Echan a un funcionario por el caso Tecnópolis
Está acusado por supuestas contrataciones ilegales
El ministro de Planificación, Julio De Vido, echó a un funcionario investigado por la Justicia por contrataciones irregulares en Tecnópolis. Se trata de Ariel Santamaría, quien se desempeñaba como asesor del secretario de Obras Públicas José López , y que, como particular, habría recibido fondos públicos por organizar stands en la feria del Gobierno.
Según confirmaron desde el ministerio, López le pidió la renuncia a Santamaría "para deslindar responsabilidades". "Se abrió un sumario interno y no está más en el cargo", afirmaron a este medio.
El desplazamiento ocurre luego de una investigación de LA NACION, que señaló que la mujer de Santamaría, Claudia Risolía, autorizó un presupuesto de $ 13 millones para armar stands en Tecnópolis y que embolsó parte de ese dinero con su empresa de eventos, Multideas SRL.
En paralelo, el juez federal Ariel Lijo investiga a la pareja de ex funcionarios por el delito de "fraude en perjuicio de la administración pública".
Risolía fue directora de ceremonial de la Subsecretaría de Vivienda y gerente de Multideas SRL. En 2011, firmó como representante de Planificación un convenio que permitió la contratación de su propia empresa.
La maniobra incluyó la triangulación mediante un acuerdo con la Universidad de San Martín (Unsam), que actuó como conducto del dinero: la Subsecretaría de Vivienda le otorgó $ 13 millones para que la casa de estudios se encargara de coordinar el stand.
Según el convenio al que accedió LA NACION, se conformó un "comité" integrado por representantes de ambas partes. Por la Unsam, fue designado Carlos Greco, secretario de la universidad; por la Subsecretaría de Vivienda, firmó Risolía.
En 2012, la pareja de funcionarios volvió a adjudicarse el trabajo. "Volvimos a Tecnópolis. Multideas ha encarado distintas actividades. Las más atractivas fueron los shows, ya que se buscaron propuestas para todo tipo de público", describieron en su página web, que fue dada de baja.
En diálogo con este medio, Risolía admitió su doble rol como funcionaria y empresaria, pero negó irregularidades. "No he incurrido en ninguna falta en la firma del convenio con la Unsam, ya que todavía no era dueña de Multideas", señaló.
Según los registros públicos, a trece días de la autorización del presupuesto, la mujer ascendió como gerente de la sociedad.
Santamaría, en su última declaración jurada, declaró a su cónyuge como "asesora" de Multideas desde 2009 y como empleada de Planificación.
El monto que recibió la pareja sigue en las sombras. LA NACION se comunicó con la firma y con la universidad, pero se negaron a brindar la información.
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