Dos leyes del oficialismo le permitirían al Gobierno acatar el mandato de la Corte

El argumento del Gobierno y un conjunto de gobernadores, que esgrimen que el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires es de “imposible cumplimiento” por un problema presupuestario encuentra su refutación en dos leyes impulsadas por el oficialismo: la ley de presupuesto 2023 que elaboró el Poder Ejecutivo y que votaron los diputados y senadores del Frente de Todos, y la de “superpoderes”, una norma que data de 2006 que permite a los gobiernos modificar los créditos presupuestarios por decreto sin autorización previa del Congreso.

Expertos en presupuesto público consultados por LA NACION coinciden en que el presidente Alberto Fernández cuenta con las herramientas legales para adecuar el presupuesto del año próximo y cumplir con el mandato del máximo tribunal. Es más: en la ley de presupuesto 2023 hay partidas con destino discrecional de donde eventualmente el Gobierno podría detraer recursos para atender ese gasto, si quisiera. Un ejemplo -no excluyente- es el “Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires”: un fondo con casi $200.000 millones presupuestados para el año próximo que provienen, justamente, del 1,18% de coparticipación que el Gobierno le detrajo a la ciudad de Buenos Aires en 2020.

“Es falso y absurdo el planteo de Alberto Fernández y de los gobernadores peronistas que sostienen que, por un problema presupuestario, no se puede cumplir con el fallo de la Corte Suprema -enfatizó Rafael Flores, economista experto en presupuesto público-. El Poder Ejecutivo cuenta con varios elementos para ordenar la ejecución del gasto. Puede hacerlo reasignando partidas por decreto de necesidad y urgencia (DNU) o decisión administrativa, una práctica que han hecho todos los gobiernos por la ley de superpoderes. También lo puede hacer durante el transcurso del ejercicio restringiendo las cuotas de programación presupuestaria”.

“El Gobierno, si quisiera, podría emitir un decreto de necesidad y urgencia y readecuar el gasto para acatar el fallo de la Corte Suprema. El nuevo ejercicio todavía no empezó. Según calcula el propio Gobierno, son 180.000 millones los fondos adicionales que se le deberían girar al gobierno porteño. Un monto muy pequeño dentro del total del gasto presupuestado para 2023”, agregó Flores.

Modificar partidas presupuestarias ha sido una práctica constante de todos los gobiernos. El de Fernández no fue la excepción, todo lo contrario. A poco de asumir su mandato, el presidente debió ampliar el gasto de manera significativa para atender la emergencia que desató la pandemia. Más cerca en el tiempo, durante 2022 el Poder Ejecutivo amplió el gasto en $7,3 billones por medio de 12 decretos y decisiones administrativas, según detalla la Oficina de Presupuesto del Congreso. El último decreto de necesidad y urgencia lo hizo por $1,5 billón. El Gobierno lo dictó el pasado 13 de diciembre, en pleno Mundial de Fútbol.

Transferencias discrecionales

Ahora bien, el Gobierno podría alegar que el año próximo las metas de reducción del déficit acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son más estrictas y que ampliar el gasto no es una opción.

Sin embargo, hay partidas discrecionales como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o los fondos contenidos en la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro que el Gobierno podría utilizar para cumplir el mandato judicial. Justamente, en esta jurisdicción figura el programa 68, el “Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires” que el año próximo tiene presupuestados casi $200.000 millones.

Este Fondo de Fortalecimiento Fiscal Fue creado por decreto en setiembre de 2020, cuando el presidente Fernández dispuso, de manera unilateral, recortarle 1,18 punto de coparticipación a la Capital y transferir esos recursos a Buenos Aires. Plata fresca para el principal bastión kirchnerista y para el gobernador Axel Kicillof, el delfín de Cristina Kirchner.

Sin embargo, el Gobierno y los mandatarios peronistas no se plantean como opción reducir ese fondo bonaerense ni tocar otros fondos discrecionales. Menos aún si el destino es girarlos a la ciudad de Buenos Aires, un distrito opositor cuyo jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es precandidato presidencial de Juntos por el Cambio.

Además, Kicillof necesita imperiosamente esos recursos para preservar su principal bastión electoral. Tal como publicó LA NACION, los $200.000 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal constituyen la mitad del total de las transferencias discrecionales que la Nación prevé girarle a la provincia durante 2023, un año electoral.

“El problema, entonces, no es presupuestario. Si el Gobierno no quiere acatar el fallo de la Corte es por una cuestión política”, agrega otro conocedor de los manejos presupuestarios.

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