Diputados: el oficialismo avanza en el proyecto que grava hasta el 35% las utilidades de las empresas

Pese a la crítica cerrada de la oposición de Juntos por el Cambio y Consenso Federal, el oficialismo avanzó en el dictamen que establece una escala de alícuotas del impuesto a las Ganancias para gravar las utilidades de las sociedades. Con esta iniciativa, que la oposición cuestiona por acentuar la presión tributaria sobre el sector privado, el Gobierno busca compensar la caída en la recaudación por la baja del impuesto a las ganancias a los asalariados votada el mes pasado.

El dictamen fue suscripto por la mayoría oficialista de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, que preside Carlos Heller. “Con estas tasas que estamos planteando, el ingreso real se incrementará en 2021 en alrededor de 45 a 50 mil millones de pesos, cifra equivalente a lo que se dejará de percibir por los cambios introducidos en el impuesto a las ganancias para personas”, exaltó Heller, quien rechazó las críticas opositoras.

“Según la CEPAL, la presión tributaria de la región 23%, en la Argentina es del 28.8%, un poquito menos que Uruguay y que Brasil, el más alto de la región, del 33,1%”, precisó.

El proyecto del Poder Ejecutivo establece un nuevo esquema de alícuotas escalonadas compuestas de tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad. Un primer escalón será de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones; el segundo escalón -de 30%- es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $20 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $20 millones.

Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%, a través del impuesto cedular vigente.

Según el oficialismo, sólo el 10% de las empresas pagará la tasa de 35% prevista en el proyecto, mientras que el 90% de las empresas pagará menos.

La oposición rechazó los argumentos del oficialismo. “Nosotros no acompañamos este proyecto por razones de orden macro y micro”, arrancó el diputado Jorge Sarghini, de Consenso Federal. “En primer lugar, la combinación de dos indicadores –la presión tributaria y el nivel de inversión- determina que no hay más margen para aumento de impuestos en la Argentina. Según datos oficiales, en el período 2004/2020, la presión tributaria creció 24%, el equivalente a 6 puntos del PIB. Hoy la inversión está en los niveles más bajos, apenas el 13,8%”.

“Este es un proyecto que no propone un alivio fiscal, como dice el oficialismo. Si se mantuviera vigente la actual ley, hoy todas las empresas pagarían el 25% del impuesto”, sostuvo.

Los diputados de Juntos por el Cambio coincidieron en que el proyecto oficial agravará la presión tributaria. El radical Alejandro Cacace se fundó, por caso, en el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que señaló que esta iniciativa redundará en un aumento de la recaudación del orden de $320 mil millones. “Se estará recaudando siete veces más de lo que se perderá por la baja en el impuesto a las ganancias para las personas. Se les ha ido la mano”, asestó.

El diputado Luis Pastori insistió que, si se mantuviera vigente la ley sancionada en 2017, que fue suspendida por un año cuando asumió Alberto Fernández, todas las empresas pagarían el 25% del impuesto sobre sus utilidades. “El 98 % del impacto lo van a sufrir las empresas que superen los 20 millones de pesos de ganancias, entre las cuales va a haber una gran cantidad de pequeñas empresas, además de muchas medianas. El último tramo de 35% de alícuota va a impactar en un 12% de las empresas, 17.127 casos. Este proyecto atenta contra la inversión, el crecimiento y la competitividad”, enfatizó.

“Todo lo que hace el Gobierno es destruir todo lo bueno que hizo el gobierno anterior –abonó Luciano Laspina, de Pro-. El año pasado la economía cayó 10 puntos y la presión tributaria creció al 32,4%. Estamos frente a un Estado voraz que sube impuestos, no solo la Nación, también las provincias y los municipios, como si el consumidor fuera un marciano”.

“En un país como la Argentina, en donde no hay crédito, la reinversión de utilidades es el motor esencial de la inversión, y con esta ley lo estamos atacando”, agregó.

Desde el oficialismo, el diputado Itai Hagman refutó las críticas opositoras. “La discusión no debe limitarse a subir o bajar impuestos. Es posible recaudar más y al mismo tiempo aliviar a la mayor cantidad posible de contribuyentes: esa es la naturaleza de cualquier impuesto progresivo. Es lo que plantea esta ley”, sostuvo.

El dictamen incluyó dos incorporaciones, según anticipó Heller. La primera es para favorecer la inclusión de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como director, directora, síndico, síndica o miembros del consejo de vigilancia de las empresas y se refiere a las sumas deducibles que se destinen al pago de honorarios a esos funcionarios.

“El monto fijo se incrementará en un 40% cuando su perceptor sea mujer y en un 60% si se tratara de travestis, transexuales o transgénero”, explicó Heller y aclaró que si ya hay cupo estos números se aplicarán sobre el excedente.

La otra modificación es para aclarar que el presente proyecto no modificará la tributación al 41,5% de las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos, máquinas electrónicas y/o de apuestas automatizadas de resolución inmediata o no y/o a través de plataformas digitales.

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