Diputados: la UCR se sumó a Pro en el pedido de juicio político al presidente Fernández
Los dos principales socios de Juntos por el Cambio consideran que el Gobierno sigue sin cumplir con el fallo de la Corte que ordena restituir los fondos coparticipables a la Ciudad; piden la interpelación del jefe de Gabinete y del ministro de Economía
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Luego de que el bloque de diputados de Pro solicitara el juicio político al presidente Alberto Fernández por no cumplir taxativamente con el mandato de la Corte Suprema que ordenó restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires, la bancada de la UCR se sumó al planteo. Si bien el primer mandatario anunció que pagaría con bonos a la administración porteña lo que le indicó la Justicia, los diputados de ambas bancadas consideran que el Gobierno sigue sin cumplir con el fallo. El mismo planteo promovió el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).
El pedido de enjuiciamiento de Pro fue presentado el viernes pasado por el diputado Pablo Tonelli, quien acusó al primer mandatario por mal desempeño en sus funciones. Lo hizo luego de que el Presidente y un conjunto de gobernadores anunciaran que no acatarían el fallo del máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires. Este lunes, López Murphy presentó un pedido similar, en el que responsabiliza al Presidente por mal desempeño y por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
“El anuncio del Presidente de que pagará en bonos lo que manda la Corte Suprema es una burla. El Gobierno sigue sin cumplir el fallo”, enfatizó Tonelli, quien también presentó, en nombre del bloque, sendos pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al ministro de Economía, Sergio Massa.
“Dado que el ministro de Economía hasta el momento no ha cumplido la decisión judicial ni ha expresado su voluntad de hacerlo, existen sobrados y fundados motivos para citarlo a concurrir al recinto de esta Cámara a fin de que brinde informes verbales acerca de las razones que lo llevaron a no cumplir o no hacerlo en tiempo oportuno”, enfatizó Tonelli.
Con idénticos fundamentos solicitó la interpelación de Manzur a los efectos de proceder con una moción de censura. “La moción de censura persigue, en definitiva, la remoción del jefe de Gabinete de Ministros, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 101 de la Constitución Nacional”, sostuvo.
Por su parte, el bloque del radicalismo, que comanda Mario Negri, presentó en las últimas horas un pedido de enjuiciamiento al presidente con idénticos fundamentos que la bancada de Pro. Lo firmaron los 33 integrantes de la bancada. Asimismo, los legisladores radicales criticaron con dureza al Presidente porque el pago se concretará por medio de bonos. Los opositores enfatizaron que, según el fallo del máximo tribunal, el pago deberá realizarse con fondos de la coparticipación que le corresponde a la Nación.
El bono TX31 con el que Alberto Fernández quiere pagarle a CABA es un pagadios que no cotiza en el mercado y no se negocia.
— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 26, 2022
A los amigos como Kicillof, Plan Platita: dinero contante y sonante.
A los opositores, papeles de deuda a 9 años.
Casi casi un Plan Bonex.
Quien igualmente decidió presentar un pedido de juicio político al presidente Fernández fue el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad). El libertario acusó al Presidente por mal desempeño y por la comisión de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones.
“El presidente Alberto Fernández, apoyado por los gobernadores, decidieron y le comunicaron a la población que no se iba acatar dicho fallo (de la Corte Suprema) y así es como se perpetra un nuevo golpe al sistema constitucional y democrático –fundamentó Espert–. Los integrantes del partido gobernante con posiciones relevantes de poder en los destinos de la República no sólo desconocen los derechos de los partidos opositores, sino que también desconocen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.”
Desde que asumió su mandato, Fernández ya recibió dos pedidos de juicio político por parte de Juntos por el Cambio. El primero de ellos se originó tras la denuncia penal contra el Presidente por haber violado la cuarentena durante la pandemia con una reunión social en Olivos. El segundo se presentó tras las declaraciones de Fernández contra el fiscal Diego Luciani, encargado de acusar a la vicepresidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita en la causa Vialidad.
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