Dudas y controversia sobre los alcances de la medida cautelar que suspende la reforma laboral de Milei

Los alcances de la medida cautelar que suspendió el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia del Gobierno ya generan controversia entre los abogados, ya que algunos sostienen que la decisión judicial basta para que todos los representados por la CGT y la CTA queden amparados y otros señalan que no se suspende la vigencia del DNU para todos trabajadores, sino que deja de ser válida para ese caso concreto: es decir, que cada trabajador que pretenda que no lo alcance el decreto debería plantear su propio reclamo de inconstitucionalidad.

Puede ser un asunto de debate jurídico académico o un cruce de chicanas políticas, según de qué lado está cada letrado en este conflicto, pero no deja de ser una discusión que preocupa al mundo sindical, ya que están en juego los alcances de la medida cautelar dictada por la justicia del trabajo.

Fueron la GCT y la CTA las que recurrieron a los tribunales para señalar que debe suspenderse la vigencia del capítulo 4 del DNU 70, que se refiere a la reforma laboral. Y la Cámara del Trabajo les dio la razón al hacer lugar a una medida cautelar. Es decir, suspendió por ahora la vigencia del DNU, solo en lo laboral, hasta que decida si la norma es constitucional o no.

Con la norma suspendida no se aplicarían, por ejemplo, la ampliación del período de prueba de tres a ocho meses, los cambios en el cálculo indemnizatorio o las modificaciones en cuanto al financiamiento de los sindicatos, que reciben dinero de los trabajadores, por un aporte solidario o por la cuota sindical, donde las empresas son agentes de retención.

Como señaló la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas, Cynthia Benzión, el DNU tuvo poco tiempo de vigencia en lo laboral, pues a lo sumo rigió desde el sábado 30 de diciembre hasta que la Cámara del Trabajo suspendió sus efectos, el 3 de enero. Y las consideraciones del decreto se aplican para los nuevos trabajadores, no para aquellos que ya están protegidos por las leyes laborales como las conocíamos antes del DNU, por lo que no hay ningún caso concreto afectado.

Pero sí puede haberlo a futuro en caso de que se revoque la medida cautelar o que el DNU sea aprobado junto a la “ley ómnibus” que se apresta a tratar el Congreso.

A pesar de estas salvedades, la controversia se da acerca del alcance de la cautelar. El abogado de la CGT Pablo Topet señaló que “la sentencia tiene alcance general y no es necesario que se plantee en cada caso individual” y aseguró que el fallo de la Cámara Laboral “es ajustado a derecho porque la inhibitoria que le había planteado el fuero contencioso administrativo está apelada y no es una decisión firme”.

La misma posición sostiene el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, otro de los amparistas que planteó su demanda para suspender el DNU. Ya son 42 las presentaciones que tramitan en el fuero contencioso administrativo federal, sin contar las dos iniciadas ante la justicia del trabajo y un manojo de casos repartidos en tribunales federales de diversas provincias.

Gil Domínguez explicó a LA NACION que el fallo ampara a todos los trabajadores del colectivo CGT y CTA. “No tienen que plantear ellos su propio pedido de inconstitucionalidad. Están protegidos, de lo contrario no tendrían sentido las cautelares. Es para todos los trabajadores que la CGT y la CTA representan. El DNU en materia laboral está suspendido”, aseveró.

Sin embargo, el abogado Francisco Oneto, que fue candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza y además es abogado personal del presidente Javier Milei, le dijo a LA NACION: “El decreto no se encuentra suspendido porque la sentencia de ningún juez suspende una norma en general sino que la torna inaplicable entre las partes en litigio. La sentencia simplemente declara que esa norma resulta inaplicable en el caso concreto y entre las partes en litigio. Esa circunstancia no varía aún en los casos de procesos colectivos, en los cuales simplemente se amplía el concepto de ‘parte’”.

A través de un hilo en la red social X, Oneto agregó: “Si Juan demanda a Pedro y a la vez, peticiona la inconstitucionalidad de una norma, en caso que la justicia haga lugar a su pedido de inconstitucionalidad, ello no implica que la norma cuya inconstitucionalidad decretó el Poder Judicial deje de estar vigente”.

“Solamente implica que esa norma no se aplica para resolver la discusión que tienen Juan y Pedro”, continuó Oneto, y citó un fallo de la Corte y un dictamen de la Procuración que menciona que “el sistema de control de constitucionalidad vigente en el orden nacional impide que se dicten sentencias que priven de valor ‘erga omnes’ (para todos) a las normas impugnadas, como asimismo obsta a la emisión de pronunciamientos sobre agravios meramente conjeturables e hipotéticos”.

“Cuando el acto cuestionado sea reputado manifiestamente ilegal o arbitrario, los efectos del amparo se restringen a las partes del pleito”, añadió Oneto, citando al constitucionalista Néstor Sagüés.

Ambas partes parecerían hablar de lo mismo si se considerara que el amparo concedido colectivamente en favor de las centrales sindicales protege como un gran paraguas a todos los trabajadores de los gremios afiliados a ellas.

La abogada Benzión indicó que si a algún trabajador le aplicaron el DNU, y tuvo consecuencias directas, debe accionar individualmente. Aclaró que no es que debe iniciar cada uno un amparo o pedir una cautelar, sino iniciar un reclamo porque se violaron sus derechos vigentes.

Por ejemplo, explicó la abogada, las empresas deberían tomar nota y seguir efectuando la retención de aportes sindicales. Y si alguna empresa no lo hace, el gremio afectado debería reclamar.

Ahora, si la empresa tomó alguna medida al amparo del DNU, entre el 30 de diciembre y el 3 de enero, esa medida sería válida, a menos que el trabajador la cuestione. De todos modos, explicó la abogada, el DNU se aplica hacia adelante y no hacia atrás y solo es válido para las nuevas contrataciones que se hicieron en ese breve lapso en el rigió en materia laboral.

De este modo, según la abogada, se estaría frente a dos grupos de trabajadores que serían tratados con un doble estándar: unos con más derechos laborales, los anteriores al DNU, y otros con menos derechos laborales, que son los posteriores al DNU, en la hipótesis de que vuelva a estar vigente.

“Unos tendrían derecho a determinado tipo de indemnización o régimen de registración y otros tendrían menos beneficios. Pero afortunadamente ese conflicto no lo tenemos, porque el DNU está suspendido”, dijo la letrada.

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