Diputados: el oficialismo demora la reforma judicial y responsabiliza a la oposición

El reproche del presidente Alberto Fernández sonó fuerte y claro. "Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la Justicia Federal", se quejó el martes pasado. Su reclamo, sin embargo, no tendrá cauce al menos en lo inmediato. Sin los votos suficientes, el oficialismo postergó sin fecha el debate del proyecto a la espera de que la oposición le dé un guiño para avanzar.

"La oposición pregona la necesidad del diálogo político pero no pone ningún papel sobre la mesa. Está claro que la Justicia, así como está, no funciona. Nos gustaría recibir de la oposición una propuesta en la que se nos diga qué cosas está dispuesta a reformar. Si presenta alguna alternativa estamos dispuestos a estudiarla", enfatizaron en los despachos oficialistas de la Cámara de Diputados.

La reacción oficialista de achacarle a la oposición la demora en debatir la reforma judicial suena, cuanto menos, retórica. Tratándose de un proyecto del presidente Fernández, es el oficialismo el responsable de abrir la discusión para intentar reunir los votos necesarios; a dos meses de la media sanción del Senado, esa instancia todavía no se abrió en la Cámara de Diputados, donde ni siquiera se convocó a las comisiones para escuchar las distintas posturas.

Está claro que el proyecto, muy cuestionado en el ámbito judicial y en la oposición, se convirtió en un lastre para el oficialismo, que no sabe cómo disimularlo. No sólo Juntos por el Cambio lo rechaza; también los bloques que suelen acompañar al oficialismo en la Cámara baja anticiparon sus reparos. Todos coinciden, con sus matices, que con esta reforma el Gobierno pretende colonizar los tribunales de Comodoro Py con la incorporación de jueces subrogantes afines al oficialismo. ¿Qué interés podría tener la oposición en alentar el debate de un proyecto que nació cuestionado y al que se asocia a una pretendida impunidad de Cristina Kirchner?

Está claro que la oposición no moverá la primera ficha en la Cámara de Diputados y que el oficialismo tampoco quiere someterse al desgaste de forzar el debate de una iniciativa que hasta ahora sólo le trajo dolores de cabeza. La reforma judicial, pues, deberá esperar: el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en contacto permanente con Fernández, tienen otras prioridades legislativas para el corto plazo.

Impuesto a la riqueza

Otra iniciativa que también seguirá demorada esaquélla que propone gravar con un impuesto extraordinario los patrimonios superiores a los $200 millones. Fuentes oficiales indicaron que recién verá la luz cuando el Ministerio de Economía esboce su proyecto de reforma tributaria que, a la vez, irá atado a un nuevo consenso fiscal que está en discusión con los gobernadores.

"El ministro (Martín) Guzmán prometió que en los próximos días enviará al Congreso una reforma tributaria. Queremos ver al menos el borrador de ese proyecto antes de avanzar con el gravamen a los grandes patrimonios. No queremos que se termine en un esquema incongruente o incompatible con la reforma", indicaron en el oficialismo.

El proyecto, impulsado por Máximo Kirchner y redactado por Carlos Heller, es duramente criticado por la oposición y por sectores empresarios. Fue dictaminado hace dos meses y, desde entonces, espera ser tratado en el recinto. En el oficialismo no descartan que eventualmente sea modificado en virtud de la reforma tributaria.

"Queremos tener al menos el borrador (de la reforma tributaria) para que Heller y Máximo puedan comparar y comprueben que no haya ninguna distorsión en el sistema", indican.

En la Cámara de Diputados se preparan para alargar el período de sesiones que, en lo formal, finaliza el 30 de este mes. "La intención es sesionar durante diciembre, enero y febrero", se ilusionan en el oficialismo. La agenda todavía no está del todo definida. "La vamos haciendo cada semana", indican en el entorno de Massa.

Se priorizarán las urgencias, entre ellas, la nueva ley de movilidad jubilatoria: a fin de año vence la suspensión de la fórmula votada en 2017 para la actualización de los haberes. Desde entonces el Poder Ejecutivo actualizó las jubilaciones por decreto, una medida que le redituó un ahorro de al menos $72.000 mil millones. Es lo que hubiese erogado este año si estuviera vigente la movilidad jubilatoria del gobierno macrista.

Este lunes habrá una reunión clave entre la Anses, el Ministerio de Economía y los legisladores que conforman la comisión especial que se abocó, en estos últimos meses, a la elaboración de una nueva fórmula previsional. La discusión en el Congreso se anticipa compleja: la oposición -incluidos los bloques aliados- no acompañarán fácilmente una nueva fórmula de actualización de haberes que redunde en un perjuicio explícito a los jubilados. Sospechan que la propuesta del Gobierno iría en ese sentido: según trascendió, la fórmula se compondrá en un 70% de la variación salarial (el índice Ripte) y en un 30% de la recaudación, lo que dejaría a los haberes previsionales por detrás de la inflación.

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