Sesión en Diputados: se aprobó en general el proyecto que busca ampliar el registro de datos genéticos
Para evitar un nuevo revés parlamentario, el presidente de la Cámara baja negoció una ampliación del temario con la UCR y accedió a debatir el financiamieto universitario; se debate si se declara a la educación como servicio esencial
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La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que busca ampliar el registro nacional de datos genéticos para que comprenda perfiles genéticos de autores de todo tipo de delitos con un plazo de almacenamiento de cuatro meses. Con 146 votos a favor, 87 en contra y 8 abstenciones, la iniciativa será girada al Senado para avanzar con su sanción definitiva.
La propuesta impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue avalada por el oficialismo, Pro, la Coalición Cívica, el radicalismo, Innovación Federal y Encuentro Federal. En tanto, Unión por la Patria se manifestó en contra, mientras que los legisladores del Frente Renovador y Victoria Tolosa Paz se abstuvieron.
La iniciativa modifica ley N° 26.879 por la que se crea el registro, que actualmente contiene solo los perfiles genéticos de los responsables de delitos sexuales con condena y no prevé un plazo para la conservación de esas muestras. Con esta modificación se busca ampliar este alcance en función de que se incluyan los perfiles genéticos de procesados -y no solo de los condenados-, personal interviniente en escenas del crimen y voluntarios familiares de personas desaparecidas o fallecidas.
El proyecto también refuerza la confidencialidad de la información genética y establece que los datos solo podrán ser accesibles por autoridades judiciales en el marco de una causa específica. Estipula, además, un manejo estricto de la información para proteger la privacidad de los involucrados.
Esta discusión tuvo un cuarto intermedio en el que se abordó bajo qué dependencia del Poder Ejecutivo Nacional estará el registro. Mientras que el texto original preveía que estuviese bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, una porción de la oposición se rehusaba. Frente a la posibilidad de que la votación en particular se obstruyera, el oficialismo cedió y accedió a que el registro dependa del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
“Vamos a incluir que ingresen los perfiles genéticos de los imputados por delitos, es decir de aquellos que hay estado en la escena del crimen, que han dejado sus huellas genéticas y que pueden servir para la investigación criminal”, detalló la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro), presidenta de la comisión de Legislación Penal, que fue cabecera del debate en el plenario de comisiones.
El líder del bloque kirchnerista, Germán Martínez, indicó que su bloque está a favor de la ampliación del registro. No obstante, propuso que la sumatoria de delitos esté acotado a los que sean dolosos contra la vida, la integridad sexual, la identidad de las personas, aquellos cuya pena máxima sea de 6 años o mayor, o en el caso de extravío de personas. “Mañana alguien es imputado por la presentación de avales de un partido político y les aviso que les van a poder pedir los datos genéticos”, ejemplificó para argumentar su voto en contra.
La legisladora radical, Gabriela Brouwer de Koning, expresó en su intervención que esta ley responde a una necesidad urgente de mejorar la seguridad en el país. “Este proyecto tiene como objetivo fortalecer al sistema judicial con herramientas tecnológicas avanzadas, para que las investigaciones sean más rápidas y eficaces, y nuestra sociedad pueda contar con mayor seguridad y justicia”, indicó.
Por su parte, la libertaria Lilia Lemoine reveló, al defender el proyecto, que ella misma fue víctima de una violación y exigió el acompañamiento de la iniciativa a sus colegas. “Es importante que el registro esté en manos de las fuerzas de seguridad. El registro debe prevenir, porque los delincuentes son reincidentes. Salven más vidas. Necesitamos darles herramientas a la Justicia. Los cantos, los hashtags, los bancos de color pueden generar consciencia pero no atrapan violadores”.
Un inicio accidentado
El oficialismo en Diputados evitó hoy un nuevo revés parlamentario y consensuó con la oposición ampliar el temario de la sesión para abordar, a pedido de la UCR, el financiamiento universitario. Además, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se comprometió a conformar a lo largo del día la Comisión Bicameral de Inteligencia con el fin de desarticular un posible rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024, que incrementa los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Con estas dos definiciones, los libertarios se aseguraron los números para abrir el recinto, que se logró con 129 voluntades a las 11.42 sin el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Se esperan más de 30 horas de debate y un temario extenso que se ordenó con precisión de relojería. La discusión inició con el proyecto que busca ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos, seguido por los tratados internacionales -a través de una votación en bloque-, la aprobación de la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de las fuerzas nacionales, el proyecto que apunta a definir a la educación obligatoria como servicio estratégico esencial, el financiamiento de universidades nacionales, el plan de regularización de armas de fuego, la resolución que repudia el fraude electoral en Venezuela y, por último, se abordarán las cuestiones de privilegio, los apartamientos de reglamento y homenajes.
Al comienzo de la sesión se aceptó la renuncia diputado Alfredo Vallejos, quien asume como secretario de Seguridad en la provincia de Corrientes, y es reemplazado por Federico Tournier (UCR). Además, se avaló la salida de Tomas Figueroa como secretario Parlamentario, quien se prepara para hacer campaña por La Libertad Avanza en Santiago del Estero. Según precisaron fuentes del oficialismo, podría pelear una banca en el Senado nacional en representación de su provincia y, eventualmente, también la gobernación. En su lugar estará Adrián Pagán, quien hasta hoy se desempeñó como director general de Parlamentaria.
Los legisladores hicieron un minuto de silencio por los fallecimientos de Analía Elena Lopez Murphy, Ana Castagneto, Francisco Giustinian y Blanca Nelly Nuno.
Antes de que se aborden los proyectos del temario, el oficialismo logró evitar que la izquierda y el kirchnerismo se apartaran del reglamento para votar la expulsión de los seis legisladores libertarios a represores condenados por delitos en la última dictadura militar, una iniciativa de la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta. Lo curioso fue que si bien no se aprobó esta votación -salió denegada por 121 legisladores contra 102 a favor-, Rocío Bonacci (La Libertad Avanza), votó a favor se su propio corrimiento.
Bonacci es una de las referentes del oficialismo que se trasladó al penal de Ezeiza para reunirse con represores condenados por violaciones y torturas. No obstante, acusó a su compañero de bloque y organizador del evento, Beltrán Benedit, de realizar una convocatoria “engañosa”. Junto a su colega Lourdes Arrieta, condenaron la visita y esta última denunció por coacción agravada, abuso de autoridad, malversación de fondos y violación de los deberes de funcionario público a dirigentes y compañeros libertarios.
La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, liderada por la diputada Silvia Lospennato (Pro), está convocada para mañana a las 12.30. Será el lugar donde oficialismo y oposición definirán si les cabe algún tipo de sanción disciplinaria. No obstante, la materialización de esta reunión no está confirmada: si se cumplen las 40 horas de debate, se superpondrá con la sesión en marcha y con la que se convocó para abordar el DNU 656/2024.
Las negociaciones
El oficialismo y Pro cuentan con una tropa propia de alrededor de 80 diputados. Es decir, no logran reunir la mitad más uno del cuerpo y deberán conciliar los objetivos parlamentarios para evitar una parálisis. Por eso, el radicalismo condicionó su presencia a la incorporación al temario de los proyectos que buscan garantizar el financiamiento universitario. El Gobierno se rehusaba a discutir estas iniciativas porque repite que, de aprobarse, el Poder Ejecutivo deberá asumir un costo aproximado de $1,4 billones que afectará el equilibrio fiscal.
La Coalición Cívica, Innovación Federal y Encuentro Federal (antes llamado Hacemos Coalición Federal) –que reúnen a 31 legisladores–, determinantes para lograr la mayoría, bajaron al recinto. La semana pasada, los 16 integrantes del bloque de Pichetto le marcaron la cancha al Gobierno y mostraron su poder de fuego con un faltazo, por el que terminó naufragando la sesión.
Este compendio de diputados tiene el foco puesto en rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024, por el que se incrementaron $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La convocatoria de esta sesión, prevista para el jueves a las 10, se formalizó en las últimas horas aunque se acordó postergarla para las 13. Martín Menem trabaja para evitar su impugnación a través de la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia, donde le negaron un lugar al bloque de Pichetto. Es probable que sea acompañada por Unión por la Patria (UP) aunque no así por el radicalismo, que accedió a discutir el decreto en la comisión.
Según pudo saber LA NACION, la Casa Rosada presiona a los gobernadores dialoguistas para que sus alfiles en el Congreso no se sumen al rechazo del DNU 656/2024. El radicalismo y los nueve integrantes del bloque Innovación Federal, que responden a los oficialismos de Misiones, Neuquén, Río Negro y Salta, podrían ausentarse de la sesión prevista para mañana al mediodía y echar por tierra las intenciones de Encuentro Federal.
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