Dos ONG pidieron reabrir la investigación contra directivos de Techint por el caso de los cuadernos
El penalista Alberto Binder, en representación de dos asociaciones, cuestionó al fiscal Stornelli, que no apeló el fallo que sobreseyó a Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, y a la UIF, que lo recurrió fuera de término
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El abogado penalista Alberto Binder, como presidente de dos ONG especializadas en temas judiciales, presentó un planteo contra el cierre de la investigación sobre Paolo Rocca, CEO de Techint, y otros directivos de la compañía en la causa de los cuadernos de las coimas y cuestionó que ni el fiscal Carlos Stornelli ni la Unidad de Información Financiera (UIF) hubieran apelado a tiempo esos sobreseimientos, que quedaron firmes.
Según Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), el cierre de la investigación fue “fraudulento” y debe anularse porque es un “caso de cosa juzgada írrita”.
El mes pasado, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó a Rocca, CEO de Techint, y a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, ejecutivos de la empresa, por considerar que los pagos que habían realizado durante el año 2008 a exfuncionarios del Ministerio de Planificación fueron en un estado de necesidad, para proteger la integridad física y materializar la salida del país de los dependientes del Grupo Techint que cumplían funciones en la planta de Sidor que estaba en Venezuela en tiempos de gobierno de Hugo Chávez. Techint siempre sostuvo que actuó bajo presión y que el hecho bajo investigación no significó beneficio económico alguno para la empresa ni para los involucrados.
En el mismo fallo, Ercolini procesó a Roberto Baratta, el exsecretario de Coordinación y Control de la cartera que conducía Julio De Vido, acusado de haber recibido un poco menos de un millón de dólares en dádivas pagadas para favorecer la evacuación del personal de la planta Sidor, de la firma Techint, de Venezuela.
La decisión de Ercolini no fue apelada por el fiscal del caso, Stornelli, y la Unidad de Información Financiera (UIF) apeló una vez que ya habían vencido los plazos para hacerlo. Esta dilación en los tiempos de apelación motivó que los abogados querellantes de la UIF fueran despedidos del organismo que preside Carlos Cruz. Baratta apeló su procesamiento, pero los sobreseimientos de Rocca, Zabaleta y Betnaza quedaron firmes porque no hubo recursos de apelación presentados en tiempo y forma.
Binder planteó que la Cámara puede revocar esos sobreseimientos por “cosa juzgada írrita” y, de ese modo, “subsanar la nulidad de la inactividad acusatoria”. Para Cipce, que participó en otras investigaciones importantes de corrupción -como Siemens, IBM-Banco Nación o Skanska-, lo ocurrido en la causa “Cuadernos” en relación con Techint muestra la influencia que tienen “actores poderosos” sobre el “aparato estatal”.
“La renuncia al deber legal de continuar la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal configura un incumplimiento de sus funciones”, planteó Cipce en su presentación, “y resulta contradictoria con las actuaciones previas de dicho órgano, por medio de la cual se instaba la elevación a juicio”.
Ercolini subroga el juzgado 11, del cual era titular Claudio Bonadio, donde queda en instrucción un tramo de la causa de los cuadernos. Este caso investigó un circuito de recaudación de coimas que funcionó bajo la órbita del Ministerio de Planificación durante los tres gobiernos kirchneristas que se sucedieron entre 2003 y 2015. La mayor parte de la causa fue elevada a juicio oral, pero no se vislumbra que el proceso vaya a comenzar ni en el corto ni en el mediano plazo.
Binder es especialista en derecho procesal penal y fue uno de los juristas que expuso el año pasado ante la Comisión de Justicia del Senado para dar su opinión sobre la reforma en el Ministerio Público Fiscal. En aquel momento su opinión contrarió al Gobierno: consideró que la mayoría de dos tercios para designar al Procurador General de la Nación no debía ser modificada. Meses después, en Diputados, ante otras comisiones, avaló la reforma. También fue uno de los convocados el año pasado, por Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para integrar el Consejo Consultivo que propusiera una reforma a la ley de inteligencia.
Ante la consulta de LA NACION, ni Stornelli ni Carlos Cruz, presidente de la UIF, hicieron comentarios sobre esta presentación. Tampoco las autoridades de Techint se refirieron al tema.
Binder planteó en su escrito que “la adquisición de firmeza procesal de aquella resolución [que dispuso los sobreseimientos] por su gravedad institucional debe reputarse como meramente aparente y por tanto, huérfana de toda validez susceptible de dotarla de fuerza jurisdiccional” y que “se trata de un evidente caso de cosa juzgada írrita por efecto del carácter fraudulento que la misma ha adquirido luego de la llamativa y coincidente renuncia al deber legal de apelar los actos favorables a liberación de una persona imputada en casos de corrupción”.
Para Binder, la actuación del fiscal Stornelli y de la UIF, que condujeron a que quedara firme el fallo de Ercolini, configuran un caso de cosa juzgada irrita, doctrina que permite reabrir causas penales cuando su cierre fue producto de maniobras fraudulentas. “La petición solicitada se circunscribe al restablecimiento de plazos procesales, es decir que busca reenviar el resolutorio mencionado a su estado inmediato anterior al que posee actualmente como consecuencia del abandono del fiscal en su rol acusatorio”, explicó en su planteo ante la Cámara Federal.
La sala que intervino en el caso de los cuadernos es la Sala I, integrada en este caso por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Irurzun, quienes confirmaron la mayoría de las decisiones adoptadas por Bonadio en esta causa.
Una argumentación “muy extraña”
La posición de Binder en esta causa fue cuestionada por Máximo Fonrouge, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. “Parece muy extraño que una asociación privada que no tiene ninguna legitimación para intervenir en un expediente y donde actuó un fiscal que decidió que no había delito sea quien pida esto. El fiscal tiene que apelar cuando entiende que hay una investigación que debe continuar, pero no cuando concluye que no había delito para investigar. Por otra parte, este caso puntual había sido separado de la causa de los cuadernos y no se había requerido la elevación a juicio. En todo caso deberían preguntarle por qué no apeló a la UIF o a la OA que desistió de ser querellante en todos los demás procesos. Además, para invocar la cosa juzgada írrita tuvo que haber un hecho que esto indique y eso no se trata de no a haber apelado. Ese solo elemento no constituye un argumento válido”.
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