Ecos de la campaña de los "pañuelos naranjas"
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La campaña que se viralizó en las redes sociales para instalar el debate sobre el sostenimiento del Estado a la Iglesia Católica y cuyo símbolo es un pañuelo naranja ya formó parte de diálogos informales entre el Gobierno y representantes religiosos. Aunque de ambos lados afirman que a la idea -que busca replicar el impacto de los pañuelos verdes en el debate sobre el aborto - todavía le falta madurar, en el Gobierno admiten que el tema "sobrevoló" conversaciones recientes en la Casa Rosada y que la cuestión se abordará "cuando sea el momento".
No es la primera vez que propone repensar el financiamiento al culto católico, dispuesto por la Constitución nacional, pero la creciente conversación en las redes para que se garantice una división total entre el Estado y la Iglesia motivó un "resurgimiento" del debate. De hecho, en la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, en abril, los obispos mencionaron que habían estudiado alternativas al apoyo estatal. El evento se había dado pocas semanas después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, revelara en su informe ante la Cámara de Diputados que el Estado destinaba $130 millones por año a las asignaciones por diócesis, de las cuales se desprende el pago de los haberes de los obispos además de otros gastos entre los que se incluyen los de la Secretaría de Culto de la Nación.
La partida prevista en el presupuesto representa alrededor del 7% de los ingresos anuales de la Iglesia, que además del apoyo directo del Estado tiene subsidios (a las escuelas religiosas, por ejemplo), exenciones impositivas y donaciones de fieles. Por eso, en el Gobierno señalan que la campaña en las redes podrá tener un impacto "simbólico", teniendo en cuenta que ese monto representa apenas el 0,04% de los $300.000 millones que debe ajustar la administración nacional para achicar el déficit fiscal.
"Es un tema que siempre estuvo más o menos presente, pero ahora se generó una reacción. Es un monto casi insignificante para el Gobierno y también para la Iglesia. La idea es abordarlo en algún momento pero no ahora", dijo a LA NACION un funcionario que conoce al detalle los pormenores del vínculo entre el Estado y la Iglesia.
La Conferencia Episcopal, sin embargo, marcó distancia de la nueva discusión y remarcó que sostener los ingresos es importante. "Es un tema que tienen que hablar los obispos, que ahora están abocados a la defensa de la vida", dijo un hombre cercano al titular del Episcopado, monseñor Oscar Ojea. Y agregó: "Las ayudas [del Estado] son a todo el país y algunas van a diócesis ubicadas en lugares de alta vulnerabilidad social".
La mitad del presupuesto estatal está destinado a las asignaciones de obispos titulares, auxiliares y eméritos, mientras que la otra mitad es enviada a los seminaristas y a las llamadas parroquias de frontera, generalmente ubicadas en zonas marginales donde no pueden ser mantenidas por las comunidades locales.
En el Congreso ya hay proyectos que buscan cambiar el financiamiento estatal. Los radicales Carla Carrizo (Evolución) y Alejandro Echegaray (Cambiemos) presentaron este año sus propias iniciativas. La primera plantea la necesidad de que los obispos cobren lo mismo que un docente universitario con dedicación exclusiva, mientras que el segundo propone la derogación de una serie de decretos de la última dictadura que obliga al pago de asignaciones mensuales a funcionarios eclesiásticos. "Hay que poner en discusión estas cuestiones y avanzar a una separación definitiva del Estado y la Iglesia para garantizar el concepto de laicismo", dijo Echegaray. En la misma línea opinó el titular del radicalismo porteño, Guillermo de Maya, quien dijo que la separación "es una de esas razones que no permiten espera". Pese al apoyo del radicalismo a la iniciativa, en el Gobierno aseguran que el proyecto del diputado de Cambiemos "no se conversó" dentro de la alianza y reiteraron que "no figura en los planes del Ejecutivo".
La posibilidad de que la discusión progrese, como ocurrió con el aborto, tiene en alerta a la Iglesia, donde hay cierta preocupación de que avance sobre otros ámbitos como los subsidios educativos. En el Gobierno, sin embargo, descartaron esa hipótesis.
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