Diputados: la oposición le exigió al Gobierno que derogue el decreto que limita el acceso a la información pública

En lo que implica un fuerte señalamiento institucional al Gobierno, los bloques opositores de la Cámara de Diputados, a instancias de la UCR, aprobaron por amplia mayoría una resolución en el que le exigen al Gobierno que derogue el decreto reglamentario 780/24 por el cual restringió los alcances de la ley de acceso a la información pública. La iniciativa no fue acompañada por el oficialismo, que quedó casi en soledad.

“Si queremos respetar la libertad de expresión y si queremos ser un país que respeta la libertad de pensamiento y la libertad de opinión por sobre todas las cosas tenemos que respetar este acuerdo y esta concertación que logró este Congreso a través de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública”, enfatizó la diputada radical Karina Banfi, autora de la iniciativa.

Más duros, desde el kirchnerismo la diputada Carolina Gaillard propuso que la Cámara de Diputados declare nulo dicho decreto. “Los ciudadanos deben tener garantizado el acceso a la información y el Gobierno no puede excederse desnaturalizando la ley; el decreto 780 va en contra de lo que este Congreso sancionó, el Ejecutivo se ha extralimitado en sus facultades y ha legislado”, aseveró.

En el mismo sentido, los diputados de izquierda reclamaron que se avance hacia la nulidad de la medida reglamentaria. “Es insuficiente una resolución que le exija al Gobierno que derogue el decreto. Porque es el mismo gobierno que quiere negar los informes pedidos. Es el mismo gobierno que ataca permanentemente la libertad de expresión, que ha hecho agravios y ataques a periodistas, que ha reprimido a periodistas durante el tratamiento de la Ley Bases, a balazo de goma limpio”, enfatizó Cristian Castillo, del FIT.

Repliegue de los dialoguistas

Empero, los bloques dialoguistas de Pro y la UCR, al igual que la Coalición Cívica, entienden que esa vía –la nulidad de un decreto reglamentario- es una facultad que no le compete al Congreso y que, en todo caso, debe ser primero la Justicia la que resuelva si el decreto es constitucional o no.

“Si la Justicia, en virtud de los pedidos de amparo ya presentados, nos da la razón, vamos a impulsar la derogación del decreto en el Congreso si el Gobierno no lo hace antes”, anticipó Banfi.

Desde la Coalición Cívica, Juan López no descartó que eventualmente se avance en declarar nulo el decreto. “El planteo de Gaillard es interesante pero muy complejo: sería la primera vez que declaramos la nulidad de una disposición legislativa que no nos pertenece, es de otro poder del Estado. No lo descartamos, nosotros queremos la derogación del decreto porque la ley estaba bien reglamentada y el Ejecutivo se excedió”, sostuvo.

Por de pronto, los opositores dialoguistas le enviaron una señal de advertencia al Gobierno para disuadirlo a que dé marcha atrás con el polémico decreto. Advierten, junto a decenas de organizaciones de la sociedad civil, que la medida desnaturaliza la ley 27.275 de acceso a la información pública, pues impone excepciones restrictivas o discrecionales respecto de lo que se considera información pública o privada.

En efecto, el decreto establece que el Estado no está obligado a dar los datos que “por su propia naturaleza” hacen “al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”, una categoría no prevista en la norma que regula el proceso.

Desde el Pro, la diputada Silvana Giudici insistió en que la principal responsable de que el Poder Ejecutivo haya dictado este decreto es la presidenta de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena: sostuvo que la funcionaria -que fue nombrada durante el gobierno de Alberto Fernández- no dio cumplimiento con su intervención legal para realizar las observaciones pertinentes previo al decreto, ni realizó, posteriormente, ninguna presentación o intervención en el marco de sus funciones.

Giudici anticipó que pedirá, también vía resolución de la Cámara, que el Poder Ejecutivo inicie el procedimiento para su remoción. Sin embargo, Unión por la Patria no acompañará su propuesta, por lo que no prosperará.

“Usted está pateando la pelota afuera del arco, porque acá lo que hay que hacer es que el Ejecutivo derogue este decreto inconstitucional, no hablar de la funcionaria”, replicó Gaillard.

Los diputados radicales críticos del Gobierno, comandados por Pablo Juliano, al igual que la Coalición Cívica, apoyaron la resolución propuesta por la UCR. “Entendemos que cuando se vulnera la libertad de expresión, cuando se vulnera la transparencia y el gobierno abierto, el Parlamento y el Congreso tienen que reaccionar. Nos gustaría que muchos diputados aquí presentes (en alusión a Pro y a la UCR) no sean selectivos sobre la vulneración de las facultades que comete el Poder Ejecutivo en contra del Congreso”, asestó Juliano.

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