Dura crítica de los juristas a la reforma del Código Procesal

Con fuertes críticas al poder que la nueva reforma judicial le otorgará a la procuradora Alejandra Gils Carbó y con fuertes suspicacias sobre el apuro del Poder Ejecutivo por avanzar con su aplicación, representantes de los diferentes estamentos y organizaciones de la magistratura expusieron ayer ante la comisión bicameral sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP).

En una audiencia de más de 10 horas, apenas si se escuchó la voz del penalista Alberto Binder, jurista de cabecera del peronismo y hombre de consulta de las administraciones kirchneristas en materia penal.

Entre las voces críticas se destacó la del secretario general del gremio de los judiciales, Julio Piumato, quien advirtió sobre "la gran concentración de poder" que la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal le otorga a Gils Carbó. "Un Estado serio requiere parámetros de confianza en las instituciones y no en las personas", afirmó.

El sindicalista también alertó sobre las dudas que generan en el personal del Poder Judicial los cambios que introduce la reforma impulsada por la Casa Rosada. En ese sentido, pidió "no permitir el desembarco de paracaidistas" en la carrera judicial y dijo que "preocupa la situación de los secretarios" de los juzgados, ya que "se vulneran derechos fundamentales si se los cambia de lugar de trabajo", remarcó Piumato.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña, Rodolfo Pociello Argerich, denunció que la comisión especial que crea el proyecto de ley de implementación, cuya función es controlar el proceso, "asumirá funciones que son propias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura", al tiempo que cuestionó el plazo de cinco años que durarán los integrantes de ese organismo.

En esa línea, el camarista también criticó la creación de las oficinas judiciales y las amplias facultades que se le otorgan en el paquete legislativo para disponer de la distribución de causas y la realización de medidas procesales, entre otras. "En la Capital Federal, cuatro personas van a manejar la suerte y las agendas de toda la justicia nacional", afirmó.

Por la Asociación de Magistrados expusieron cinco representantes, todos en tono crítico de la forma en que el Poder Ejecutivo pretende implementar en el nuevo código de rito penal. "Otros códigos fueron implementados de manera gradual en un plazo de dos años, lo que no advertimos en este código, que implica un cambio copernicano de un sistema que rigió por 100 años en el país", destacó el juez Miguel Ángel Caminos. "Nos llama la atención la premura con la que se lo está implementando", agregó.

Por último, el fiscal general de la Capital, Martín Ocampo, dijo que el nuevo CPP genera "una grave situación de discriminación e improvisación" porque no reconoce la autonomía porteña, y advirtió que "de ser necesario" impugnará el Código en la Justicia.

Se define el caso para Boudou

La Cámara de Casación Penal convocó a una audiencia el 28 de mayo para escuchar los argumentos contra el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani decidirán en junio si lo dejan al borde del juicio oral y público.

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