Diputados: se postergó la sesión para rechazar los gastos reservados de la SIDE, que ya usó el 80% de los fondos

El oficialismo ganó un primer round en la Cámara de Diputados y, con el guiño de un sector del radicalismo, logró que el resto de la oposición postergue para el miércoles próximo la sesión especial para rechazar el decreto de necesidad y urgencia por el cual el Gobierno aumentó en $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Así, los libertarios lograron ganar tiempo para mantener en pie el decreto y ejecutar el presupuesto asignado; de hecho, en solo tres semanas la SIDE ya gastó el 80% de esos fondos.

La sesión especial para rechazar el polémico DNU estaba prevista para este jueves; fue convocada por Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el sector del radicalismo más crítico del Gobierno. El oficialismo y sus aliados se negaron a incluir el tema en la sesión de este miércoles, que se extendió hasta la madrugada. Ante el riesgo cierto de un fracaso por falta de quorum, los impulsores del rechazo del decreto decidieron posponer el debate para la semana próxima.

Un sector del radicalismo, el más dialoguista con el Gobierno, fue clave para este desenlace. El oficialismo lo disuadió de rechazar el decreto de la polémica con la promesa de que convocaría a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, encargada de auditar los gastos reservados de la SIDE. La comisión se reunirá el próximo martes, a las 14.

Uno de los promotores del rechazo del DNU, e diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) apuntó, no sin cierta ironía, contra los aliados de Pro y la UCR que facilitaron la jugada dilatoria del oficialismo. “No hubo plata para los jubilados, para los docentes ni para las cajas previsionales de las provincias, pero sí para aviones de guerra y para espías. ¿Ese es el cambio? No es lo que militábamos en el espacio al que pertenecí (Cambiemos)”, fustigó.

Un puñado de diputados radicales que responde al senador Martín Lousteau, también contrario al decreto, le mandó un mensaje al oficialismo. “Si ustedes quieren sanear la economía lo van a tener que hacer respetando las instituciones democráticas, y eso implica también el control de los fondos negros de la SIDE”, enfatizó Danya Tavela.

La convocatoria a la Comisión Bicameral de Inteligencia está demorada desde hace meses por las diferencias en el seno del propio oficialismo sobre quién debería presidirla. Tal como contó LA NACION, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promueve para ese cargo al senador de Pro Martín Goerling; el asesor estrella de Milei y mencionado como el artífice del rediseño del sistema nacional de inteligencia, Santiago Caputo, auspicia al senador peronista (devenido aliado del oficialismo) Edgardo Kueider.

“Ese asunto todavía no está resuelto”, indicaron a LA NACION importantes fuentes del bloque Pro, que insisten en postular a Goerling para la presidencia de esa estratégica comisión bicameral pese a las presiones de la Casa Rosada para que desistan de esa candidatura.

Lo cierto es que, de no definir las autoridades, la comisión será una cáscara vacía. La jugada del Gobierno es estirar lo máximo posible los tiempos para evitar que el Congreso rechace el polémico decreto. La semana pasada, el kirchnerismo, junto al diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal), intentaron avanzar en el rechazo del dictamen en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero no obtuvo mayoría porque los dos representantes de la UCR acompañaron al oficialismo.

Mientras tanto, la SIDE consume de manera acelerada los gastos reservados asignados por decreto. Así lo denunció Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

“En solo tres semanas, se ejecutó el 80% de los 100.000 millones de pesos asignados a gastos reservados y secretos de la Secretaría de Inteligencia, fondos que el Gobierno se autoasignó a través de un DNU. Estos fondos se están utilizando sin control ni justificación legal alguna, con absoluta discrecionalidad”, denunció Ferraro.

“Están dilapidando tres millones de dólares por día en espionaje –advirtió el diputado de la Coalición Cívica–. Esto, además de peligroso, es profundamente inmoral. Ante esta situación, ningún bloque político del Congreso puede ser dubitativo ni complaciente. Es urgente declarar la invalidez y nulidad absoluta e insanable del DNU, no solo para frenar este derroche de recursos, sino también para que ninguna operación realizada bajo su amparo tenga validez y deba retrotraerse”.

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