Diputados: la oposición cree que el DNU es un avance pero pedirá una mayor compensación para los jubilados

Precavidos, los diputados de la oposición dialoguista en la Cámara baja quieren esperar a conocer el detalle del decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual el Gobierno actualizará, por el índice de inflación, los haberes jubilatorios a partir del mes próximo. Por lo pronto, consideran que la decisión de cambiar la fórmula de movilidad –que hoy combina la variación salarial con la recaudación de la Anses– es un avance, ya que frenaría la licuación que viene afectando los ingresos de los jubilados y pensionados.

Según trascendió desde la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo se apresta a determinar por decreto que las jubilaciones en abril se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual más una compensación que estaría entre el 12 y el 14% por la inflación de enero. Hecho este empalme, a partir de mayo, el Gobierno pretende que las jubilaciones se actualicen por el IPC mensual.

En la oposición creen que esta compensación por la inflación de enero no es suficiente, ya que el índice de precios al consumidor de ese primer mes del año trepó al 20,6%. De hecho, los proyectos de ley presentados apuntan a una compensación completa por la pérdida que sufrieron los haberes de enero.

En la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, los bloques de la oposición iniciaron este mediodía el debate de esos proyectos, en abierto desafío al Gobierno. Presionado, el Poder Ejecutivo se adelantó con la publicación inminente de un decreto de necesidad y urgencia.

“Evidentemente la presión que ejercimos desde el Congreso al Poder Ejecutivo alertando sobre la situación desesperada que atraviesan los jubilados y pensionados tuvo sus frutos”, celebró el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. “El Gobierno ya no pudo hacerse el distraído. Este DNU es un avance porque cambia la fórmula de actualización de los haberes; ahora pelearemos desde la Comisión de Previsión por la compensación que falta”, sostuvo.

Desde el bloque de la UCR, Alejandro Cacace también consideró un avance el DNU del Gobierno, aunque indicó que en la Comisión de Previsión continuarán discutiendo la compensación que les corresponde a las jubilados por la inflación de enero. No descartó, por caso, que se avance en una ley que ratifique el decreto y se incorpore un artículo que contemple la compensación faltante.

Con el radicalismo como punta de lanza, la oposición había desafiado al Gobierno y apuró este mediodía el debate en la Cámara de Diputados de una nueva ley de movilidad jubilatoria. Con críticas al oficialismo, que buscaba estirar los tiempos hasta que el Poder Ejecutivo enviara su propuesta, los diputados opositores de la Comisión de Previsión y Seguridad Social decidieron fijar como plazo para un dictamen la tercera semana de abril.

“Debemos dar una respuesta urgente porque la sociedad lo está exigiendo y los jubilados y pensionados así lo necesitan”, justificó la presidenta de la comisión, la radical Gabriela Brouwer de Koenig, en el arranque del debate. Anticipó que invitarán para los primeros días del mes próximo a funcionarios del Ministerio de Economía y de la Anses aun si el Poder Ejecutivo no ha enviado para entonces su propuesta de fórmula.

Los libertarios presentes en la comisión no reaccionaron frente a la avanzada opositora. A los pocos minutos se retiraron. Ni siquiera los diputados de Pro, sus aliados, pudieron justificar la actitud del presidente de la Comisión de Presupuesto, el flamante libertario José Luis Espert quien, en línea con la estrategia de Economía de demorar la nueva norma, decidió no convocar a su comisión para discutir este tema de manera conjunta con la de Previsión. Al no hacerlo, la firma del dictamen se retrasa y, por consiguiente, su tratamiento en el recinto.

La dilación de los tiempos por parte del Poder Ejecutivo se explica en función del afán del Ministerio de Economía por mantener el equilibrio en las cuentas fiscales. Las propuestas opositoras coinciden, con matices, en impulsar una nueva fórmula de actualización de los haberes atada al índice de precios al consumidor (IPC) con una compensación por la caída que sufrieron los ingresos por el fogonazo inflacionario del primer mes del año. El ministro de Economía, Luis Caputo, vetó esta posibilidad.

Aliado al Gobierno en esta pulseada, Espert estiró los tiempos y avisó que recién después de Semana Santa convocaría a la Comisión de Presupuesto. Los opositores lo fustigaron. “A este ritmo recién en junio tendríamos aprobada la nueva fórmula”, advirtió el diputado Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, quien no se privó de chicanear al oficialismo. “Dice que la casta tiene que trabajar: nosotros estamos aquí, Espert no, quizá ahora forma parte de la casta o estará muy ocupado en los canales de televisión proponiendo rebeliones fiscales y no está donde tiene que estar”, ironizó. El anuncio del Gobierno convirtió en letra muerta los tiempos que proponía Espert.

Desde Pro, María Eugenia Vidal no dejó pasar las palabras de Palazzo y le recordó al kirchnerismo que con la fórmula de movilidad vigente, sancionada durante el anterior gobierno –que combina la variación salarial y la recaudación de la Anses– los ingresos de jubilados y pensionados perdieron un 46% de poder adquisitivo. “Estamos frente a dos urgencias: la de los jubilados y la de un déficit fiscal y cuasifiscal, que en diciembre de 2023 terminó en 15 puntos. Y que es el origen de la inflación que estamos viviendo”, acicateó.

“No hay otro camino que ordenar las cuentas, pero al mismo tiempo estamos frente al problema de 7 millones de jubilados y pensionados que están en un atraso evidente frente a la inflación acumulada”, enfatizó la legisladora, quien propone actualizar mensualmente los ingresos jubilatorios con el índice de precios al consumidor que publica el INDEC, con una compensación por la inflación de enero del 20,6%. Además, propone un adicional anual en marzo de 30% entre la variación entre la variación salarial y el IPC.

“Porque si hay una deflación y hay crecimiento, esto permitiría que los ingresos jubilatorios no queden tan atrás”, sostuvo.

“No podemos dejar pasar por alto que hoy los jubilados son o vienen siendo los más perjudicados por el proceso de alta inflación que tenemos en la Argentina, que se ha acelerado con la devaluación de diciembre pasado, que en marzo del 2023 el haber mínimo que tenían los jubilados superaba en un 20% lo que era la canasta básica total, y hoy con bono o sin bono, está entre un 10% y un 15% por debajo de la línea de pobreza”, advirtió Ferraro, antes de que se conozca el anuncio del Gobierno.

En nombre de Unión por la Patria, la diputada Gisela Marziotta explicó su propuesta que, básicamente, preserva la actual fórmula de actualización, pero si ésta arroja un valor menor al índice de inflación, se aplique de manera automática (a manera de cláusula gatillo) el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec.

“La propuesta es mantener en beneficio la fórmula que actualmente tenemos y sumar una cláusula gatillo. No podemos permitir que se saque la única herramienta que nos queda en caso de que vayamos a un estancamiento de la inflación, o de la deflación, que yo no lo descarto”, enfatizó Marziotta.

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