Duras críticas de mujeres juezas a los candidatos de Javier Milei para la Corte: “No es techo de cristal: es de cemento y con escaleras rotas”

Representantes de organizaciones judiciales que bregan por un mayor equilibrio de género en la composición de la Justicia criticaron con dureza las nominaciones para ocupar dos lugares en la Corte Suprema lanzadas por el gobierno de Javier Milei. Consideran que las candidaturas del juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla no sólo acentúan una tendencia muy consolidada en la historia del máximo tribunal –solo tres miembros fueron mujeres– sino que también van a contramano de normativas, algunas de ellas con jerarquía constitucional.

“Ya no tenemos solo un techo de cristal para romper –que parece haberse transformado en un techo de cemento–, sino pisos resbalosos y escaleras rotas”, grafica Susana Medina, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), un organismo integrado por magistradas y funcionarias judiciales de todo el país. Medina integra el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos y presidió la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés).

María Eugenia Chapero, al frente de la Red de Mujeres para la Justicia, otra organización que nuclea a más de 400 juezas y funcionarias de la justicia federal y provincial, se manifiesta en el mismo sentido. “Por supuesto que ha sido recibido de muy mala manera. Uno de los objetivos nuestro trabajo es perforar el techo de cristal, que es este fenómeno que se produce que a medida que vamos ascendiendo funcionalmente hay menos mujeres. Y esto viene a hacer palmaria la existencia exacerbada de estas dificultades de facto, de hecho, de las mujeres para ser elegidas para esos lugares más alto”, describe.

Es que las críticas, plasmadas en sendos comunicados de las organizaciones que presiden, tienen más de un anclaje jurídico. El decreto 222, dictado en 2003 por Néstor Kirchner, prevé que “al momento de la consideración de cada propuesta se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional”. “Incumple con todo”, remarca Chapero.

A ese decreto se suma la ley 23.179 que en el año 1985 ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), incorporada en la Constitución Nacional en inciso 22 del artículo 75.

“En el artículo 11 [de la Cedaw] se exige que los Estados Partes adopten todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar”, subraya Medina. “El Estado se ha obligado a través del Cedaw a tomar las medidas apropiadas para lograr una equidad e igualdad de género en los cargos de decisión”, insiste.

“Queremos una mujer en la Corte”, reclama Chapero. “De hecho, nos sorprendió también que eran dos cargos los que estaban ahora concursando, y creemos que lo que corresponde son dos mujeres”, remarca.

Para cubrir la vacante que dejó la exmagistrada Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021, el Poder Ejecutivo postuló al juez federal Ariel Lijo, cuya nominación se vio rodeada de cuestionamientos por las denuncias que arrastró a lo largo de los últimos años; y para cubrir la vacante que dejaría en diciembre Juan Carlos Maqueda –cumplirá 75 años– a Manuel García-Mansilla.

“Diría que opera un orden lógico patriarcal que subyace”, agrega. “La pregunta es: ¿cómo hacemos que las leyes que están vigentes se efectivicen, es decir, que los derechos se hagan efectivos en la realidad?”, se pregunta Chapero.

Las letradas evitan caer en polémicas y esquivan los juicios sobre la “idoneidad” de los nombres elegidos por el Presidente, para poner el foco en la ausente paridad de género que acarrean las designaciones.

“El hecho de que sean dos hombres en lugar de dos mujeres, como hubo en su momento, no responde a los compromisos asumidos por la República Argentina de avanzar para lograr la paridad de género en todos los ámbitos”, resalta Medina, quien, además, integra el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos.

“Estamos analizando qué estrategias [implementar], pero nosotros no perdemos de vista que somos judiciales y pertenecemos a un poder del Estado”, remarca Chapero. “Esta postura pública ya significa bastante en cómo nos manejamos. Creemos que luego van a ser las legisladoras, los legisladores quienes van a tener la voz”, advierte.

Senado

Es que tras las designaciones, los reflectores apuntan a la Cámara alta, compuesta casi en un 46% de mujeres que, sobre una mayoría agravada, deberá darle luz verde a los nombramientos; o rechazarlos.

“Es una mayoría robustecida poder contar con los dos tercios. Entonces ahí creo que es la labor de todas las organizaciones que estas designaciones de varones no pasen. Nosotros no ponemos en tela de juicio, ni nos vamos a meter en ninguna cuestión sobre la idoneidad de las personas que son elegidas. Nosotros lo que decimos es que tienen que ser candidatas mujeres”, enfatiza Chapero.

“Sin lugar a dudas el Senado tendrá que evaluar el tema de la equidad de género a la luz de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina y muchos otros que hacen a la función judicial”, presiona Medina. “Quienes ejercemos el poder, o al menos una cuota importante del mismo, como somos los jueces y legisladores, somos doblemente responsables, por nosotros mismos y por los demás. Es una oportunidad histórica para avanzar en el camino hacia la igualdad”, completa.

En la misma línea, y sin cuestionar a los nombres de los elegidos, los Fiscales Federales de la Asociación de Fiscales (Affun) emitieron un comunicado con el que cuestionaron la falta de una jueza en los nombramientos. “Dicha circunstancia podría afectar las obligaciones que la República Argentina ha asumido internacionalmente en materia de equidad de género”, señalaron.

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