Dos actos golpistas en 24 horas

Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. El célebre párrafo de Dickens podría servir para describir el estado de ánimo de gran parte del gabinete que responde a Alberto Fernández. “Esta es la oportunidad”, repite un ministro albertista. ¿Oportunidad para qué? Para demostrar, en primer lugar, que el cristinismo se convirtió en una secta pequeña, solo preocupada por satisfacer a una tertulia cada vez más insignificante. Y para exponer, también, a un presidente autónomo de los irresponsables desvaríos de la familia Kirchner. Si esa oportunidad existe, sucedió en el peor momento, justo cuando el Gobierno se alejaba del abismo de un default con el Fondo Monetario. Entre las objeciones al propio organismo del influyente diario The Washington Post (que se edita en Washington, donde tiene sus oficinas el FMI) por las facilidades que le dio a la Argentina y las diatribas de los Kirchner por la supuesta dureza de las políticas que le impone al país, es lógico que los funcionarios del Fondo se pregunten dónde se están metiendo. ¿Son blandos o son duros?

Es conveniente hablar de la familia Kirchner y no solo de Máximo Kirchner, aunque haya sido este el que interpretó el golpismo como solista de la orquesta familiar. Nadie cree que madre e hijo hayan disentido, como hicieron trascender y como el hijísimo se lo dijo al propio Presidente. Entre los muchos disparates que dijo o escribió Máximo Kirchner en los últimos días, hay una sola aseveración que es cierta: la jefa del espacio cristinista es Cristina Kirchner. Es la jefa de La Cámpora, de los aliados del camporismo y de los funcionarios públicos que responden a esa corriente. Una corriente que se inspira en un hombre derrotado (el expresidente Héctor J. Cámpora) no puede tener otro destino que la derrota. Sin embargo, es la probabilidad de una derrota la que provocó la huida espantada de la madre y el hijo. Varios funcionarios hasta aseguran que la carta de renuncia de Máximo Kirchner la escribió (o la corrigió, al menos) la mano de su madre. Ella había dejado sus huellas en la escena del crimen. Desde el tuit en el que habló de la “pandemia macrista” por la deuda con el FMI hasta la conferencia en la Universidad de Tegucigalpa, en la que vinculó a las políticas de Fondo con el narcotráfico, todo indica que ella es tan opositora -o más- que su hijo al principio de acuerdo con el organismo multilateral. ¿Leopoldo Moreau, Fernanda Vallejos o Carlos Zannini podrían haber hablado o actuado contra el FMI, como lo hicieron, sin el consentimiento explícito o implícito de la mandamás del kirchnerismo? Imposible. Todos ellos son soldados ciegos y mudos de los designios de Cristina. La vicepresidenta está haciendo un doble juego: deja que su hijo manifieste una oposición frontal contra el acuerdo, mientras se reserva para ella un silencio frío y distante, pero no abiertamente opositor. Los dos están convencidos que el acuerdo con el Fondo los conducirá directamente a la derrota electoral. El Presidente no está seguro de que será así, pero sí está seguro de que una ruptura con el organismo terminará en la peor crisis económica, política y social desde el colapso de 2001. Ningún gobierno gana elecciones en medio de semejantes conflictos. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, no le habló al Presidente del abismo; se lo mostró. En ese instante preciso fue cuando Alberto Fernández tomó la decisión de ponerse al frente de la negociación que terminó con el principio de acuerdo. Cristina y Máximo, madre e hijo, están convencidos de que fue una mala decisión y el lunes descerrajaron la guerra civil. Un ministro cercano a Alberto retrata así la situación: “Creen que lo están matando, pero se están suicidando”. De hecho, el Presidente ratificó ayer su posición de acordar con el Fondo: “Estoy seguro de la decisión que tomé. Creo que el peor escenario era no acordar con el Fondo. Lamento si a algunos no les gusta”, contó un funcionario que lo escuchó al mandatario.

A propósito de Honduras, Cristina descubrió ahí también su soledad internacional. La nueva presidente hondureña, Xiomara Castro, no es la lideresa de una izquierda chavista, como la desfiguró el cristinismo. Los personajes centrales de la ceremonia de asunción de Castro fueron la vicepresidenta norteamericana, Kamala Harris, y el rey de España, Felipe VI. Castro tuvo amables reuniones con cada uno de ellos y luego difundió tuits en los que dio cuenta de que había tenido el “honor” de hablar a solas con esos dignatarios. Todos los demás asistentes fueron actores secundarios, incluida Cristina. Harris escribió su propio tuit en el que hizo un largo listado de los temas que acordó con la presidenta de Honduras. El discurso de asunción de Xiomara Castro no desentonó con un tono moderado y conciliador, incluso para referirse a futuras negociaciones con acreedores de Honduras, ya sean bonistas privados u organismos multilaterales. No usó adjetivos ni calificaciones, tan propios de la expresidenta argentina. También estuvo la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, pero esta se limitó a asistir a los actos en calidad de invitada. Como corresponde. No dijo nada, no insultó a nadie. La única voz disonante entre tanta normalidad fue la de Cristina, que les prendió fuego a las negociaciones con el Fondo desde la Universidad de Tegucigalpa.

Un ministro que frecuenta al Presidente no le dio importancia al grupo de diputados hipercristinistas que podrían seguir los pasos de Máximo Kirchner. Supone que no serán más de 15 o 20 de un bloque de 118 legisladores. ¿Son muchos? Sí, pero la fragilidad era preexistente. El Gobierno tenía que negociar con la oposición para aprobar sus proyectos. Prueba de ello es que, cuando no lo hizo, le fue rechazado nada menos que el presupuesto de este año. También influyó en ese rechazo la actitud pendenciera y agresiva de Máximo Kirchner frente a una oposición a la que necesitaba. Si este es el político pragmático y realista, como se pinta él mismo, estamos ante una memorable corrosión del lenguaje. ¿O, acaso, tampoco estuvo de acuerdo con el presupuesto y provocó, de esa manera, su rechazo? Quién lo sabe. La comprensión del kirchnerismo es privativa de los kirchnerólogos. “Son gente mezquina”, resumió ayer un funcionario cercano a Alberto Fernández.

Fuentes cercanas al Presidente aseguraron que varios gobernadores peronistas llamaron al jefe del Estado para solidarizarse con él y para manifestarle su apoyo al entendimiento con el Fondo, luego del motín de Máximo. También hablaron con varios ministros, aseguraron esas fuentes. Los gobernadores deberían hacer públicas tales posiciones. Si bien casi todos los mandatarios provinciales apoyaron el viernes el principio de acuerdo anunciado por Alberto Fernández, sería oportuno que ratificaran ahora ese apoyo una vez que el cristinismo decidió boicotearlo. Los gobernadores e intendentes peronistas han sobrevivido estos dos años como simples espectadores de un espectáculo ajeno. Ellos, que tiene el contacto más cercano con la gente común, serían las primeras víctimas políticas de una crisis enorme. De paso, esa alianza de los gobernadores peronistas con el Presidente (la famosa “liga de gobernadores” que siempre acompañó a los mandatarios peronistas) hará más fácil el crucial apoyo de Juntos por el Cambio, imprescindible para lograr la aprobación del Congreso del acuerdo definitivo con el Fondo. “La oposición tendrá una actitud siempre responsable, pero no puede cogobernar”, anticipó Ricardo López Murphy. Se entiende: puede acompañar un proyecto razonable del Gobierno, pero la oposición no puede fabricar el acuerdo con el Fondo. “Hay una responsabilidad histórica de la oposición para preservar la tranquilidad de la Nación, que está por encima de las especulaciones electorales”, sentenció a su vez Elisa Carrió en el camino de no romper con el Fondo. En síntesis, el Gobierno debe rodearse de más sectores que los propios para seducir a la oposición y enfrentar el desafío destituyente que planteó la familia Kirchner. La vicepresidenta ha colocado a su espacio en el riesgo cierto de quedar también muy aislado dentro del país. “Mandaré el acuerdo al Congreso. Que cada uno asuma la responsabilidad que le toca”, anticipó Alberto Fernández, según quienes lo escucharon.

El segundo acto golpista en 24 horas lo perpetró ayer el kirchnerismo cuando protagonizó y movilizó una marcha multitudinaria para “echar” a la Corte Suprema. Fue un intento de golpe de Estado en toda la regla. De este zafarrancho no fue ajeno el Presidente, quien justificó el acto como una “manifestación ciudadana”. No lo fue. Fue un acto político, no ciudadano. El acto fue convocado por figuras y organizaciones muy vinculadas a Cristina Kirchner. El Presidente debió tomar distancia de esa marcha o, en todo caso, sancionar a los funcionarios de su gobierno que apoyaron explícitamente la sublevación contra los jueces. Desde su ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, hasta la jefa de los servicios de inteligencia del Estado, Cristina Caamaño, que es además fiscal y fundadora de la agrupación filocristinista Justicia Legítima, convocaron a esa marcha, integrada por muchos procesados. Increíble: los encartados protestan contra los jueces. La propia Cristina Kirchner calentó los motores de la manifestación cuando dijo en Tegucigalpa que los golpes militares fueron reemplazados ahora por golpes de los jueces. Una mentira que no resiste la menor prueba. Nadie como ella ha sido tan beneficiada en los últimos tiempos por decisiones arbitrarias de la Justicia, como la resolución de un tribunal oral que la sobreseyó (en el caso de lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces) antes del juicio oral. ¿Qué otro argentino es o fue sobreseído por la Justicia antes del juicio? Nadie.

La obsesión del cristinismo es tumbar a la Corte Suprema por la sencilla razón de que el máximo tribunal del país no hace lo que ella quiere ni lo hace en los tiempos que ella ordena. Con las resoluciones de esta Corte Suprema se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero nadie puede asegurar que no es independiente. Más bien es el único y último estamento del Poder Judicial que no es sospechado de dependencia del poder político. Es su mérito y su error para los ojos del cristinismo. Un juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, es víctima de una campaña pública de difamación por su condición de miembro del tribunal encargado de escuchar los informes sobre la obra social de los tribunales. En sus casi 50 años de carrera política y judicial, Maqueda nunca fue sospechado de ningún acto deshonesto. Es la primera vez que algún sector político o judicial espolea una campaña pública contra él. ¿Casualidad? No, seguramente. El procurador general de La Plata (jefe de los fiscales bonaerenses), Julio Conte Grand, está siendo perseguido por el kirchnerismo porque quiere disponer de ese cargo. En efecto, no se trata de Conte Grand, sino del cargo que ocupa. Conte Grand es uno de los funcionarios judiciales con mayor prestigio. Tampoco nunca había sido cuestionado. Hasta ahora. ¿Casualidad? No, seguramente. En apenas un día, el cristinismo cavó una fosa, vana por ahora, para desestabilizar al Presidente, y se enardeció en un acto para deponer a los jueces más importantes del país. Si bien se los mira, son también exhibiciones de debilidad política. No pudo hacer nada para frenar la decisión del Presidente de enhebrar un entendimiento con el Fondo Monetario, y no tiene números suficientes en el Congreso como para hacerle un juicio político a la Corte Suprema. Todo se redujo a una amenaza de ruptura de la coalición gobernante, que todavía no logró, y a una manifestación de personajes que no soportan ninguna encuesta de simpatía social. Sea como fuere, el cristinismo se está convirtiendo en un elemento tóxico para el desgarrado país de los argentinos.

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