D´Onofrio y su socia política sumaban una veintena de familiares, amigos y allegados en el Estado bonaerense

El ahora exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio sumó un nuevo capítulo a la lista de escándalos en los que se lo involucran desde hace semanas. Luego de haber renunciado a su cargo acorralado por las denuncias sobre una supuesta estructura de recaudación clandestina en torno a los trámites de las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), se conoció que el saliente funcionario contaba con familiares directos y allegados contratados en el Estado a nivel provincial y municipal, que ya están siendo desplazados por el gobierno de Axel Kicillof.

Consultados por LA NACION, en la administración con cabecera en La Plata informaron que “todos los familiares ya fueron eyectados” y anticiparon que la decisión “será oficializada en las próximas horas”.

El caso más llamativo es el de la “socia política” de D’Onofrio, Claudia Pombo, concejal de Pilar (UP) y recientemente desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante local ante el avance de la causa donde se la investiga como partícipe central del esquema de coimas. En la misma localidad, relacionado a quien era hasta hace días la principal pata del massismo en el gabinete de Kicillof, también se encuentra su hermano Eduardo D´Onofrio en el cargo de secretario de Hábitat.

Los contratos del círculo familiar más próximo de D’onofrio con el Estado se extienden al Ministerio Público Fiscal de San Isidro, del que forman parte su esposa María Adriana Ortiz y una de sus hijas, Agustina D’Onofrio. A su vez, la segunda hija del matrimonio, Delfina D’Onofrio, también es parte de la estructura municipal de Pilar, gobernada por Federico Achával, reelecto el año pasado con el 57 por ciento de los votos y una figura del peronismo que ha sabido oscilar entre las influencias del axeismo, La Cámpora y el Frente Renovador en el esquema de poder del territorio bonaerense.

“Ambas hijas son socias con Jorge de una constructora que se llama Pablo Jorge SRL”, apuntó Matías Yofe, presidente de la Coalición Cívica en Pilar y querellante en la causa a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay por presunto lavado de dinero. La denuncia la radicó Leandro Camani, presidente de Secutrans, la empresa proveedora del sistema de fotomultas, que acusó una sostenida merma en la recaudación de la infracciones, que llegó a ser de un millón de dólares por día en la provincia.

Al respecto, dirigente del partido de Elisa Carrió afirmó que “desde años se viene investigando el proceder de Jorge D´Onofrio y a Claudia Pombo” y, en ese sentido, contó en diálogo con LA NACION que “en el próximos días se aportarán muchísimas pruebas que aún no están adjuntas en la causa” frente al fiscal Álvaro Garganta.

“Denuncias infundadas”

La salida de D’Onofrio se oficializó el 31 de diciembre “por motivos personales”, según indicó el comunicado emitido por la gobernación bonaerense, cuyo desempeño fue destacado por el gobernador Kicillof. En cambio, el renunciante funcionario argumentó “cuestiones estrictamente de salud” y manifestó haber sido “objeto de denuncias infundadas” que afectaron su “vida personal”.

Acusado por llevar adelante un sistema ilegal de baja de infracciones de tránsito a cambio de coimas, que -según trascendió- oscilarían entre el 30% y el 50% del monto original de las infracciones, el designado para reemplazarlo fue Martín Marinucci, ex presidente de Trenes Argentinos y otro dirigente con terminal en el Frente Renovador.

“Junto a Lilita (Carrió) y a Paula Oliveto nos presentamos ante organismos nacionales para aportar todo un trabajo de investigación que nosotros hicimos sobre la posible comisión del delito de lavado”, sostuvo Yofe. En ese sentido, hizo hincapié que “esto no termina con la renuncia de D’Onofrio. Si el gobernador Kicillof, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; o el intendente Achával no son cómplices de todo esto que está ocurriendo, es urgente que se desplace inmediatamente a todos los familiares”.

Los contratos con el Estado se expanden aún más del lado de Claudia Pombo hacia otros municipios y la Legislatura bonaerense, epicentro de escándalos como el caso “Chocolate Rigau”. Según los registros, su madre Elma Basail fue empleada pública en Malvinas Argentinas, al igual que la pareja de esta última, José Melillo, quien -además- trabajó en el Senado de la provincia. En la actualidad, de acuerdo con Yofe, “ambos son jubilados y los únicos trabajos registrados que tuvieron fueron esos”.

En paralelo, Hector Marcelo Basail, medio hermano de Pombo, es miembro de la planta de la Cámara de Diputados de la provincia y tuvo un pasado en el Senado Bonaerense, donde todavía trabaja su esposa Valeria Baro, cuñada de la concejala.

El entramado de familiares de Pombo que anidan en el Estado bonaerense no termina allí. Su otro medio hermano, Matías Basail, tiene contrato en el propio Ministerio de Transporte y, como la mayoría de sus parientes, fue cobijado por la estructura del Senado, como también ocurrió con otra hermana, Florencia Basail, con un paso en la Municipalidad de Pilar. En la Legislatura de la Provincia, todos ingresaron bajo el convenio marco de cooperación técnica y financiera de la Agencia Nacional de Seguridad, cuyos sueldos rondan los 1,8 millones de pesos. Fabio Ferretty, marido de Florencia, trabaja en la cartera de Transporte, con previos pasos por el área de Cultura, la Municipalidad de Pilar y el Senado bonaerense.

Otra pata fuerte del aparente sistema de defraudación de fondos públicos al que apunta la Justicia es Facundo Asensio, yerno de Pombo, director provincial de VTV y sindicado como la mano derecha de D’Onofrio en el esquema paralelo de recaudación de las multas. Según la investigación, entre sus bienes estaba una camioneta Audi Q8 valuada en u$s180 mil. Su currículum vitae incluye Senado y Diputados. La hija de Pombo, Agustina Cuadra, en cambio, manejaba una Toyota SW4, tiene un contrato en la Cámara alta provincial y es dueña de la marca de ropa infantil Papin, investigada por lavado.

Roxana Pombo, otra hermana de Claudia, era concejala de Pilar hasta que la destinaron como directora de Estrategas Portuarias y Aeroportuarias dependiente de la Secretaría de Transporte Aéreo y Fluvial del gobierno de Kicillof. Juan Cruz Costas Bonet, quien era el chófer personal de D’Onofrio, cobraba de las arcas municipales de Achával. Antes trabajó en Diputados y en Senadores, en donde hasta ahora se encuentra registrada como empleada Camila Bellido, hija de Roxana. El chofer de Claudia Pombo se llama Atilio Ormeño, cuyo hijo Matías Ormeño también cobra en la Cámara baja bonaerense.

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