Diputados kirchneristas buscan impedir que cierren los hoteles estatales de Chapadmalal y Embalse

Diputados kirchneristas pidieron este miércoles detener el cierre de los hoteles estatales de Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires) y Embalse (Córdoba) cuyas estadías rondan los $3000 la noche por persona. Una Cooperativa de Santa Fe habría recibido un comunicado en el que le informaron que no se podrán recibir más viajeros. La iniciativa contra el cese de actividades es de Eduardo Valdés, y lo acompañaron cerca de otros 30 legisladores.

Los hoteles buscaban brindar alojamiento a jubilados, pensionados y personas de bajos recursos. Fue esta semana que el Gobierno decidió que en marzo se avanzará con el cierre de estos dos complejos ubicados en el Partido de General Pueyrredón y en la provincia de Córdoba, respectivamente. Ambos fueron construidos durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón para promover el turismo social. Durante el gobierno de Alberto Fernández la Unidad Turística de Chapadmalal fue reformada y reinaugurada en 2022.

El diputado Valdés sostuvo que los afectados de esta medida “serán los sectores más humildes y quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social, impidiendo el goce de derechos que hacen a una calidad de vida digna y justa”.

En ese sentido, el legislador apuntó contra el flamante secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, que desembarcó en el gobierno de Javier Milei a mediados de este mes y la gestión de los hoteles depende de esa cartera. ”Me asombra no accione contra esta medida. Él conoce muy bien la historia y la relevancia que tienen ambos complejos para el turismo social y el acceso al derecho al esparcimiento de parte de los sectores populares de nuestro país”, dijo en declaraciones para Diputados TV.

Y agregó: “En Chapadmalal y en Embalse muchos argentinos vieron por primera vez el mar o las montañas, esos recuerdos son inolvidables y están grabados en la memoria emotiva de nuestra sociedad. Debemos impedir su cierre”.

Ambos hoteles se inauguraron en 1950 y 1951 como parte de la política de turismo social peronista, con el objetivo de que familias, estudiantes y jubilados de bajos recursos puedan viajar y cuyo alojamiento sea accesible.

En los fundamentos del proyecto, Valdés argumenta que el turismo social “ayuda a que cualquier persona, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, o impedimentos físicos o de cualquier otra índole, pueda acceder al derecho a gozar de vacaciones, del bienestar y de la recreación, del mismo modo que aquellas personas que no necesitan la asistencia estatal para gozar de esos derechos”.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de una treintena de diputados y diputadas entre los que pusieron su firma Victoria Tolosa Paz, Mónica Macha, Pablo Yedlin, Mónica Litza, José Glinski, Carolina Gaillard, Blanca Osuna, Julio Pereyra y Nancy Dand, entre otros.

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