Diputados: el oficialismo postergó hasta mañana el dictamen de ampliación del presupuesto
Tras los planteos de la oposición, el oficialismo en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados decidió posponer hasta mañana el dictamen del proyecto que propone una fuerte ampliación del gasto presupuestario hasta fin de año. La iniciativa, que desnuda el creciente desequilibrio en las cuentas públicas a partir del impacto de la pandemia del coronavirus, prevé para este año una fuerte suba del déficit primario, del orden del 8% del PBI.
"El Poder Ejecutivo nos pide premura para el tratamiento de este proyecto; de lo contrario afrontaría serias dificultades operativas a partir del mes próximo para cumplir con los compromisos esenciales para la sostenibilidad económica y social del país", enfatizó Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto. La intención del oficialismo es apurar pasado mañana la aprobación del proyecto en el recinto.
Los bloques de oposición no se opusieron a la suba del gasto planteada en el proyecto; sus objeciones, más puntuales, apuntaron hacia dos artículos de la iniciativa. Los diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron, por caso, que se imponga el 10,5% de IVA a la leche sin aditivos; anticiparon que no lo avalarán. También insistirán que se cree un fondo compensador de subsidios al transporte público del interior del país, que dejaría de recibir estos beneficios pese a que muchas ciudades están jaqueadas por sucesivos paros del sector. Según plantearon los legisladores, las provincias reciben $1500 millones mensuales mientras que el área metropolitana recibe unos $7600 mil millones mensuales.
El bloque de Consenso Federal, en tanto, cuestionó enfáticamente que el proyecto habilite la dolarización de la deuda en pesos en manos de los acreedores.
"El artículo 7, que permite dolarizar la deuda en pesos, es absolutamente negativo e innecesario en esta ampliación de presupuesto: es negativo si se pretende fortalecer el mercado de capitales doméstico y perjudica la discusión que se está llevando adelante con los bonistas, tanto los que están bajo la ley nacional como extranjera. Genera una tremenda distorsión porque (con este artículo) no se cumple con dos de los tres parámetros (que exige la ley de administración financiera) para la renegociación de la deuda, extensión de los plazos, baja del monto de la deuda y reducción de las tasas de interés", planteó el diputado Jorge Sarghini. "Tengo la firme percepción de que esto ya se conocía en el mercado por parte de quienes endurecen la negociación (de la deuda)", advirtió.
Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, alertó que esta dolarización de la deuda que se habilita en el proyecto está exceptuada de los límites que impone la ley de administración financiera. "Se le delega al Poder Ejecutivo la posibilidad de canjear deuda sin ningún tipo de restricción ni control. Esto es un antecedente muy malo", enfatizó.
La cuestión de la suba del IVA en la leche también generó polémica durante la reunión. El radical Luis Pastori refutó las aclaraciones que realizó el Ministerio de Economía que, en un comunicado dirigido a los legisladores, negó que esta suba del 10,5% impacte en el precio final del producto.
"Estamos de acuerdo con que la leche con aditivos, que hoy paga el 21% de IVA, se baje al 10,5%. Pero no estamos de acuerdo con que la leche sin aditivos, que siempre estuvo exenta de IVA, pase a pagar 10,5%. Es la leche que consumen los sectores más populares", enfatizó Pastori.
Más allá de estos cuestionamientos, la oposición apoyaría en líneas generales el proyecto del Poder Ejecutivo e intentaría incluir modificaciones durante la votación en particular. Básicamente, el proyecto prevé una fuerte suba del déficit primario para este año que, según sus pronósticos, ascenderá a $2,21 billones, monto que supera el 8% del PBI. Si se considera, además, el pago de intereses de deuda, el resultado financiero arroja un saldo negativo de $3 billones.
Este rojo fiscal se explica a partir de una sideral suba del gasto: el proyecto prevé un incremento de $1,86 billones en los gastos totales, especialmente en los corrientes. Esto implica un alza del 33% con respecto a lo estimado a comienzos del año, para llegar a un total de $7,4 billones. Buena parte de esa suba se explica por las erogaciones previstas para la seguridad social (casi $600.000), subsidios económicos ($250.000) y los programas IFE y ATP ($170.000)
Semejante suba no logra ser compensada por la proyección de ingresos que percibirá el fisco hasta fin de año: el Gobierno espera sumar $642.845 millones adicionales, apenas un 17,2% superior a lo estimado a principios de año, lo que refleja el impacto de la crisis económica y la menor recaudación fiscal.
Para cubrir los $1,2 billones de déficit fiscal adicional para el año, el Gobierno sinceró la utilización de dos herramientas a las que ya viene apelando: la emisión del Banco Central vía transferencia de utilidades al Tesoro y la deuda. Según la iniciativa, se contempla una ampliación de la asistencia del BCRA por $1,01 billones. A su vez, se estima un incremento en el endeudamiento por $280.658 millones.
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