Duelo de gigantes: Petrobras demanda a Techint en Brasil
LA NACIONHugo Alconada Mon
El tribunal federal de apelaciones de Brasil a cargo de evaluar todas las decisiones del caso "Lava Jato" dictaminó que la multinacional Techint deberá afrontar un juicio junto a otras 12 empresas por "daños morales colectivos". ¿Origen del reclamo? La petrolera estatal brasileña, Petrobras.
El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región admitió así el planteo de Petrobras, que solicitó que se evalúe en Curitiba si le corresponde cobrar una indemnización por el supuesto daño causado a su imagen por un "cartel" de empresas brasileñas y extranjeras.
El reclamo de Petrobras se evaluará ahora en los tribunales junto a la acción civil por resarcimiento derivada de la sanción administrativa de "inidoneidad" que recibieron el holding argentino y las demás compañías. Esa sanción estableció que no podrán competir en ninguna licitación de la órbita federal brasileña por cinco años, aunque se encuentra en suspenso tras una presentación judicial de las empresas.
Petrobras apuntó contra Techint Engenharia e Construções, Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, UTC y otras siete empresas, como así también contra Marcelo Odebrecht, su colaborador Márcio Faria, y otros cinco acusados, como Paulo Costa, Pedro Barusco Filho y Renato de Souza Duque.
Según argumentó Petrobras en su reclamo judicial, Techint y las restantes empresas y ejecutivos actuaron de manera coordinada para perjudicarla, de modo tal que terminó severamente comprometida en su capacidad de inversión, su credibilidad y su valor de mercado.
Consultados por LA NACION, desde Techint rechazaron el reclamo de Petrobras. Indicaron que "esta acción civil de resarcimiento por daños se encuentra actualmente en suspenso. Techint Engenharia e Construção ya había rechazado y recurrido la acción [de inidoneidad administrativa] dado que pretende penalizar actos ilícitos de manera colectiva, sin probar daño contrato por contrato".
Techint recordó que el contrapunto judicial comenzó con una acción de la Advocacía Geral de Uniao (AGU, equivalente a la Procuración del Tesoro local) que reclamó resarcir a las arcas públicas a través de una multa por el supuesto fraude y perjuicio material causado a Petrobras. "La AGU fundamentó su legitimidad argumentando que es su deber velar por el patrimonio público y porque es la principal accionista y controladora de Petrobras. Sin embargo, hubo decisiones de la misma Justicia Federal que ya negaron esta legitimidad", recordaron desde el holding.
Problemas en Brasil; alivio local
La decisión del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región implica otro traspié para Techint en Brasil, donde el Conselho Administrativo de Defesa Económica (Cade) investiga su presunta participación en un cartel de empresas en el que OAS, Carioca Engenharia y Odeberecht admitieron su responsabilidad.
En marzo de este año, además, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) brasileño ratificó la pertinencia de la sanción de "inidoneidad administrativa" dispuesta contra el holding y otras tres empresas acusadas de cartelizarse en perjuicio del Estado brasileño.
La decisión del plenario del TCU -similar en sus funciones a la Sindicatura General (Sigen)- llegó después de que los abogados de Techint y de Queiroz Galvo reclamaran que la prohibición de competir por nuevos contratos federales durante cinco años podría resultar letal para la supervivencia de las empresas.
"La inidoneidad es la pena de muerte y pido que siempre permanezca la presunción de la inocencia", reclamó el letrado de Techint, Rui Camilo, quien pidió la "apertura de un diálogo" al tribunal. "No estamos hablando de 'leniencia', estamos hablando de consensualidad. Exigimos un diálogo", reclamó. Pero el TCU confirmó la sanción por unanimidad.
Mientras eso ocurre en Brasil, el Poder Judicial argentino le prodigó dos buenas noticias a Techint durante los últimos meses. En abril, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Paolo Rocca en la causa conocida como "cuadernos de las coimas", en tanto que, dos meses después, el fiscal Carlos Stornelli excluyó a su director corporativo institucional, Luis Betnaza, y a su exgerente Héctor Zabaleta, de su pedido de elevación a juicio oral, a diferencia de lo que hizo con otros más de 40 procesados en el expediente.
En línea con lo ordenado por la Cámara Federal, Stornelli estimó que debía profundizar su investigación sobre los posibles delitos por los que Betnaza y Zabaleta están involucrados en la causa, vinculados con los pagos a funcionarios kirchneristas para destrabar la salida de Venezuela de unos 200 empleados argentinos tras la nacionalización de Sidor decretada por el chavismo, en 2008.
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