Diputados: la UCR y Pro quedaron lejos de reunir el quorum para limitar el poder de los sindicatos

Los legisladores de Pro y el radicalismo volvieron a fracasar en su intento de acotar el poder de los gremios. A través de un pedido de sesión especial, el presidente de la comisión de Legislación Laboral, Martín Tetaz (UCR), intentó este mediodía avanzar en la modificación de la ley 23.551 que regula a las asociaciones sindicales. Sin embargo, quedó lejos de reunir el quórum para abrir el debate en mayoría: logró sentar a 111 diputados, 18 menos que los 129 necesarios.

Además de 18 radicales del bloque conducido por el cordobés Rodrigo de Loredo, se sumaron al recinto 33 de Pro, 12 de Democracia, seis de la Coalición Cívica (CC), 1 de Encuentro Federal (EF) y 36 del oficialismo, los tres del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Paula Omodeo (Creo) y Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal). Se rehusaron a apoyar la medida los legisladores de Unión por la Patria (UP) y la Izquierda, quienes consideran la propuesta como una medida con un “profundo sesgo antisindical”. Tampoco lo hizo la mayoría de los referentes de EF, el bloque conducido por MIguel Ángel Pichetto, quien se negó a suscribir el proyecto en comisión y frustró el dictamen. Es que el texto consensuado quedó a una sola firma de obtener despacho.

Tetaz pretendió librar un debate reglamentario bajo el argumento de que, incluso sin la mitad mas uno de los integrantes de la comisión, el proyecto que reunió 15 avales podía debatirse por el pleno. Una discusión intrincada que ni siquiera logró ponerse sobre la mesa. “Es un artilugio muy discutido. Si no prospera, el proyecto necesitará de los dos tercios de los votos para ser aprobado: sin el kirchnerismo, es muy difícil”, indicaron en el oficialismo.

Hasta ahora, los libertarios en Diputados se negaban a quebrar la buena sintonía con los gremios y avanzar en contra de la CGT. Sin embargo, escenificaron un viraje por la presión del bloque macrista, que exigió al Gobierno impulsar esta reforma, entre otras, para sostener su alianza parlamentaria.

De hecho, los tres tucumanos de Independencia que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, habituales aliados de LLA en el Congreso, no habilitaron la discusión. Tampoco los ocho legisladores de Innovación Federal, referentes de los oficialismos de Río Negro, Misiones y Salta.

De Pro faltaron Anibal Tortoriello, quien se está recuperando de una intervención quirúrgica, Álvaro González, Karina Bachey y Marilú Quiroz. Las ausencias en LLA las contabilizaron Marcela Pagano, quien está cursando un avanzado embarazo, Carlos D’Alessando y Bertie Benegas Lynch.

“El Gobierno, pese a sus firuletes, tiene un acuerdo con la CGT”, denunció De Loredo cuando tomó la palabra durante el debate en minoría. “Es evidente. Basta ver el juego de las sillas, que el quorum alcanza, que me siento, que no me siento y que sus aliados no están. No quiero ser hipócrita, no quiero decir que hagan lo que nosotros no pudimos o no supimos hacer cuando nos tocó gobernar. Pero que hay un acuerdo, hay un acuerdo. Consiste en dejarles las reelecciones indefinidas, el recurso que adminitran de los laburantes y las obras sociales. El Gobierno dice ganar tiempo. Es razonable. ¿Está ganando tiempo el Gobierno o los gremios?”, señaló el cordobés.

Los cambios impulsados por Pro y la UCR son fuertemente resistidos por la central sindical y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.

Qué proponía la reforma:

• Garantiza la democracia interna mediante la comunicación fluida entre órganos y afiliados, participación efectiva de todos los afiliados, elección directa de cargos y alternancia en el poder. Se introduce la representación proporcional de las minorías en órganos deliberativos y directivos, siguiendo el sistema D’Hondt.
• Limita el financiamiento de las asociaciones sindicales al impedir que reciban recursos de empleadores ni de organismos públicos o extranjeros. Además, define que todo descuento salarial para el sindicato debe contar con la autorización expresa del trabajador, la cual puede ser revocada en cualquier momento. El gremio no podrá “establecer, exigir ni imponer, aportes a los trabajadores de manera obligatoria”.
• La propuesta reafirma que el empleador solo estará obligado a actuar como “agente de retención” de las cuotas sindicales si cuenta con el consentimiento expreso del trabajador.
• Los beneficiarios podrán ejercer la opción de elegir libremente su obra social, después de permanecer tres meses en la obra social que le corresponde por rama de actividad. El trámite de traspaso se deberá realizar de forma presencial en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) -algo que desalienta el trámite-. Tras concluir el cambio, deberá permanecer tres meses, como mínimo, en la nueva obra social elegida para volver a ejercer el derecho de opción.
• Los trabajadores deberán consentir su afiliación al sindicato. La desafiliación podrá hacerse mediante una notificación simple, por telegrama, y tendrá efecto inmediato.
• Los órganos directivos de los sindicatos deberán estar conformados por un mínimo de cinco miembros elegidos democráticamente, con mandatos de hasta cuatro años y reelección limitada a un solo período consecutivo. Para volver a ocupar la jefatura deberán esperar un plazo de cuatro años. Actualmente, los mandatos tienen la misma duración, pero pueden ser reelectos indefinidamente. Para poder integrar estos órganos, el proyecto define que regirá la “legislación vigente para candidatos a cargos públicos electivos nacionales”. Es decir que, de aprobarse la iniciativa de “ficha limpia” no podrán ser aspirantes a estos roles quienes tengan condena confirmada por corrupción en segunda instancia. Define que es requisito presentar una declaración jurada patrimonial integral para ocupar un cargo en los gremios.
• Se garantiza la participación femenina proporcional al número de mujeres afiliadas en los cargos representativos y directivos de las asociaciones sindicales. La ley vigente fija un piso del 30% de cupo de género.
• Se establece la necesidad de remitir a la autoridad administrativa los estatutos, los cambios en órganos directivos, balances, nóminas de afiliados, entre otros. Se promueve la implementación de programas de integridad y transparencia, con el objetivo de un uso eficiente de recursos. El patrimonio sindical deberá publicarse de manera actualizada.
• Se contempla un plazo de un año, después de promulgada la iniciativa, para que las asociaciones sindicales adecuen sus estatutos.

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