Diputados: la UCR se sumó a las críticas al aumento de los gastos reservados de la SIDE y tambalea el decreto

El polémico decreto de necesidad y urgencia por el cual el Gobierno aumentó la semana pasada en $100.000 millones los gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sigue sumando críticas en la Cámara de Diputados. Por caso, el radicalismo, en un duro pronunciamiento, cuestionó que semejante suma sea de carácter reservado y que el Gobierno, amparado en esa opacidad, pueda disponer de ella de manera arbitraria y sin control.

“Desde el bloque de diputados nacionales de la UCR hacemos un fuerte cuestionamiento a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de asignar, vía DNU, 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)”, expresó, en un comunicado oficial, la bancada que conduce el cordobés Rodrigo De Loredo.

“Por decreto conformaron una nueva SIDE, y la primera decisión que tomó el Ejecutivo al respecto fue dotarla de 100.000 millones de pesos más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que ‘no hay plata’, por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados. Y lo que preocupa aún más es que especifican que son fondos de carácter reservado, evitando rendir cuentas o dar información de carácter público sobre el uso de los mismos”, agrega.

Con este pronunciamiento, la UCR se suma al coro de críticas de los bloques opositores que, ni bien se dictó el decreto de la polémica, se mostraron partidarios de rechazarlo de plano. Un lote que integran Unión por la Patria, un sector de Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y la izquierda. Las matemáticas indican que, con esta mayoría, el DNU estaría a tiro de ser volteado, al menos en la Cámara baja, pero el radicalismo no quiere dejarse llevar por el apuro de los opositores más críticos (menos aún quedar pegados con el kirchnerismo) y reclaman que, primeramente, se trate en las comisiones pertinentes.

“Exigimos que de manera urgente tanto el DNU de reorganización del organismo de inteligencia como el de aumento presupuestario sean tratados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, al mismo tiempo que reclamamos la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia”, reclamaron los correligionarios.

Casualidad o no, es el mismo reclamo que, por canales discretos, le hizo llegar el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, a distintos interlocutores del Gobierno en las últimas horas. La convocatoria a ambas comisiones cumpliría un doble objetivo para el oficialismo: ganar tiempo e intentar, mientras tanto, amainar los ánimos más combativos que ansían voltear los tres DNU que reconfiguran el sistema de inteligencia. Según la ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos presidenciales, ese plazo vencerá el 20 del mes próximo.

Ante la presión de los dialoguistas y tras una gestión discreta del vicepresidente de la Comisión de Trámite Legislativo, Hernán Lombardi (Pro), el oficialismo accedió a convocarla para el jueves próximo, según supo LA NACION. Su presidente, el senador Juan Carlos Pagotto, no tenía demasiadas alternativas: tres miembros de ese cuerpo, los diputados Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) y el peronista Carlos Espínola (Unidad Federal) le habían enviado una nota para emplazarlo a que la reúna de manera urgente.

No solo eso: en la misiva, el trío de legisladores le advirtió que, por haber incumplido su compromiso de convocar a la comisión una vez a la semana y debido al tiempo transcurrido desde la última reunión, se debería “rediseñar la dinámica de selección de los instrumentos legales a tratar”. En otras palabras, los opositores dialoguistas reclamarán que la comisión se aboque de inmediato a los últimos decretos que dictó el Gobierno y no van a aceptar las eventuales demoras que interpongan los libertarios.

En paralelo, sería inminente también la conformación de la demorada Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, el cuerpo encargado –por ley- de supervisar los gastos reservados destinados a inteligencia. Sin embargo, aún no está resuelto quién comandará esta comisión clave.

La oposición no disimula sus suspicacias. Sobran los antecedentes de cifras siderales en manos de la SIDE que, en gobiernos anteriores, supieron destinarse a cuestiones non sanctas, desde sobresueldos a funcionarios y dirigentes a financiar persecuciones políticas a opositores. De allí las sospechas de la oposición hacia el gobierno de Javier Milei y, en particular, el asesor presidencial Santiago Caputo, entronizado por su jefe como el mandamás de los servicios de inteligencia, incluidos los que llevan adelante las fuerzas militares y de seguridad.

Esto explica el malestar del radicalismo y sus críticas a que el Gobierno haya esquivado al Congreso al ampliar, de manera tan abrupta, el presupuesto de la SIDE. “Según establece nuestra Constitución, esa asignación presupuestaria debe realizarla el Congreso Nacional, sobre todo teniendo en cuenta que de ninguna manera se da una situación de excepcionalidad como para hacerlo vía DNU”, cuestionó.

“Todo lo referido a la inteligencia es sumamente sensible para la democracia y por lo tanto requiere de un debate profundo, serio y transparente. Hacer un aumento de semejante magnitud y por la vía de DNU no hace más que sumar incertidumbre y sospechas sobre el uso de los fondos públicos”, alertaron.

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