Edgardo Kueider pidió que la Justicia habilite la feria judicial para que la Cámara anule la sesión del Senado que lo destituyó
El dirigente entrerriano presentó un escrito ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo; aduce que sus votantes ven vulnerado su derecho a la representación política; el fiscal ya se pronunció contra el pedido
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Edgardo Kueider insiste con su planteo para anular la sesión por la cual se lo destituyó como senador y busca apurar una resolución de la Justicia.
Este jueves, solicitó ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo –donde se encuentra el expediente– que se habilite la feria judicial para tratar su demanda contra el Senado. El fiscal del caso, Rodrigo Cuesta, ya se pronunció en contra de la solicitud. “No invocó ni demostró en forma concreta la existencia de razones de urgencia suficientes para justificar la excepcional medida de habilitación de feria”, adujo. Ahora, debe resolver la Cámara.
Entre las razones presentadas por Kueider –detenido por tentativa de contrabando en Paraguay tras intentar ingresar a ese país con más de 200 mil dólares sin declarar– se incluyó que su corrimiento del Senado vulnera el derecho del pueblo de Entre Ríos que lo votó.
“La exclusión de quien suscribe del Senado, importa por un lado la privación a una parte de la población que me eligió de su derecho constitucional a la representación política, en este caso, a la Provincia de Entre Ríos”, argumentó el exlegislador. “El respeto a la decisión política del pueblo de Entre Ríos no puede ser soslayada, ni admite demora”, insistió.
El fiscal Cuesta ya se había pronunciado sobre el planteo de fondo, adhiriendo al criterio del juez de primera instancia Enrique Lavie Pico. Cada uno desde su esfera de competencias, desestimó las razones planteadas por Kueider y sostuvo que era válida de la sesión que le quitó su senaduría.
“Sin la debida revisión judicial de lo resuelto por la Cámara de Senadores en un proceso ilegal, se deja un peligroso antecedente institucional, dado que el juicio de valor final que se transmite para el futuro es que puede expulsarse a un Senador, sin una prueba formal –con una fotocopia-, sin que pueda defenderse, sin seguir un debido proceso, sin una legalidad, y mediante la obtención de una mayoría falsa que fue viciada la voluntad del voto, permitiendo legalizar un voto obtenido con presiones y chicanas”
Además, el senador argumenta que en aquella sesión hubo una intromisión del Poder Ejecutivo, puesto que fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel cuando ella -afirma Kueider- estaba ocupando la jefatura de Estado dado a que Javier Milei se encontraba fuera del país, rumbo a Italia. Ese traspaso, según Kueider, se da de manera automática.
“Se deja un antecedente válido de intervención del Poder Ejecutivo de la Nación en una de las funciones exclusivas del Poder Legislativo como es la expulsión de un Senador”, insistió el senador, que solicitó que se declare la “nulidad absoluta” de la sesión. El juez Lavie Pico respondió que la sesión no tenía ninguna irregularidad y que acceder a lo solicitado significaría que la Justicia se inmiscuyera en Poder Legislativo.
Pero Kueider insistió ante la Cámara. “El caso posee suma gravedad para la Nación y genera un antecedente peligroso en el funcionamiento de uno de los órganos más importantes del Estado, el Congreso Nacional”, afirmó el abogado del exsenador, Maximiliano Ruiz, en el escrito con el que pidió el tratamiento en feria.
“Tiene gravedad institucional, no sólo porque versa sobre la destitución de un Senador Nacional, privando a un sector de la sociedad de su representación parlamentaria”, sostuvo. “Además, provoca una alteración del equilibrio de las fuerzas política del Poder Legislativo, hecho no querido por el pueblo que con su voto pretendió distribuir las mayorías del Senado de determinada forma y no de otra”, agregó el letrado.
Entre las razones que esgrimió, Kueider incluyó que por la decisión de sus excolegas, 16 personas que trabajaban con él se quedaron sin ingresos. “Los empleados que formaron parte de mi despacho fueron o bien expulsados o bien suspendidos, perdiendo sus ingresos. La consecuencia de mi expulsión ilegítima terminó siendo que 16 personas inocentes perdieran sus ingresos a partir de diciembre de 2024, lo que conforma un perjuicio que no amerita demora por su carácter alimentario”
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