Duras reacciones oficiales por el conflicto en la imprenta Donnelley

LA PLATA.- El conflicto suscitado por el cierre de la filial argentina de la imprenta Donnelley, que anteayer pidió la quiebra, escaló ayer hasta niveles impensados cuando el gobierno nacional acusó a la imprenta de haber adoptado una decisión "política", el gobernador bonaerense culpó a los gremios "más radicalizados" de agravar la situación en las disputas gremiales y la cámara que agrupa a las industrias gráficas debió ratificar que el sector no está en crisis.

Ayer, la empresa entró en quiebra e incumplió con la conciliación obligatoria, y los trabajadores tomaron la planta y se hicieron cargo de la producción, mientras mantenían el corte en la colectora de la autopista Panamericana a la altura del kilómetro 36, en Garín, donde está ubicada la imprenta. Las autoridades de la empresa y los trabajadores fueron citados para esta tarde a una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Oscar Cuartango.

El curso acelerado de los acontecimientos derivó en repercusiones políticas, ya que ayer el jefe del gabinete nacional, Jorge Capitanich, dijo que la compañía multinacional tomó "una decisión de carácter político, no una decisión de carácter empresarial", al resolver el cierre de su filial argentina, y que esa actitud le resultó "por lo menos rara".

Ya antes que Capitanich, el diputado provincial kirchnerista Miguel Funes había considerado que los directivos de la imprenta intentaban "condicionar al gobierno nacional" al dar la impresión de que existía "un problema económico".

En tanto, Daniel Scioli cuestionó la actitud de los "gremios radicalizados que usan métodos violentos" porque, dijo, "terminan generando un perjuicio aun mayor". Para el gobernador, algunos sindicatos, "en nombre del reclamo del trabajo, terminan yendo en detrimento de los propios trabajadores". El mandatario se opuso explícitamente a un verso de la marcha peronista: "Esto es seduciendo al capital, no combatiendo al capital", remató.

La situación en Donnelley se suma al conflicto aún en curso en la autopartista Lear, donde, según consideró Cuartango en diálogo con LA NACION, hay "sectores de izquierda que quieren llevar el conflicto a un estado crítico".

A todo esto, el presidente de la Federación de la Industria Gráfica y Afines (Faiga), Juan Carlos Sacco, dijo a través de un comunicado que el sector "no está en crisis". En diálogo con LA NACION, Sacco, que es también vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, añadió que el caso de Donnelly es "particular" y que "no mueve el amperímetro" en la industria gráfica. En su planta argentina trabajaban algo más de 400 empleados, mientras que en toda la industria hay unos 70.000, explicó.

"Esto es una decisión política que la compañía tomó a nivel mundial, de cerrar su operación en la Argentina. Hizo una previsión para pagar todas sus deudas, incluidos más de 8 millones de dólares en indemnizaciones al personal", detalló Sacco.

La tensión dentro de Donnelley ya venía en aumento desde la semana pasada, cuando la compañía presentó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación un pedido para implementar un plan de crisis, que fue rechazado. Los acontecimientos se precipitaron el lunes, cuando los operarios que llegaron a trabajar a las seis de la mañana a la planta de Garín se encontraron con un cartel que anunciaba la quiebra de la empresa.

Sin perder un minuto, Cuartango citó a una reunión a las partes en la sede de la cartera laboral para ese mismo día. Como no hubo acuerdo, dictó la conciliación obligatoria, conminando a la imprenta a que reabriera sus puertas. Pero eso no ocurrió. Los empleados decidieron entonces hacerse cargo de la producción: ingresaron y pusieron en marcha las máquinas. Anoche seguían allí, cumpliendo sus turnos habituales.

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