El oficialismo posterga la reforma de la Procuración para el próximo año

La reforma de la ley orgánica Ministerio Público promete repetir el derrotero de la reforma judicial, emblema de campaña de Alberto Fernández que quedó trunco en la Cámara de Diputados. Las circunstancias se repiten: la iniciativa, resistida por la oposición y buena parte de la Justicia, no tiene hoy los votos necesarios para ser ley.

Por esa razón la sanción se demorará hasta el año próximo, lo que le permitirá a Fernández ganar tiempo para salir de la encerrona a la que lo sometió Cristina Kirchner, artífice de la reforma para designar al nuevo procurador.

En efecto, la demora en la Cámara de Diputados le resultaría funcional al Presidente para resolver la situación generada con Daniel Rafecas, su candidato a ocupar el estratégico sitial de jefe de los fiscales. Rafecas hizo saber su rechazo a la media sanción de los senadores kirchneristas y a la posibilidad de ser designado con sólo la simple mayoría de los votos de la Cámara alta, uno de los ejes más polémicos del proyecto. Rafecas insiste en que sólo asumirá el cargo con el acuerdo de los dos tercios de los miembros del Senado; Fernández lo calificó de"principista", pero aun así insistirá en su postulación.

¿Qué hará Fernández con la media sanción del Senado que, en definitiva, va a contramano de los planteos de Rafecas? El Presidente aún no definió si incluirá el proyecto con media sanción del Senado en el temario de sesiones extraordinarias que enviará al Congreso para los meses de verano. Más allá de cuál sea su decisión, lo cierto es que en la Cámara de Diputados el oficialismo, en minoría, no tiene los votos para convertir en ley la iniciativa y deberá reunir al menos doce voluntades opositoras para alcanzar el quorum; sólo tendría asegurados ocho, según los cálculos informales que se realizan en el Frente de Todos.

Juntos por el Cambio ya anticipó su rechazo y el conglomerado de legisladores opositores que suelen acompañar al oficialismo se muestran esquivos. Con este número incierto, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa hizo trascender que la iniciativa, por su envergadura, merece un mayor consenso, por lo que no forzará ni apurará su sanción. Ergo, el debate se postergará hasta el año próximo. Massa imagina que, en un contexto político menos agitado y más distendido por las vacaciones de verano, el oficialismo y la oposición puedan articular un consenso básico no sólo en torno al proyecto de reforma del Ministerio Público; también sobre la fallida reforma judicial de Fernández.

"Sergio sostiene que la Justicia merece reformas; la sociedad está descontenta con el actual funcionamiento del Poder Judicial y es necesario que se instrumenten cambios, aunque siempre en un marco de consensos", enfatizan en el entorno del presidente de la Cámara baja.

Lo cierto es que la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal, tal como fue concebida por el kirchnerismo en el Senado, genera más rechazo que adhesiones en la Cámara baja. Incluso quienes suelen acompañar las iniciativas del oficialismo hicieron trascender, por lo bajo, sus reparos.

"Es un tema delicado, lo estamos estudiando", deslizó, cauto, el diputado José Luis Ramón, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, a sabiendas de la polémica que genera la iniciativa. Su bancada es integrada por seis miembros, uno de los cuales, el rionegrino Luis Di Giacomo, responde al exgobernador de Río Negro y actual senador Alberto Weretilneck, quien votó a favor de la media sanción en el Senado.

PUNTOS POLEMICOS

Son varios los aspectos del proyecto que generan polémica. Con el objetivo expreso de desplazar al actual procurador interino a Eduardo Casal –blanco de feroces críticas del kirchnerismo-, el proyecto no sólo flexibiliza la mayoría de los votos necesarios para designar al nuevo procurador, sino que, además, propone que en caso de vacancia o licencia prolongada superior a los 30 días (es el caso de Casal), el cargo será ejercido por un procurador fiscal o un fiscal coordinador de distrito elegido por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. En la actualidad dicha Comisión Bicameral tiene mayoría oficialista y es presidida por el kirchnerista Martín Doñate.

No sólo la cabeza de la Procuración está así sometida a la voluntad del oficialismo de turno. El proyecto propone, además, un nuevo diseño de la Procuración que, según denunció la oposición, pondrá en riesgo la estabilidad de todo el cuerpo de fiscales, pues modifica la composición del jury de enjuiciamiento del organismo mediante la ampliación del número de integrantes del estamento político.

"Con esta reforma pondrán de rodillas a todos los fiscales", denunció la senadora Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio) durante la sesión.

Los senadores opositores poco y nada pudieron hacer frente a la mayoría avasallante del kirchnerismo en el Senado. En la Cámara de Diputados, sin embargo, al bloque del Frente de Todos, que preside Máximo Kirchner, no le será tan sencillo convertir la iniciativa en ley ante la renuencia que anticipan las terceras fuerzas que, en total, reúnen una veintena de diputados.

"Los senadores se tienen que dar cuenta que lo que votaron es inconstitucional, es pan para hoy y hambre para mañana", advirtió Graciela Camaño, de Consenso Federal, quien advirtió que la pretensión de modificar la mayoría de dos tercios necesarios para designar al procurador "no se corresponde con el artículo 120 de la Constitución". "El Ministerio Público Fiscal es un supra poder, por fuera de los tres poderes. Tenemos que bregar por la independencia del Ministerio Público Fiscal", insistió.

Camaño anticipó así la posición mayoritaria del Interbloque Federal, un mosaico de 11 diputados de distintos orígenes partidarios presidido por Eduardo "Bali" Bucca. "No nos parece oportuno tratar esta iniciativa ahora; hay que buscar consensos", abonó el lavagnista Alejandro "Topo" Rodríguez. Los diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti, coincidieron. "Como lo planteamos con la reforma judicial, es fundamental avanzar un acuerdo político más amplio", indicó el cordobés Carlos Gutiérrez.

"El nuevo sistema acusatorio necesita de una Procuración General con un amplio, federal y transversal respaldo político. De ahí la importancia de elegir al procurador con el consenso político de los dos tercios de los votos presentes del Senado", coincidió, en tanto, Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), otro de los miembros del Interbloque Federal.

Desde Tucumán, la diputada Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Federal, también marcó distancia del proyecto del Senado. "No resulta correcto ni transparente modificar las reglas de juego cuando está en trámite la designación de un nuevo procurador –sostuvo Ávila, consultada por La Nación-. El Ministerio Público no puede estar atado a una facción política; debemos preservar su independencia."

Incluso los diputados de izquierda Romina Del Plá y Nicolás Del Caño anticiparon su rechazo. "No votaremos el proyecto de Cristina ni defenderemos lo que está. No hay en juego ningún derecho popular, de los trabajadores, de la mujer, de los jóvenes. Solo refleja una lucha de camarillas por el control de la Justicia y de la impunidad de unos y otros. Somos partidarios de la elección de jueces y fiscales por el voto popular", enfatizó Del Plá.

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