Eduardo Belliboni apeló el procesamiento en su contra y pidió que se anulen las declaraciones de los arrepentidos

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, apeló el procesamiento dictado en su contra el lunes pasado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En un escrito presentado este viernes, pidió que la Cámara Federal lo sobresea y que anule las declaraciones de los testigos de identidad protegida y de los arrepentidos en la causa.

Tres abogados se presentaron en defensa de Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero sostuvieron que el juez no tenía pruebas suficientes para procesarlos, embargarlos e inmovilizarles los bienes y que debió, cuanto menos, “ahondar profundamente en la investigación” porque lo que tiene hasta ahora solo demuestra -dijeron- “la ajenidad” de los acusados con las maniobras que se les imputan.

El fallo que cuestiona Belliboni fue firmado por el juez federal Sebastián Casanello, que el lunes pasado señaló que hay pruebas suficientes para sostener que Belliboni desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo y que los destinó, al menos en parte, a financiar política partidaria de la agrupación que encabeza y del Partido Obrero.

Según el juez, Belliboni y sus supuestos cómplices recurrieron a la presentación de facturas falsas y al uso de empresas fantasmas; sobre todo, Rumbos, que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero -según el fallo de Casanello- en la práctica no era más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.

Según los abogados de Belliboni y sus coprocesados, “la arbitrariedad del decisorio es ostensible” y fue dictado en el marco de “una causa mediática, promovida por el gobierno de turno [la denuncia que dio origen al caso la presentó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich]” y plagada de irregularidades.

Los defensores se quejaron, entre otras cosas, de que se les hubiera allanado el estudio jurídico cuando estaban preparando la defensa para este caso, después de muchos días de no haber podido ver la causa porque estaba en secreto. “Además de invadir la intimidad propia de la estrategia defensista, se obstaculizó la preparación de la defensa: fue un día de trabajo perdido”, se quejaron. Relataron además que pidieron más tiempo para prepararse para las indagatorias y el juez se los negó. El inmueble donde funciona el estudio jurídico fue allanado porque era el domicilio legal de Rumbos, una sociedad que según el Polo Obrero era proveedora suya, pero que, para el juez, fue sólo un instrumento para desviar fondos.

El escrito de apelación, los defensores sostuvieron: “Rumbos no es el Partido Obrero. Rumbos es una empresa editorial que desarrolla su actividad comercial hace décadas”. Dijeron que publicó “decenas de libros y revistas, y 1620 números de un periódico semanal con tirada a nivel nacional llamado ‘Prensa Obrera”.

Los abogados se quejaron además de que el juez “interrumpió la libre exposición de Belliboni” durante su indagatoria y cuestionaron que no estuvieran subidas al sistema informático todas las pruebas del caso. Además, dijeron que hubo declaraciones que no pudieron presenciar; incluidas las de algunos testigos y de los arrepentidos. “Es cierto que los testimonios recibieron reserva de identidad, pero ello no obstaba a que esta defensa pudiera estar en las audiencias tomando los recaudos que el juzgado considerase necesarios para resguardar la identidad de las personas; y en ese acto poder controlar la producción de la prueba y formular preguntas -afirmaron-. Incluso, quedaba un camino intermedio para resguardar nuestro derecho: el juez podría haber solicitado a esta parte que presente un pliego de preguntas por escrito.”

Según los defensores, “el único remedio posible, a fin de resguardar derechos de índole constitucional es decretar su nulidad, y excluirla como prueba de cargo”. También pidieron que se declarara la nulidad de las declaraciones de tres arrepentidos, imputados que hicieron un acuerdo de colaboración con el fiscal Gerardo Pollicita.

Los defensores se quejaron además de que Casanello los procesó cuando ellos habían pedido volver a declarar y cuando quedaba “prueba pendiente” de producción. El juez, en su procesamiento, hizo alusión a esos pedidos. Dijo que no había hechos nuevos por los que los acusados debieran responder y que podrían hacer aclaraciones por escrito tantas veces como estimaran oportuno.

Esta mañana el fiscal también apeló el fallo de Casanello y pidió que se agravara el procesamiento de Belliboni.

Otros argumentos de la defensa

Los defensores de Belliboni y otros imputados del Polo Obrero sostuvieron también que no es cierto que los beneficiarios de los planes sociales que ellos controlaban no cumplieran con las contraprestaciones exigidas y enumeraron una gran cantidad de obras que se realizaron. Dijeron que una demostración de que ellos no extorsionaban a la gente es que el Gobierno habilitó a que los beneficiarios de los planes cambiaran de “unidad de gestión” (Polo Obrero era una) y la “gran cantidad” que “se sumaron voluntariamente al Polo Obrero creció exponencialmente”.

Dijeron también que recurrían a cheques para mover el dinero porque no había ningún impedimento para hacerlo (según el juez, era para evitar la “trazabilidad” de los fondos) y que las supuestas irregularidades con las facturas no eran tales. Alegaron que muchas tienen la misma fecha porque era habitual que “una vez cumplida la totalidad de las entregas, recién ahí se facture todo” y que, por eso mismo, en una misma facturación podía haber productos más caros y más baratos (porque en realidad habían sido entregados en diferentes fechas y los precios cambiaban).

También dicen que hay declaraciones de testigos que fueron sacadas de contexto. “Las citas [en las que una persona decía] ‘que tenía que ir a marchar’, ya que si no lo hacía ‘podía perder el plan’, está extraída de un contexto donde relata una charla de concientización política sobre la necesidad de marchar para mantener el plan y la comida, ante la amenaza clara de los gobiernos de turno de quitarlos.

Según Casanello, en cambio, el desvío de fondos está acreditado y “no fue inocente ni accidental, sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación” en alusión al Polo Obrero.

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