Diputados oficialistas quieren echar a Espert y la Secretaría de DDHH lo denunció por pedir “cárcel o bala” contra gremialistas
Ayer, en su cuenta de la red social Twitter, el legislador de Avanza Libertad cuestionó a los gremialistas del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino que tomaban el Ministerio de Trabajo
- 5 minutos de lectura'
LA NACION
Diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) repudiaron hoy las expresiones del legislador de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien pidió “cárcel o bala” para los trabajadores del neumático que se manifestaban ayer en el Ministerio de Trabajo, y solicitaron su remoción de la Cámara baja, mientras la Secretaría de Derechos Humanos presentó una denuncia penal en su contra.
“Basta de violencia y amenazas emitidas por dirigentes con responsabilidades institucionales. Solicitamos, en los términos del Artículo 66 de la CN, la remoción por inhabilidad moral de Espert como diputado nacional”, afirmaron en un comunicado el jefe del bloque del FDT, Germán Martínez, Paula Pennaca y José Luis Gioja.
A través de un proyecto de resolución, los diputados instaron a la Cámara de Diputados a formar “una Comisión Especial, de conformidad al Artículo 66 de la Constitución Nacional y al Artículo 188 del Reglamento de esta Cámara”, para “evaluar la conducta de Espert, quien sistemáticamente solicita la muerte como respuesta a cualquier conflicto, contrariando todos los principios democráticos y constitucionales que debe cumplir”.
Ayer, en su cuenta de la red social Twitter, el legislador de Avanza Libertad pidió “cárcel o bala” para los gremialistas del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) que permanecían en el Ministerio de Trabajo en busca de una respuesta a sus demandas.
Según los diputados, “la declaración de Espert va en contra de múltiples principios constitucionales entre los que se pueden enumerar: el debido proceso, el principio de inocencia, el no prejuzgamiento, el derecho a manifestarse a la protesta, a huelga y, principalmente, la abolición de la pena de muerte y toda especie de tormento”.
En ese sentido, afirmaron que “es el contexto delicadísimo que vive nuestra democracia lo que agrava estas manifestaciones” y señalaron que “el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación hace apenas tres semanas debe llamar al conjunto de quienes ejercen representación política a la reflexión”.
“Acciones de violencia explícita que atentan contra el pacto democrático que tanto le costó a nuestra Patria suceden en climas habilitantes, en marcos donde se naturalizan expresiones de odio, denigración y deshumanización del otro”, expresaron los legisladores y agregaron que “la misma consigna, ‘cárcel o bala’, apareció también en manifestaciones de grupos violentos previos al atentado”.
En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos realizó hoy una denuncia penal contra Espert “por incitación a la violencia”, donde calificaron el mensaje difundido como “peligroso y antidemocrático”, según informó el organismo en un comunicado.
La denuncia fue presentada por el titular de la Secretaría, Horacio Pietragalla Corti, quien expresó: “Me encuentro obligado a denunciar estos gravísimos hechos”.
El funcionario aludió a “la historia reciente de nuestro país” y “al reciente intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner”, para explicar “el contexto de proliferación de discursos que incitan a la violencia” que lo llevaron a presentar el escrito ante la Justicia.
El texto difundido sostuvo que si “las instituciones no funcionan” como Espert “quiere”, con su mensaje el legislador demuestra que “la única opción válida es usar la fuerza letal, o sea llevar adelante una ejecución extrajudicial”.
En la misma línea, destacó que las declaraciones del diputado “no fueron realizadas en el ámbito parlamentario” y afirmó que “no guardan relación con su tarea parlamentaria”.
“No están amparadas tampoco por la inmunidad de opinión garantizada en el artículo 68 de la Constitución Nacional”, agregó el comunicado.
La denuncia recayó en el juzgado federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y en ella se solicitó que “se investigue el hecho como incitación a la violencia”, delito que está tipificado en el artículo 209 del Código Penal.
El cruce de ayer con Cerruti
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había respondido anoche a Espert a través de las redes sociales, donde explicó que “pedir bala contra una o varias personas es incitación a la violencia y atenta contra el orden democrático y la resolución pacífica y judicial de los conflictos”.
En esa línea, afirmó que “no hacen faltan leyes nuevas contra el odio”, ya que esto “se puede resolver con nuestro Código Penal”.
En tanto, Espert dijo hoy que “no le preocupa en nada la presentación que hicieron los kirchneristas”, en referencia al proyecto de resolución presentado por el FdT, y señaló que “el kirchnerismo miente en todo”.
“Yo no pedí la muerte de nadie. Violencia es la imposición por la fuerza. Ellos son los violentos que silencian a la oposición, a la Justicia y a los medios”, sostuvo.
En un comunicado difundido hoy, el diputado de Avanza Libertad señaló que lo que escribió “no fue un ataque contra los trabajadores sino un descargo en contra del sindicalismo mafioso y de la corrupción kirchnerista” y manifestó que “si piensan que así van a callar a la oposición, no lo van a lograr. La desafío a Gabriela Cerruti o a Máximo o a quien sea a debatir”.
LA NACION
Temas
Conforme a los criterios de
Más leídas de Política
1El Colegio de Abogados de la Ciudad repudió la fiesta del fiscal Ramiro González
2La Justicia dispuso el desalojo de la ocupación ilegal en el Parque Nacional Los Alerces
3Escala la pelea en la Corte Suprema: Lorenzetti estalló contra sus colegas, que le respondieron con dureza
4El “desastre” que ve venir parte del peronismo si Cristina Kirchner y Axel Kicillof llevan su enfrentamiento al límite
Últimas Noticias
“Se pasó 20 metros”. El Gobierno le pidió explicaciones a Chile por un helicóptero militar que violó el espacio aéreo argentino
Dinero, control policial y culto a la personalidad. El sistema que montó Gildo Insfrán en Formosa y que la Corte buscó clausurar
