Diputados: el proyecto para imponer restricciones por la pandemia cosecha rechazos y se anticipa una votación ajustada

Una vez más, la Cámara de Diputados se anticipa como un escollo para el Gobierno. Juntos por el Cambio anticipó su rechazo al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que pretende imponer restricciones en todo el país en virtud de la pandemia, posición que comparten otras bancadas opositoras, renuentes a apoyar una iniciativa que, a su juicio, vulnera la autonomía de las provincias –consagrada en la última sentencia de la Corte Suprema– y concede facultades excesivas al Poder Ejecutivo.

El bloque oficialista, que comanda Máximo Kirchner, con 117 diputados propios, debe conseguir al menos una docena de aliados para alcanzar el quorum. Ese número, por ahora, no está garantizado. El oficialismo confía en sumar el apoyo de sus aliados tradicionales y arañar la mayoría, pero nadie arriesga certezas. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, tiene un doble desafío por delante: no solo conseguir el quorum y sesionar, sino, además, sancionar la ley antes del 21 de este mes. Ese fue el plazo que se impuso el Gobierno, pues ese día pierden vigencia las últimas restricciones impuestas por el último decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente Alberto Fernández.

Desde Juntos por el Cambio, el presidente del interbloque de diputados, Mario Negri, anticipó el rechazo al proyecto oficial. “El Gobierno quiere actuar como si fuésemos un país unitario”, asestó y apuntó contra el artículo cuarto de la iniciativa, que establece que los gobernadores dictarán las medidas necesarias en virtud de la pandemia “como delegados del gobierno federal, conforme al artículo 128 de la Constitución Nacional”.

“Dice mucho este artículo 128 de nuestra Carta Magna: los gobernadores no son delegados del Gobierno, como pretende decir el proyecto del Ejecutivo. La Constitución los faculta, los empodera, para velar por el cumplimiento de la Carta Magna. Sobre todo, y antes que nada, para hacer respetar la forma de gobierno del artículo 1 que es representativa, republicana y federal”, enfatizó Negri.

En el mismo sentido se expresó Graciela Camaño, de Consenso Federal. “El oficialismo utiliza el artículo 128 de la Constitución Nacional para justificar, en nombre del gobierno federal, la aplicación de restricciones en una situación de emergencia, pero en el artículo cuarto transforman a los gobernadores en ‘delegados’ de ese gobierno federal. Un error garrafal”, sostuvo la legisladora, quien también cuestionó que la delegación de facultades al Poder Ejecutivo no tenga un plazo.

“El oficialismo intenta perfeccionar con una ley el instrumento jurídico para imponer restricciones, pero replica los vicios que tiene el actual DNU. Con lo cual, de aprobarse, la ley será inconstitucional”, advirtió Camaño, quien indicó, en este sentido, que la iniciativa contradice el último fallo de la Corte Suprema.

También Negri advirtió sobre la delegación sin límite temporal que pretende el Poder Ejecutivo, contradiciendo lo que dispone el artículo 76 de la Constitución Nacional.

“El proyecto establece que la duración de la delegación de facultades será igual a la duración de la emergencia sanitaria. Pero, curiosamente, la duración de la emergencia sanitaria la viene definiendo el propio Ejecutivo por DNU. Así, la delegación de facultades no terminará hasta que el Ejecutivo no haya determinado la finalización de la emergencia sanitaria. Esto es completamente contrario al espíritu”, sostuvo.

Además de Juntos por el Cambio y Consenso Federal, los cuatro diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti y los dos legisladores de Acción Federal, Felipe Álvarez y Antonio Carambia, se muestran renuentes a aprobar la iniciativa. Tampoco es seguro el apoyo de los dos diputados de izquierda, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano.

Así las cosas, el oficialismo deberá acudir a sus aliados más leales, entre ellos los seis diputados del interbloque Unidad Federal para la Equidad y el Desarrollo, que preside el mendocino José Ramón. “Nosotros vamos a dar el debate, porque este es un tema de Estado. En mi provincia el sistema sanitario está colapsado, desde el 5 de mayo pasado se produjeron 260 muertes. Estamos en una situación muy difícil y vemos que un sector de la oposición, encabezado por la líder de Pro [Patricia Bullrich] y el jefe de la UCR [Alfredo Cornejo] solo pretende condicionar al gobierno nacional”, enfatizó Ramón en diálogo con LA NACION.

El oficialismo también confía en sumar a dos diputados del interbloque Federal, los justicialistas Eduardo “Bali” Bucca, de Buenos Aires, y Andrés Zottos, de Salta. De hecho, Bucca había propuesto que las restricciones por la pandemia sean reflejadas en un proyecto de ley a ser discutido por el Congreso. “El Ejecutivo podría enviar al Congreso la propuesta sanitaria de corto y mediano plazo para transformarla en ley. Es el ámbito para debatir y potenciar una idea. Así vamos a evitar nuevas interferencias políticas que desvían la atención de lo importante”, había expresado Bucca en su cuenta de Twitter cuando estalló el conflicto con la Ciudad por la continuidad de las clases presenciales.

Aún con el apoyo de estos aliados, al oficialismo todavía le faltan unos pocos votos para alcanzar el quorum; para ello deberá disuadir a los legisladores todavía renuentes. Todo un desafío para Massa y Máximo Kirchner, apremiados por aprobar la ley en tiempo récord.

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