Edgardo Kueider: el candidato del Gobierno para presidir la comisión de inteligencia confirmó que el Poder Ejecutivo considera ampliar la Corte

La figura de Edgardo Kueider (Unidad Federal) cobró relevancia en las últimas semanas. Según confirmó el senador entrerriano, “una persona del Gobierno” le ofreció ser el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un lugar determinante para Javier Milei, que reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) e incrementó sus gastos reservados en $100.000 millones.

Actualmente, Kueider preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Como su autoridad, aseguró a LA NACION que el Poder Ejecutivo prepara una ampliación de los miembros de la Corte Suprema con el fin de destrabar el acuerdo para nombrar allí a Ariel Lijo y Manuel García–Mansilla, y despejar el cuestionamiento del equilibrio de género en el máximo órgano de Justicia.

“No he tomado una decisión”, indicó el senador entrerriano sobre la posibilidad de acompañar las dos nominaciones para integrar la Corte. Sin embargo, habló de un posible acuerdo político entre el Presidente y Cristina Kirchner para ubicar allí al juez federal Lijo. “Eso dicen los pasillos”, deslizó.

Si bien asumió como senador en representación del kirchnerismo, rompió el bloque en 2022. Según precisó, la defensa de los intereses de su provincia lo llevó a tomar esta decisión. Unió fuerzas con el correntino Carlos Mauricio Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo para formar la bancada Unidad Federal. Desde ese momento, y tras la victoria de Milei, su plasticidad se convirtió en un activo en una Cámara alta hiperfragmentada. Es posible que uno de los tres delegados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande –la central hidroeléctrica binacional que funciona en Entre Ríos–sea un hombre de su confianza.

–¿Cómo definiría su vínculo con el gobierno de Javier Milei?

–Oposición. Una que prioriza lo mejor para nuestro país. No estoy de acuerdo con que cuando uno gobierna la oposición consista en sistemáticamente paralizar, boicotear u obstruir totalmente la acción del Gobierno, creo que eso nos lleva siempre a tirar para abajo. Creo que las elecciones hay que ganarlas con propuestas superadoras, mejorar lo que está o corregir lo que está mal y no apostar siempre a que fracase el que gobierna para tener mayores posibilidades electorales. Eso me ha llevado a presentar un proyecto de reforma constitucional para, en primer lugar, eliminar la elección de elecciones intermedias. Y, en segundo lugar, converger en un sistema unicameral con elecciones cada cinco años, con un presidente de la Nación electo por cinco años sin posibilidad de reelección.

–Esta definición de oposición lo diferencia del kirchnerismo.

–Mi bloque y yo somos una oposición bien equilibrada en términos de que cuando hay que rechazar algo, lo rechazamos. De hecho, el DNU 70/2023 lo rechazamos y hasta motorizamos la sesión que terminó con el DNU en el Senado. Consideramos hasta el día de hoy que es inconstitucional. Pero cuando hay que acompañar cosas que creemos que están bien, las hemos acompañado.

–Eso le valió la crítica del kirchnerismo, que incluso lo llamó “traidor”.

–Sí, pero fíjese una cosa, a mí me criticaron por votar la Ley Bases en general, pero voté en contra del RIGI, que fue acompañado por senadores de Unión por la Patria, entonces, ¿quién es el traidor? A veces prima la especulación estrictamente política que tiene que ver con lo que decía al principio. En este caso, en el kirchnerismo primó una actitud obstruccionista mirando la próxima elección.

–En su caso, ¿hubo un acuerdo político con el Gobierno para que usted votara, en general, a favor de la Ley Bases y el paquete fiscal?

–No, ninguno. Jamás hablamos en términos de acuerdo político.

–Pero hubo un diálogo a lo largo de la discusión en el Senado

–Sí, hubo un diálogo porque nosotros impusimos condiciones.

–¿Cuáles?

–Por ejemplo, la no privatización de Aerolíneas Argentinas, la no privatización o eliminación de los medios públicos, la no eliminación de las organizaciones vinculadas a la cultura, entre otras cosas. En esas discusiones sí nos encontramos con el Poder Ejecutivo discutiendo, pero desprovisto de cualquier tipo de especulación política.

–¿Cuáles fueron sus interlocutores con la Casa Rosada en esta negociación?

–Acá vinieron funcionarios del gobierno nacional que estuvieron articulando permanentemente, como José Rolandi [vicejefe de Gabinete], María Ibarzábal Murphy [secretaria de Planeamiento Estratégico] y también Guillermo Francos [jefe de Gabinete].

–Usted ahora es uno de los candidatos para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia. Pero cómo explica que el Gobierno le ceda la presidencia de dos comisiones claves, como esta última y Asuntos Constitucionales, si usted conforma un bloque de solo tres senadores y, en términos de estricta proporcionalidad de los bloques en la Cámara, no le correspondería esta distribución tan generosa de lugares.

–Bueno, primero la Comisión de Asuntos Constitucionales surgió por un acuerdo a principios de año donde se hizo una primera distribución de lugares. Mi lugar en la Comisión Bicameral de Inteligencia, que no sé cómo va a terminar esa historia, yo estimo que tiene mucho que ver con que nosotros hemos demostrado que tenemos una oposición equilibrada.

–¿Habló con Santiago Caputo, el asesor presidencial que controla el organismo de inteligencia a través de Sergio Neiffert?

–No

–¿Pero alguien del Gobierno se lo ofreció?

–Me consultaron si estaba dispuesto a presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia.

–¿Quién?

–Alguien del Gobierno. Hasta ahí llegué.

–Y con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, ¿habló de este tema? Ella estaría impulsando al senador misionero de Pro, Martín Goerling.

–De este tema no hablé, pero tengo buen vínculo.

–Como en cualquier otra comisión, quien resulte presidente tiene que ser votado por la mayoría de los integrantes ¿Tiene los votos?

–No estoy trabajando en juntar votos, no estoy hablando con nadie, eso es un tema que tiene que resolver el Gobierno. No me corresponde a mí salir a trabajar en pos de una nominación a la que yo no me postulé. No estoy operando por el cargo.

–¿Cuál es su posición respecto de la reestructuración de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y del incremento presupuestario de este organismo, que podrá disponer de 100.000 millones de pesos para gastos reservados?

–Mire, si el Gobierno dispone de la reestructuración de un organismo que ha tenido muchas críticas, estimo que es para mejorarlo. Ha incorporado un área de ciberseguridad que antes no estaba y eso me parece relevante. La asignación de recursos también es positiva siempre y cuando se usen bien y para eso está la Comisión Bicameral de Control de Inteligencia. O sea, un organismo tan importante, sin recursos no tiene posibilidad de funcionar bien. Miguel Ángel Toma [exdirector de la SIDE durante la presidencia de Carlos Menem] hacía referencia a que $100.000 millones es absolutamente nada para hacer reformas. Esto no estaría hoy en discusión si no hubiera habido situaciones de espionaje interno usado por la política con fondos y con recursos de los servicios de inteligencia.

–Usted dijo que rechazó el DNU 70/2023 por inconstitucional ¿Tiene la misma consideración de los decretos 614, 615 y 656 de este año, a través de los que se reconfiguró e incrementó el presupuesto de la SIDE?

–Los DNU se han usado de una forma abusiva en el transcurso del tiempo por todos los gobiernos. El Congreso tiene que tener el rol que le corresponde constitucionalmente para este tipo de cosas. Pero no considero que estos DNU sean inconstitucionales.

–¿Por qué?

–El DNU 70/2023 se modificaban estructuralmente muchas cosas y la mayoría no eran necesarias ni urgentes.

–¿Y en estos últimos tres decretos usted no ve una modificación estructural? ¿Considera pertinente la urgencia y necesidad de esta reforma?

–A priori no estaría a favor del rechazo. Su inconstitucionalidad es mucho más discutible que la del DNU 70/2023. Si me preguntás qué prefiero, obviamente te digo que una ley que se discuta en el Congreso de la Nación. Sin embargo, a mí no me corresponde esa evaluación porque no integro la Comisión que revisa los DNU. Lo decidiré cuando la discusión llegue al recinto.

–¿Apoya las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar la Corte Suprema?

–Estoy revisando los cuestionamientos a Lijo. No he tomado una decisión todavía.

Tenemos información de que el Poder Ejecutivo está por mandar un proyecto de ampliación de los miembros de la Corte

–Usted acompañó un proyecto de la senadora Alejandra Vigo (Córdoba), que busca disponer por ley el equilibrio de género en la Corte. Usted preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es el primer giro de ese proyecto, pero todavía no convocó una reunión para discutirlo, ¿por qué?

–Porque tenemos información de que el Poder Ejecutivo está por mandar un proyecto de ampliación de los miembros de la Corte y no queremos sacar un dictamen sabiendo que va a venir otro con el mismo objetivo. Le queremos dar tiempo al Gobierno para ver si eso realmente ocurre.

–¿Y podría acompañar ese proyecto de ampliación de la Corte?

–Sí. No me parece mal que en decisiones tan importantes se amplíe la diversidad de criterios.

–Si esa ampliación se concreta, ¿podría votar a favor de Lijo y García-Mansilla?

–Tendré que ver las impugnaciones. No sé si esas nominaciones responden a algún acuerdo político. Algunos acuerdan y no pasa nada, pero después otros somos los traidores.

–¿Se refiere al kirchnerismo?

–Y si, ¿Lijo de dónde viene?

–¿Está sugiriendo que hay un acuerdo entre Javier Milei y Cristina Kirchner para nominar a Lijo en la Corte?

–Eso dicen los pasillos, los mentideros, no lo digo yo.

–El año que viene a usted se le vence el mandato como senador. ¿Podría competir en las elecciones de medio término?

–Podría, sí, pero tengo muchas reservas con esto de estar permanentemente pensando en las elecciones del año que viene. Creo que eso es lo que nos retrasa y nos lleva a pensar únicamente en términos electorales. Si estuviese pensando todo el tiempo en las elecciones del año que viene no hubiera roto el bloque el año pasado por impulsar una ley de tarifas para bajarle el costo de la electricidad a los argentinos. Hay una discusión federal históricamente pendiente en la República Argentina y la seguimos acentuando. Los gobernadores son cómplices de ceder permanentemente federalismo. En el caso de Entre Ríos, tiene que ver con la pelea por la tarifa eléctrica. Tenemos la generadora de electricidad más barata del país, pero pagamos la energía más cara en todo el territorio.

–¿Cómo es su vínculo con el gobernador Rogelio Frigerio?

–Bueno, tenemos diálogo.

–¿Y con su exsocio político Gustavo Bordet [exgobernador peronista de Entre Ríos]?

–También es bueno. Gustavo ha tomado distancia de algunas decisiones mías, pero tenemos diálogo.

–Después de la aprobación de la Ley Bases, el Presidente le otorgó por decreto el poder a la provincia de Entre Ríos para designar a los tres integrantes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. A instancias suyas, uno de ellos es Juan Carlos Chagas. Usted dice que no hubo un acuerdo político, pero ¿cómo explica esta decisión?

–El tema de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es una lucha histórica de los entrerrianos. Cuando se empezó a construir la represa, en 1978, se inundó una ciudad completa. En su momento, a muchos ciudadanos los convencieron de dejar sus hogares con la promesa de que le iban a dar una casa mejor. También les dijeron que iban a pagar la energía barata. Por supuesto que eso nunca se cumplió. Hasta el día de hoy, Entre Ríos paga una de las electricidades más caras del país. En el sentir de los entrerrianos, y fundamentalmente en quienes habitan en la región de Salto Grande, donde se construyó la represa, sigue vigente esta demanda.

Con el tiempo se logró sancionar una ley de excedentes, para que los excedentes de la represa vuelvan a la región. Al principio tuvo algunos beneficios, hubo recursos para hacer obras y mitigar algunos daños de la erosión de la costa, pero después con el transcurrir del tiempo, siempre la Secretaría de Energía Nacional se la rebuscaba para que los excedentes fueran menos. Nosotros hemos prometido pelear por esto. Cuando llegamos al gobierno provincial costó lograr concesiones porque los intereses nacionales terminaron primando, el centralismo terminó primando. Yo me dispuse no resignar esa pelea y por eso me he peleado con el expresidente Alberto Fernández, por eso armé un bloque aparte, porque presenté la ley de tarifas que tuvo media sanción en el Senado, que busca resolver una demanda histórica para Entre Ríos. Pero además produce una baja de impuestos para todo el país en la tarifa eléctrica y electricidad, y eso motivó mi alejamiento del bloque de Unión por la Patria.

En la Ley Bases nos encontramos con el apartado energético, que habla de una desregulación del sector. Esto significa que las generadoras van a poder venderle directamente a las distribuidoras locales, a los usuarios, en forma directa, sin pasar por la administradora Cammesa. En el caso de las generadoras binacionales, que no están privatizadas, como Salto Grande, esto lo va a administrar la delegación argentina. ¿Dónde está la importancia de esto? Que Salto Grande genera electricidad para abastecer al 4% del país a 5 dólares el megavatio.

–Pero no me está respondiendo la pregunta de si hubo un acuerdo político con el Gobierno para tener injerencia en el nombramiento de los delegados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

–No vayamos a eso, porque eso es lo que ha instalado un sector de la oposición. Si yo le cuento cómo funciona va a ver dónde está la importancia. Salto Grande es una pelea histórica para Entre Ríos. Produce energía a 5 dólares el megavatio y las distribuidoras lo compran a 50 dólares. ¿Por qué pagamos la energía tan cara teniendo una generadora que la produce a 5? Porque hay una legislación, el marco regulatorio energético, dice que todos paguen lo mismo, se les vende a todas al mismo precio. Eso es lo que hace Cammesa, que es la que regula el precio. Al desregularse, lo que propone el gobierno es que directamente Salto Grande le venda a la distribuidora. Si yo logro que Salto Grande le venda directamente a las distribuidoras entrerrianas a 5 dólares, le estoy bajando 10 veces el costo de la energía a todos los entrerrianos.

–¿Y usted cree que puede hacer eso a través de Chagas?

–No. Frigerio me pidió que le nombre a alguien para ese lugar y yo sugerí varias personas. Se quedaron con Chagas. A mi me pidieron la expulsión del Partido Justicialista, Cristina Kirchner me mató, yo no estoy haciendo todo esto para ubicar a alguien ahí. Esto es más importante. Lo que falta es la reglamentación de la Ley Bases. A la Comisión Técnica la va a manejar Frigerio, que puso al presidente de la entidad [Alejandro Daneri] y ya está nombrado. Debido a esta lucha histórica, Entre Ríos siempre peleó para poner los delegados, pero lo terminaba haciendo el presidente de turno. Al modificar el decreto 132/2004 logramos que ya no haya esa discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo sobre a quién nombrar y que lo pueda hacer el gobierno nacional, pero a propuesta de la provincia de Entre Ríos. Solo falta la reglamentación para que la generación de energía de esta represa pueda abastecer a la provincia ¿Qué te permite eso? Desarrollar una política de industrialización, del turismo, de desarrollo agropecuario, entre otras cosas. Entre Ríos va a pagar la electricidad por 10 años a un menor costo de lo que venía pagando ahora, como mínimo.

–¿Se imagina un acuerdo electoral el año que viene con el oficialismo?

–No lo estoy imaginando ni lo estoy pensando. Hoy por hoy creo que hay que dar una discusión de fondo en la política. Si la Ley Bases se caía iba a volver con fuerza un sector de la política que ha causado mucho daño, tanto al peronismo como a la política en sí, que es el kirchnerismo.

–¿Cree que tiene que haber un cambio de liderazgos en el peronismo?

–Sí, claramente. Nombres no veo todavía. Tiene que ser un perfil tal vez más dialoguista. Tiene que haber un cambio de forma y de metodología. Por ejemplo, no asumir el rol de opositor con el objeto único de boicotear al gobierno que está. La sociedad nos ha dado un mensaje clarísimo con la victoria de Milei

–¿Cómo ve hasta ahora la gestión de Javier Milei?

–La veo muy circunscrita a lo económico, estrictamente fría, vinculada a lo económico. Si me pregunta, le falta un contrapeso con respecto al tema social y al impacto de esas medidas en la sociedad. Creo que tiene que haber una contención y no la hay.

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