Diputados: el oficialismo postergó el debate de la ley ómnibus y peligra la aprobación del paquete fiscal que reclama Caputo

Quienes transitan hace años los pasillos de la Cámara de Diputados no disimulan su desconcierto. “Nunca vi una cosa así”, deslizan. Un dictamen de mayoría aprobado con fórceps entre gallos y medianoche con más disidencias que apoyos. Negociaciones y acuerdos a última hora que, llamativamente, no se reflejan en la letra chica del texto y un oficialismo que pretende, aun así, llevarlo al recinto la semana próxima a sabiendas de que no tiene los votos asegurados y que podría encaminarse hacia una derrota.

La ambiciosa “Ley de Bases” que envió el presidente Javier Milei al Congreso tiene pronóstico reservado. El clima se enrareció todavía más con la amenaza del ministro de Economía Luis Caputo de que recortarán más partidas a las provincias si algún artículo es rechazado; una advertencia que cayó pésimo entre los bloques dialoguistas que prestaron sus firmas al dictamen de mayoría pero resisten la suba de las retenciones y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el corazón fiscal del proyecto.

El Gobierno confirmó que no cederá pese a que los dialoguistas acercaron distintas alternativas para alcanzar el déficit cero este año, la obsesión de Milei y de su ministro Caputo. “A esta altura no está claro si el Gobierno quiere o no la ley. Hacemos lo imposible por acercar posiciones y, encima, nos maltratan”, despotricaba una diputada de Pro del sector más cercano al oficialismo.

La única sugerencia que aceptaron los libertarios de parte de los bloques opositores dialoguistas fue postergar el debate en el recinto para la semana próxima. La sesión sería el martes, aunque todavía la fecha no fue confirmada. De todo esto conversaron, en un bar tradicional de La Recoleta, la cúpula de los bloques de Pro y de la UCR y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Coincidieron en que la prioridad es ordenar la sesión y evitar que derive en un descalabro, máxime después del aquelarre que se vivió durante el plenario de la madrugada anterior en el que los libertarios lograron el agónico dictamen de mayoría.

El trámite del dictamen fue caótico. Mientras en el plenario de las comisiones se sucedían los discursos para ganar tiempo a la espera de juntar las firmas, en el despacho de Menem Santiago Caputo, hombre de su máxima confianza, iban y venían los legisladores de los distintos bloques dialoguistas para cerrar la redacción de las últimas modificaciones que, previamente, habían acordado los gobernadores de Juntos por el Cambio y el ministro del Interior Guillermo Francos. Sin esos cambios el dictamen no tenía luz verde.

“Caputo, un pibe que se dedica a la comunicación, era quien decidía qué quedaba y qué no en el dictamen. A la tarde se había acordado una cosa con Francos, pero después eso no se veía reflejado en el borrador del dictamen, con lo cual toda la negociación volvía a fojas cero. Nunca vi tanta improvisación”, criticaba por lo bajo uno de los dialoguistas.

Dos artículos desvelan a buena parte de los gobernadores, más allá del capítulo de la suba de las retenciones. Uno de ellos se refiere al destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses; uno de los ejes claves del acuerdo político de seis puntos que habían alcanzado el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, -en nombre de los mandatarios de JxC-, y la Casa Rosada. El Gobierno pretende trasladar al Tesoro los recursos multimillonarios de ese Fondo; las provincias lo respaldarían a cambio de que se reconocieran las deudas previsionales pendientes con los distritos y se asegure la compensación a las trece cajas jubilatorias no transferidas a la Anses.

Los gobernadores también acordaron con Francos que lo recaudado por el nuevo blanqueo sería coparticipado entre las provincias; el Ejecutivo pretendía engrosar con esos recursos el Banco Central. Nada de esto se reflejó en la redacción final del dictamen de mayoría. Igualmente, los dialoguistas accedieron a firmar el dictamen, con disidencias, para doblegar al kirchnerismo.

“Ayer se terminó muy tarde, no hubo tiempo de incluir estos puntos en el texto, pero el oficialismo se comprometió a incorporarlos en la media sanción durante el debate en el recinto”, indican en el radicalismo, conscientes de que firmaron un cheque en blanco.

En la bancada de Pro se desentienden de la cuestión. “Esa es una cuestión que deberán defender los gobernadores”, se despachan. Salvo Jorge Macri, alcalde de CABA, el macrismo no tiene gobernadores propios. El problema lo tiene la bancada de Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto, y la UCR: es allí donde los gobernadores de Juntos por el Cambio tienen más diputados.

En las vísperas del debate en el recinto, el clima es enrarecido y de fuerte incertidumbre. No ayudó en absoluto la embestida de Caputo contra los legisladores ante una eventual derrota parlamentaria. “El ministro de Economía que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores”, publicó Pichetto en su cuenta de X (ex Twitter) y agregó que tiene que “tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”.

En sintonía, el jefe del bloque radical Rodrigo De Loredo le advirtió al ministro Caputo que no avalarán “una suba de retenciones ni un ajuste a los jubilados”. “Le recuerdo que los ministros no son votados por la gente y están a disposición de decretos o de juicio político. Que los gobernadores, en cambio, sí han sido votados por el pueblo de sus distritos. Que la gente no votó un ajuste a los jubilados ni un aumento de retenciones. Esto tampoco es una amenaza, es una respuesta a todos los jubilados y productores que se preguntan si el ajuste volverá a caer sobre ellos o si verdaderamente se produjo un cambio”, retrucó el cordobés.

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