Dividido y sin tiempo, el oficialismo depende de la firma de Alberto Fernández para debatir la suspensión de las PASO
Quedan 34 días para el cierre del año legislativo; el Poder Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias, pero el presidente Fernández, que aspira a la reelección, ha dicho que quiere mantener en vigencia las elecciones primarias
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LA NACIONLaura Serra
El proyecto de ley que presentaron diputados aliados del oficialismo para derogar las elecciones primarias encuentra un obstáculo casi insalvable: el tiempo. Quedan escasamente 34 días para que finalice el año legislativo, por lo que se anticipa muy difícil que una iniciativa de estas características, con casi toda la oposición en contra y con el oficialismo dividido, pueda ser convertida en ley por ambas cámaras en tan breve lapso.
¿Podría avanzar después del cierre de las sesiones ordinarias? También es difícil: para ello es necesario que la firma de Alberto Fernández quede estampada en un decreto que disponga prolongar las sesiones en el Congreso más allá del 30 de noviembre. El Presidente podría, por caso, convocar a sesiones extraordinarias, una facultad que cuenta el primer mandatario para habilitar el funcionamiento de ambas cámaras durante el receso, pero sujetas a un temario de proyectos que envíe el Poder Ejecutivo.
Si se considera que Fernández ya se expresó contrario a derogar las primarias, resultaría muy extraño (salvo que llegue a un acuerdo político con sus socios en la coalición) que incluya el proyecto presentado anoche por el diputado Luis Di Giacomo en un temario de sesiones extraordinarias, si es que las convoca.
De imperar esta lógica, la iniciativa del rionegrino –que integra un bloque de aliados fieles al Gobierno– solo podría tratarse después del 1° de marzo del año próximo, cuando se inician las sesiones ordinarias del Congreso y los legisladores retoman el manejo de la agenda parlamentaria. Otra vez los tiempos se volverían tiranos: con un oficialismo en minoría –y dividido–, difícilmente el Frente de Todos logre la mayoría agravada que se requiere en ambas cámaras para modificar las reglas electorales. Más aún a escasos meses de las elecciones.
En definitiva, hoy por hoy la única posibilidad de que el proyecto de Di Giacomo prospere y que no haya elecciones primarias el año próximo depende del Presidente: de su lapicera, para convocar a sesiones extraordinarias; y de su voluntad política, para que el puñado de diputados que le responden y hoy retacean su voto, finalmente apoyen la iniciativa.
Hasta ahora suman ocho los diputados del Frente de Todos que se expresaron renuentes a derogar las primarias: Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, de la Corriente Clasista y Combativa; Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; Natalia Souto, de Barrios de Pie y los diputados Leandro Santoro, Eduardo Valdés y Marcelo Casaretto, con distintos grados de proximidad al presidente Fernández. Todos estos sectores necesitan preservar la herramienta de las primarias, que les garantiza la competencia interna para dirimir las candidaturas dentro del Frente de Todos; de lo contrario, éstas quedarán al arbitrio de la lapicera Cristina Kirchner y de los gobernadores del PJ.
Misión imposible
Si estos ocho legisladores oficialistas no cambian de opinión, derogar las primarias será una misión imposible en el Congreso, aun cuando sume como aliados a quienes podrían votar a favor: los cordobeses que responden a Juan Schiaretti; los bloques de izquierda; los libertarios y los diputados que integran el interbloque Provincias Unidas, promotores del proyecto. Entre todos no alcanzan los 129 votos necesarios para darle media sanción al proyecto.
El resto de la oposición anticipó su rechazo al proyecto con el argumento de que no corresponde alterar las reglas electorales a tan pocos meses de una elección. Di Giacomo, en la otra vereda, sostiene lo siguiente:
- Enfatiza que las PASO no sirven a su finalidad cuando los partidos políticos se presentan con “lista única” y advierte que interfieren en la vida interna en los partidos por la participación de los no afiliados.
- Advierte que atentan contra la gobernabilidad e incluso son inconstitucionales, ya que al extenderse el plazo del período electoral (y de la campaña electoral) “licúa el poder del Gobierno hasta el traspaso del mando”.
- Insiste en que estas elecciones incrementan “innecesariamente” el gasto electoral. Según el presupuesto 2023, las PASO demandarían $22.500 millones.
Por Laura Serra
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