediática, según supo este medio. Belliboni habló de un fusilamiento mediático y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la filtración de la información de las conversaciones telefónicas y de los chats, y dijo que la policía le reportaba a ella en lugar de al juzgado federal a cargo del caso.

Con respecto a la imputación que pesa sobre Belliboni y Dotti por las sanciones a los beneficiarios (que fueron denunciadas de forma anónima a través de la línea 134), Dotti declaró que las sanciones existían pero justificó que eran por no trabajar, y no por no participar de las movilizaciones. También dijo que las listas en las movilizaciones era para cuidar a los manifestantes. Igual que los imputados del Polo Obrero que declararon en las últimas semanas, Belliboni y Dotti dijeron que la toma de decisiones era asamblearia y democrática.

Además declararon que las listas de espera (para recibir alimentos o un plan social) se debían a que el dinero que recibían del Estado no alcanzaba, y que los comedores debían autogestionarse.

Ambos habían sido citados el 27 de mayo pasado después de que fueran allanados los comedores que administra el Polo Obrero. Desde temprano, en las inmediaciones de los tribunales de Comodoro Py se concentraron militantes de la agrupación que apoyan a Belliboni con banderas con la inscripción “Basta de persecución”.

Se investiga en este expediente una presunta estructura extorsiva por la cual integrantes del movimiento del que es referente, administrando un sistema de premios y castigos, apretaban a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo para asistir a movilizaciones.

En esta causa el Gobierno ya es querellante mediante una presentación que hizo el Ministerio de Capital Humano. El juez Casanello unificó esa querella con la de Oficina Anticorrupción. Y ayer admitió por separado a la Unidad de Información Financiera (UIF), que es un organismo estatal, autónomo, especializado en lavado de dinero.

Según la información que tiene la justicia federal, en el período entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. suscribieron un total de cinco convenios con la Secretaría de Economía Social, entonces a cargo de Emilio Pérsico, tras constituirse como Unidades de Gestión y/o Certificación. Recibieron un total de $361.087.500 en concepto de subsidio institucional y asumieron las obligaciones tanto de generación de las actividades antes detalladas y la rendición de los gastos comprometidos, como de certificación del cumplimiento de trabajo por parte de los beneficiarios del programa.

Uno de los hechos bajo investigación es que con gran parte del dinero recibido en concepto de subsidio como Unidad de Gestión para la ejecución del Plan Potenciar Trabajo la organización Polo Obrero habría financiado sus actividades partidarias, tales como gastos corrientes de la agrupación, actividades de prensa, militancia y campaña electoral. Según la hipótesis del juez Casanello, “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.

Una arista de la investigación es el desvío de los fondos públicos que debían ser destinados a los beneficiarios de los planes sociales. Otra es la presunta extorsión a los beneficiarios, a quienes se les pedía ir a manifestaciones y pagar una cápita para poder asistir a los comedores y para poder recibir la prestación social. Y otra es la producción de facturas apócrifas para presentar en concepto de rendición de gastos al Estado, que habrían sido emitidas por empresas que se encuentran bajo sospecha de la AFIP.

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