Diputados: el paquete fiscal del megaproyecto traba las negociaciones entre el oficialismo y los opositores dialoguistas

El clima de cordialidad se desvaneció cuando los interlocutores, reunidos en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comenzaron a abordar el paquete fiscal del megaproyecto de ley del Gobierno, el corazón de la iniciativa. De un lado de la mesa de negociaciones los delegados de la oposición dialoguista dejaron en claro que acompañarán la iniciativa siempre y cuando el oficialismo dé marcha atrás en dos puntos claves: la derogación lisa y llana de la ley de movilidad jubilatoria y la suba de retenciones en productos de las economías regionales.

Del otro lado de la mesa, los representantes del Poder Ejecutivo tomaron nota, aunque no mostraron demasiada disposición a aceptarlas. Ambos ítem –jubilaciones y retenciones– representan al menos un punto del PBI en la carrera hacia el déficit cero que obsesiona al presidente Javier Milei. “Propusimos vías alternativas, pero no hubo caso”, se lamentaban en la oposición. Igualmente, los delegados del Gobierno prometieron que darían una respuesta a más tardar el jueves próximo, tras consultar con los altos mandos de la Casa Rosada. Las conversaciones recomenzarán este miércoles.

El despacho de Menem fue, a lo largo de la jornada, un constante ir y venir de funcionarios y legisladores. El Gobierno presiona para apurar la media sanción de la ley en la Cámara de Diputados en lo posible antes del paro convocado por la CGT para el miércoles próximo. Menem insinuó la posibilidad de sesionar este sábado. “Difícil”, le respondieron los opositores, conscientes de que resta un largo camino en la negociación.

Al frente de la delegación del Gobierno, Pablo Quirno, secretario de Finanzas, llevaba la batuta; lo acompañaban Carlos Guberman, secretario de Hacienda, Martín Fariña, asesor de Federico Sturzenegger –autor intelectual del proyecto– y funcionarios de segunda línea del Ministerio de Economía. José Rolandi, vicejefe de Gabinete, seguía las conversaciones al detalle para transmitírselas a su jefe, Nicolás Posse, de gira junto al presidente Javier Milei en Davos. Estaba claro que en los temas más ríspidos la decisión de aceptar o no las modificaciones propuestas por la oposición los excedía.

Los bloques de la oposición dialoguista –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– acordaron armar un equipo negociador para evitar que el oficialismo intente quebrarlos con concesiones bilaterales. Del radicalismo participaron Lisandro Nieri, Alejandro Cacace, Danya Tavella y Karina Banfi; el bloque de Pro envió a Luciano Laspina, Diego Santilli y Laura Rodríguez Machado, mientras que la bancada que conduce Miguel Pichetto estuvo representada por Nicolás Massot, Emilio Monzó, Juan López y Paula Olivetto.

A la mesa de negociación llevaron el mismo libreto: las delegaciones legislativas deberán ser acotadas en materias y en plazo (a lo sumo un año, no cuatro como pretende el Gobierno); autorizarán eventuales privatizaciones de empresas públicas siempre y cuando sean por ley del Congreso; no avalarán una suba generalizada de las retenciones a las economías regionales como tampoco la derogación de la ley de movilidad jubilatoria.

Sobre este último punto, tanto Laspina como Cacace propusieron alternativas. “La eliminación de la ley de movilidad significaría un retroceso enorme para los jubilados y un ahorro significativo para el Gobierno a costa de ellos; hay que explorar una nueva fórmula de indexación mensual, atado al IPC, para que los haberes, no solo los de la mínima, no pierdan con la inflación”, sostienen.

Si bien en este tema las conversaciones parecen estancadas, en otros hubo avances. Por caso, en la cuestión del régimen de blanqueo de capitales que propone el proyecto. “En principio se aceptaría que exfuncionarios públicos y sus cónyuges que ejercieron en los últimos cinco años no puedan acogerse al régimen”, indicaron en la oposición. Respecto de la moratoria, se accedería a incluir algún tipo de incentivo para los contribuyentes cumplidores.

En las horas previas a la reunión con el Gobierno los jefes de los distintos bloques pactaron como estrategia llegar a la mesa de negociación con un compendio unívoco de propuestas para modificar el proyecto. La oferta básicamente consiste en aprobarle al Gobierno el paquete fiscal –con los cambios mencionados– y postergar para las sesiones ordinarias del Congreso, que arrancarán el 1° de marzo próximo, los capítulos que consideran menos urgentes, como la reforma política y electoral y los capítulos referidos a educación, salud y cultura.

Asimismo, propondrán eliminar del proyecto el artículo por el cual el Gobierno pretende la aprobación del megadecreto de necesidad y urgencia que emitió el presidente Milei para desregular la economía. “Ese es un tema que debe abordar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, no debe estar incluido en la ley”, sostienen los opositores.

Las cuatro bancadas dialoguistas reúnen poco más de 100 diputados; sin ellos, el oficialismo no tiene chance alguna de emitir un dictamen de mayoría, menos aún en tiempo récord. Aun así, en la oposición persisten los resquemores y las dudas. Temen que en un rapto de intransigencia el presidente Milei eche por tierra todas las negociaciones, se resista a aceptar las modificaciones propuestas y ordene a su tropa ir al recinto “a matar o morir” con el proyecto original.

“Será una decisión suya. Está claro que la oposición ha mostrado una predisposición más que generosa a mejorar el proyecto de ley. Ahora la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo”, advierten los opositores.

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