Discurso del odio: lo que decían funcionarios y dirigentes kirchneristas antes y durante el gobierno de Macri
El caso Maldonado, el acuerdo con el FMI y la reforma previsional fueron blancos de duros ataques durante la gestión de Cambiemos
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LA NACION
Las voces del oficialismo que promueven una ley contra el “discurso del odio” difícilmente hubieran quedado a salvo de su alcance en el pasado: la intensidad del debate político de los últimos años muestra varios ejemplos de “excesos verbales” atribuidos a dirigentes que militan hoy dentro o cerca del gobierno de Alberto Fernández.
El llamado “discurso del odio” es una figura que el Gobierno adjudica a la oposición y a los medios de comunicación, en medio de las repercusiones que suscita en la opinión pública el juicio a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad.
En abril de 2012, cuando la causa Ciccone daba sus primeros pasos, el entonces vicepresidente Amado Boudou arremetió contra lo que llamó “la mafia Magnetto y sus esbirros judiciales”, en una tensa conferencia de prensa en el Senado, en la que no admitió preguntas. El corolario de esa ofensiva fue la remoción del procurador general, Esteban Righi, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
“A Macri hay que fusilarlo en la Plaza de Mayo”, se despachó el dirigente Luis D’Elía en julio de 2018, durante el gobierno de Cambiemos. Acusó al entonces presidente de “endeudar al país” y lo llamó “mafioso y ladrón”.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la discusión de la reforma previsional en diciembre de 2017, en medio de incidentes graves en las adyacencias del Congreso, y la muerte del joven artesano Santiago Maldonado, que falleció ahogado, según certificó la Justicia, luego de casi tres meses de denuncias sobre desaparición forzada, generaron fuertes críticas al oficialismo que gobernó hasta 2019.
En aquel debate sobre la reforma previsional, cuando fuera del Congreso dominaban escenas de caos, el diputado Leopoldo Moreau, quien integraba el bloque de Unidad Ciudadana, acusó al gobierno de Macri de “encarnar una república de la represión”. Luana Volnovich, hoy titular del PAMI, definió en su discurso parlamentario la gestión de Juntos por el Cambio como “un gobierno de cobardes: débiles con los fuertes y fuertes con los débiles”, una frase que tomó prestada de Néstor Kirchner.
Hace unos meses, la ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches que mostraban en un fotomontaje a dirigentes de Juntos por el Cambio con vestimentas nazis. Se vinculaba esa página negra de la historia y el funcionamiento de una “Gestapo” con los opositores Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas y Patricia Bullrich, quien pidió a la Justicia investigar el financiamiento de esa campaña.
Contra jueces y periodistas
Un hecho emblemático durante el período kirchnerista fue el “juicio ético y político contra periodistas en la Plaza de Mayo, montado a modo de parodia de un proceso judicial, que encabezó la presidenta de las Madres, Hebe de Bonafini, contra reconocidas figuras del periodismo, en tiempos en que el Gobierno impulsaba la ley de medios. Se apuntó especialmente contra los periodistas Mariano Grondona, Magdalena Ruiz Guiñazú –fallecida ayer–, Claudio Escribano, Joaquín Morales Solá, Bernardo Neustadt, Nelson Castro, Santo Biasatti, María Laura Santillán, Máximo Gainza Castro, Mauro Viale, Chiche Gelblung y Vicente Massot, y la actriz y animadora Mirtha Legrand, entre motros.
Pocas horas antes del particular veredicto, la recordada conductora de “Magdalena tempranísimo”, Ruiz Guiñazú, difundió en su programa un reportaje que le había realizado a Bonafini en febrero de 1984, en la que esta dirigente le agradecía por haber sido “la primera mujer” en mencionar a las Madres por la radio.
Hubo, además, una ofensiva contra los medios independientes desde el propio canal del Estado, especialmente a partir del programa ultrakirchnerista 678. Varios de los panelistas se consideraron despedidos cuando concluyó el contrato de la productora con el canal público y consiguieron en la Justicia indemnizaciones millonarias.
En febrero de 2015, molesto por una información sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, el entonces jefe de Gabinete y hoy gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, rompió delante de todos los periodistas un ejemplar del diario Clarín, en plena conferencia de prensa en la Casa Rosada. Fundamentó la tajante decisión en “las mentiras a las que nos tiene acostumbrado el Grupo Clarín”. La campaña contra la prensa y las voces críticas significó “la mayor ofensiva contra el periodismo independiente desde el final de la última dictadura militar”, advirtió a fines de 2015 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Varios de esos ataques, extendidos también a la Justicia, continuaron y se actualizaron en los últimos años.
En tiempos más recientes, en junio de 2020, el dirigente Martín Sabbatella, recordado por su activa militancia en favor de la ley de medios durante el kirchnerismo y actual titular del Acumar, declaró que “en la Argentina hubo una banda mafiosa liderada por Macri”, al insistir en sus denuncias sobre espionaje ilegal en los años del gobierno de Cambiemos. “Son hechos que no sorprenden”, insistió, empeñado en dar crédito a sus acusaciones.
El caso Maldonado fue uno de los temas que profundizó la grieta y las tensiones. “Hubo una intensa campaña contra la Gendarmería y contra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad durante el caso Maldonado. Se invitaba a repudiar a las fuerzas de seguridad en las escuelas, incluso en muchos colegios a los que concurrían hijos de gendarmes”, recordó Silvana Giudici, presidenta de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) y actual directora del Enacom por la oposición.
En diálogo con LA NACION, Giudici cuestionó “la proliferación de iniciativas en distintos ámbitos del Estado, tendientes a regular y sancionar supuestas noticias maliciosas (fake news) y el llamado discurso de odio”.
El delito de calumnias e injurias se despenalizó en el país en 2009, luego de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que así lo ordenó a la Argentina en el caso Kimel, que recuerda a un periodista que había sido condenado por la Justicia.
“Sacamos la cárcel para las calumnias e injurias, pero ahora quieren imponerla para el ámbito digital, con una ley contra el odio”, estimó Giudici, quien no olvida que durante la pandemia hubo casos de vecinos y periodistas que fueron detenidos en provincias como Formosa y Misiones, por no cumplir o cuestionar la cuarentena
Giudici advirtió que la nueva variante de “ley mordaza” constituye una “herramientas para censurar las voces disidentes y disciplinar a los medios que cuestionan al poder”. Si bien la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, negó que la Casa Rosada impulse una ley contra los “discursos del odio”, la titular de la Fundación LED sostiene que la portavoz dejó la puerta abierta para la aplicación de “correctivos” en el manejo de la pauta oficial.
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