Duras críticas de un fiscal de Tucumán al juez propuesto para la Cámara Electoral

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- El fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, salió al cruce del juez Daniel Bejas, quien lo había criticado al explicar ante una comisión del Senado las razones por las cuáles se negó a indagar al exjefe del Ejército del kirchnerismo César Milani, en una causa por delitos de lesa humanidad tramitada en esta provincia.

Durante una entrevista virtual con los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, Bejas, quien fue propuesto por el presidente Alberto Fernández para integrar la estratégica Cámara Nacional Electoral, dijo que no citó como imputado a Milani en el caso Ledo debido a que Brito, como investigador de la causa, no le brindó los elementos necesarios.

Aseguró que el fiscal se concentró en 27 fojas de la causa por la desaparición y asesinato del soldado Alberto Ledo, ocurrido en 1976 en Tucumán, cuando el expediente tenía 15 cuerpos y más de 4000 fojas. "Entendí que no me daba elementos, que era una cuestión pequeña la que trataba cuando se nos había pedido que siguiéramos cuatro líneas de investigación", explicó el magistrado, cuestionado por la oposición debido a sus fuertes vínculos con el peronismo tucumano.

Bejas aseguró que había encontrado "entre 14 y 16 discordancias" en el pedido de imputación a Milani que le había elevado Brito en 2014, por el delito de encubrimiento agravado en la causa que investigó la desaparición y asesinato del soldado riojano Alberto Ledo, ocurrido en 1976 en esta provincia.

En una nota que envió a LA NACION, el fiscal Brito rechazó las críticas, a las que calificó de "parciales", y recordó que con los mismos elementos de prueba que Bejas consideró insuficientes, el otro juez federal de Tucumán, Fernando Poviña, envió a juicio oral a Milani, quien finalmente fue absuelto en 2019.

El fiscal recordó que Bejas tuvo "una actitud reticente" de citar a indagatoria a Milani, frente a lo cual la Fiscalía apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones, que le ordenó al magistrado que revise su dictamen.

"Al tener nuevamente la causa en su despacho, el juez Bejas se excusó de seguir interviniendo alegando violencia moral, remitiéndole las actuaciones al juez Fernando Poviña, quien examinando el legajo y con los mismos elementos probatorios adunados por la Fiscalía, cita a prestar declaración indagatoria a César Milani, lo procesa y posteriormente eleva a juicio la causa", recordó Brito.

Como informó LA NACION, Bejas cuenta con el aval del Frente de Todos para desembarcar en la Cámara Nacional Electoral, a pesar de las críticas de la oposición por la fuerte vinculación del magistrado con el peronismo tucumano y el hecho de que el Presidente lo hubiera postulado en detrimento de una mujer-Alejandra Lázzaro, que había obtenido el mejor puntaje en el concurso-.

Los vínculos de Bejas con el PJ

Antes de ser nombrado juez federal por la expresidenta Cristina Kirchner, en 2010, Bejas fue apoderado del Partido Justicialista de Tucumán, entre 1984 y 1996. Además, cuando ejercía la profesión, entre 2003 y 2005, Bejas se desempeñó como abogado del conglomerado de empresas del exgobernador José Alperovich y su esposa, la exsenadora Beatriz Rojkés.

Durante la entrevista virtual con la comisión de Acuerdos del Senado, Bejas defendió sus vínculos políticos. "Los abogados venimos de la sociedad, no tenemos absoluta neutralidad. Todos tenemos ideología, no existe un ser sin ideología", se defendió Bejas, quien se preocupó por destacar que la única prohibición para acceder a la Cámara Nacional Electoral es haber ejercido cargos como autoridad partidaria.

También defendió su paso como empleado de las empresas del exgobernador Alperovich. "Sí, he sido apoderado, como he sido apoderado de cientos de empresas y sindicatos", dijo. "Los tratados dicen que el abogado no puede ser asimilado a su cliente, no puede pensar como su cliente", añadió.

Lo que ningún senador le preguntó ayer a Bejas durante la entrevista fue por qué en 2014 sobreseyó al entonces ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, sin siquiera solicitarle que presente documentación que justifique su fuerte crecimiento patrimonial (era uno de los funcionarios más ricos del gabinete de Cristina Kirchner).

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