Doble golpe al Gobierno: la oposición rechaza el decreto sobre gastos reservados de la SIDE y avanza en la ley que beneficia a los jubilados

En un clima de tirantez y desconfianza con el oficialismo, la oposición en el Congreso unirá filas para imponerle límites con dos acciones de fuerte impacto político. En la Cámara de Diputados rechazará el decreto presidencial por el cual aumentó en $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En paralelo, en el Senado buscará convertir en ley una nueva fórmula de actualización de jubilaciones, la cual es vista por el Gobierno como una seria amenaza al equilibrio fiscal.

En minoría en ambas cámaras, los libertarios solo cuentan (todavía) con sus aliados de Pro y difícilmente logren resistir la embestida de la oposición, decidida a incomodar al Gobierno forzándolo a vetar una ley que busca evitar la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones mientras, en simultáneo, impulsa un aumento sideral de los gastos reservados para inteligencia. Un contraste que se exacerba en un contexto de fuerte ajuste del gasto público, al cual contribuyó en buena parte la licuación de los ingresos jubilatorios.

En la Cámara de Diputados, la ofensiva opositora tiene como telón de fondo, además, el malestar creciente de un amplio sector de la oposición dialoguista con el presidente del cuerpo, Martín Menem. Síntoma de ese malestar fue la sesión fallida del miércoles pasado, luego de que el bloque que comanda Miguel Pichetto no bajara al recinto.

En rigor, Pichetto no quería frustrarla –en su bancada es la voz más dialoguista con el oficialismo–, pero sus compañeros tenían la paciencia al límite: Menem ya los había ninguneado al vetar a Emilio Monzó como miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia y luego cuestionó la designación del radical Mario Negri en la Auditoría General de la Nación. Menem insiste en que esa vacante le corresponde a los libertarios por su condición de oficialismo y segunda minoría en el cuerpo.

“El oficialismo quiere imponer su agenda, no le abre el juego a los proyectos de la oposición –reprochan en las filas de Pichetto–. Tampoco conforma las comisiones bicamerales de control porque las quiere presidir a todas. Actúa como si fuese un mandamás con mayoría en ambas cámaras: no parecen entender que es minoría y que debe sentarse a acordar”.

Los libertarios, comandados por Gabriel Bornoroni, insistirán el miércoles próximo con una nueva sesión especial con un temario similar a la que se frustró, aunque con un agregado: el proyecto que declara a la educación obligatoria como servicio estratégico esencial para garantizar un piso mínimo de clases durante los días de paro. Una zanahoria para atraer al recinto a los bloques dialoguistas, que acordaron el texto.

Desde el radicalismo le doblarán la apuesta: con la firma de Danya Tavela y del jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, proponen otra sesión especial para actualizar el presupuesto de las universidades, tanto sus gastos de funcionamiento como las partidas salariales de docentes y no docentes. Denuncian que en estos ocho meses los sueldos de ese sector perdieron un 45% de su nivel adquisitivo.

El DNU de la discordia

A esta ofensiva se suma otra convocatoria a sesión, motorizada por una quincena de diputados de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y del radicalismo, para rechazar el DNU que incrementa en $100.000 millones los gastos reservados de la SIDE. El oficialismo está en problemas: el grueso del bloque de la UCR está dispuesto a bajar al recinto, por lo que el rechazo sería un hecho en la Cámara de Diputados. Faltaría que la oposición en el Senado actuara en sintonía –lo que también sería un hecho– para dejarlo sin efecto.

Si bien los dos representantes de la UCR en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo –el senador Víctor Zimmermann y el diputado Francisco Monti– habían evitado firmar el dictamen de rechazo el jueves pasado para darle margen de negociación al oficialismo, lo cierto es que la convocatoria a sesión especial –que apuró Nicolás Massot, un crítico acérrimo del Gobierno– colocó al centenario partido en un callejón sin salida y sin margen para dilatar más tiempo el asunto.

“El Gobierno se equivocó al aumentar los gastos reservados de la SIDE con un DNU. Viola la ley de inteligencia, la de acceso a la información pública y la de administración financiera. Emitimos un documento en el que expresamos nuestra preocupación porque, al ser reservados, no se rinden cuentas sobre esos fondos. Reclamamos que este tema se discuta en las comisiones bicamerales correspondientes, pero el oficialismo no hace otra cosa que demorar el tratamiento. No nos dejan otra alternativa que votar por el rechazo”, planteó Karina Banfi, vicejefa del bloque radical.

Ley de movilidad, a tiro de veto

El radicalismo fue también el promotor, en la Cámara de Diputados, del proyecto que establece una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones. Su media sanción, en junio pasado, desató una fuerte preocupación en el Gobierno por su impacto fiscal, por lo que inició urgentes negociaciones con los opositores dialoguistas en el Senado para modificar la iniciativa e intentar amortiguar el golpe.

La estrategia consistió en que la iniciativa retornara a la Cámara de Diputados para evitarle al presidente Milei el costo político de vetar una ley que beneficia a los jubilados. En las negociaciones habían conseguido que De Loredo y su tropa dialoguista, incómodos con el mote de “degenerados fiscales” que les endilgó el presidente, se comprometieran a receptar esas modificaciones a cambio de que el oficialismo garantice en la ley un aumento compensatorio a los jubilados del 8,1% y que el valor de los haberes sea equivalente a 1,09 de la canasta básica total por adulto.

Sin embargo, la estrategia falló por un cabo suelto: el senador Martín Lousteau, jefe de la UCR. Junto con su colega Pablo Blanco y un puñado de senadores provinciales apoyaron el proyecto venido de la Cámara de Diputados y lograron, junto al kirchnerismo, convertirlo en dictamen de mayoría. El siguiente paso será aprobarlo en el recinto y convertirlo en ley: trascendió que se convocaría a sesión especial el jueves próximo, aunque aún no se formalizó la fecha.

De producirse este desenlace en el Senado, Milei se verá forzado a vetar (total o parcialmente) la norma, tal como prometió. El peligro, empero, no desaparecería: con dos tercios de los votos en ambas cámaras, la oposición podría rechazar ese veto y asestarle al Gobierno un golpe aún más potente. Una alternativa hoy improbable –los dialoguistas no parecen atreverse a tanto– pero, de no mejorar el clima político, no es imposible.

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