Documentos falsos, obra púbica y evasión: la justicia de Chaco avanza contra Lázaro Báez

Lázaro Báez quedó a un paso de afrontar otro juicio oral. Ahora, por la evasión agravada de decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública a través de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, con la que ganó contratos en Chaco y que ahora podría configurar el “delito precedente” de la condena que ya arrastra por lavado de activos.

El nuevo traspié de Báez ocurrió esta semana, cuando la Cámara Federal de Resistencia rechazó su apelación contra el fallo que confirmó su procesamiento. Ahora, su defensa solo podrá intentar llegar a la Casación, el máximo tribunal penal del país, a través de un recurso de “queja” para impedir que avance el proceso.

Los camaristas María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Juan Manuel Iglesias concluyeron que las apelaciones que presentaron los abogados de Báez y su socio –y exsenador justicialista chaqueño- Fabio Biancalani resultan “inadmisibles” ya que no cumplían con los requisitos procesales previstos por la ley.

Así, Báez quedó muy cerca de volver a sentarse en el banquillo de acusados como presunto coautor de una de evasión agravada por el uso de documentos apócrifos, en concurso real con una evasión agravada por el monto, según confirmó la Cámara.

“Del examen de los fundamentos de los recursos promovidos [por Báez y Biancalani] se pone de manifiesto la pretensión de los recurrentes de generar un nuevo examen crítico de los sucesos que constituyen el objeto del proceso”, concluyó la Cámara, lo que resulta inadmisible ya que de otro modo convertiría a la Casación “en otra instancia ordinaria de apelación”, cuando en realidad tiene un “carácter limitado, extraordinario y excepcional”.

La investigación que afronta Báez en Chaco también incluye a varios de sus más estrechos colaboradores. Entre ellos, al entonces presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y a su contador Claudio Bustos, cuya sombra también se cernió en Bahía Blanca, donde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llegó a cerrar su Regional durante la gestión de Ricardo Echegaray para proteger al empresario, presunto testaferro de los Kirchner.

En la investigación chaqueña, Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani también afrontan embargos por 52 millones de pesos cada uno, monto que debería alcanzar para cubrir la cifra que la AFIP estimó que habrían evadido de Ganancias e IVA a través del uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que otro de los acusados, el abogado Jorge Chueco, deberá sobrellevar un monto menor: 3 millones de pesos.

Para Báez y sus lugartenientes Mendoza y Bustos, la pesquisa en Chaco es uno de los tres vértices judiciales que afrontan por la presunta evasión a escala multimillonaria que desarrollaron durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y que pueden sustentar el “delito precedente” para su condena por lavado.

Evasión y asociación ilícita

En Buenos Aires, el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, ya los procesó a los tres en marzo de 2018 por la presunta evasión a través de Austral Construcciones de al menos 70 millones de pesos, decisión que confirmó la Cámara de Apelaciones apenas tres meses después.

En Bahía Blanca, en tanto, el juez federal Walter López da Silva los procesó como integrantes de una asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado por más de 673 millones de pesos, con embargos por 120 millones de pesos.

A diferencia de lo ocurrido en Buenos Aires y en Chaco, sin embargo, la Cámara Federal de Bahía Blanca no definió aún si confirma o revoca los procesamientos dispuestos en primera instancia en diciembre de 2019.

En Chaco, la investigación judicial comenzó a partir de una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos al revisar los libros contables de la empresa “Sucesores de Adelmo Biancalani”, constructora en la que el exsenador Fabio Biancalani sigue como accionista minoritario.

Ya en sede judicial, en tanto, el juez federal subrogante Enrique Bosch procesó a Báez y los demás acusados en septiembre pasado. Concluyó que existían pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP”.

Fondos de la obra pública

Esas facturaciones, completó el magistrado, “sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”.

Ocho meses después, la Cámara Federal de Resistencia confirmó los procesamientos. “Tenemos por acreditada la autoría de los procesados por prueba indiciaria sumada a los restantes elementos objetivos aunados”, remarcaron Denogens, Alcalá e Iglesias.

Ahora, los camaristas dieron otro paso, al cerrarle la puerta a Báez para que llegue a la Casación Penal, a la que buscará acceder por la vía de un recurso de “hecho” o “queja”, en un intento por revertir los procesamientos.

Los esfuerzos de Báez van más allá de la investigación en sí que tramita en Chaco.

Para el tribunal oral de la Capital Federal que ya lo condenó a 12 años de prisión por lavado junto a Mendoza (6 años) y Bustos (4 años y 6 meses), el origen de esos fondos lavados fue el fraude fiscal de fortunas provenientes de la obra pública. A lo largo de la sentencia, el tribunal aludió repetidas veces a las evidencias que salen a la luz en Bahía Blanca, Chaco y Buenos Aires.

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