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Diputados: el Gobierno se rehúsa a avanzar contra la CGT y se posterga otra vez la discusión para limitar el poder de los sindicatos

Se suspendió por tercera vez consecutiva la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo y la UCR, Pro y la Coalición Cívica no lograron reformar la ley de Asociaciones Sindicales

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Delfina Celichini
Otro revés para Martín Tetaz, el radical que preside la comisión de Legislación del Trabajo en Diputados
Otro revés para Martín Tetaz, el radical que preside la comisión de Legislación del Trabajo en DiputadosSantiago Oroz - LA NACION

Se volvió a postergar la discusión de los proyectos para reformar la ley de Asociaciones Sindicales que buscan limitar el poder de los gremios. Por tercera vez consecutiva, y tan solo unas horas antes de la hora de la cita, se suspendió la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo que preside el radical Martín Tetaz. Tras un acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno se rehúsa a avanzar en detrimento de los gremios y frenó la reforma en el Congreso. Sin el aval de los cinco diputados libertarios, se obturó la firma de un dictamen de mayoría impulsado por la UCR, Pro y la Coalición Cívica (CC).

“Hay una intención de descomprimir pasando a otro tema”, indicó Tetaz a LA NACION. “Vamos a convocar una reunión para el martes que viene para tratar los expedientes de actualización de sentencias. Vamos a ver si conseguimos un dictamen con eso, descomprimimos este tema y volvemos después”, concluyó el radical. Hay tres proyectos en este sentido: uno de Tetaz, uno del petrolero chubutense Jorge “Loma” Ávila (Encuentro Federal) y otro de Verónica Razzini (Pro). Las iniciativas apuntan a modificar la fórmula de actualización de los montos indemnizatorios frente al retraso de los juicios laborales.

Según pudo saber LA NACION, el macrismo solicitó ayer durante la cumbre de legisladores amigos con los referentes del Gobierno que se avance en este sentido. No quieren quedar pegados a la decisión del oficialismo de pactar con la CGT. Por eso, después de que la Casa Rosada definiera postergar una reforma de la ley de Asociaciones Sindicales, el bloque que conduce Cristian Ritondo se apuró a sacar un comunicado para diferenciarse.

El pacto entre la CGT y la Casa Rosada no solo opaca el diálogo del Gobierno con los bloques aliados sino, también, entre el propio sindicalismo. Ayer se conoció la renuncia de Mario Manrique a su cargo de secretario gremial de la central gremial. El dirigente del Smata y diputado nacional de Unión por la Patria (UP) pegó el portazo después de hacer públicas sus diferencias con la conducción cegetista por la negociación que abrió con la gestión de Javier Milei. Podría seguirle sus pasos Pablo Moyano, crítico también de sus colegas del consejo directivo. Manrique es integrante de la comisión que preside Tetaz y en la que se intentó avanzar contra el poder de los sindicatos.

La discusión que no fue

La primera postergación de la Comisión de Legislación del Trabajo ocurrió el 24 de septiembre. Ese día se esperaba avanzar con un proyecto común entre la UCR, Pro y la Coalición Cívica (CC) que buscaba modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones. Sin embargo, el Gobierno comunicó que no estaba dispuesto a acompañar las reformas y se definió dilatar la discusión.

Sin el acompañamiento de los cinco libertarios que conforman la Comisión de Legislación del Trabajo -Pablo Ansaloni, Manuel Quintar, Marcela Pagano, Alida Ferreyra y Lorena Villavede-, la firma del dictamen se obturó. Con 12 representantes, la CC, el Pro y la UCR necesitaban del aval del oficialismo para obtener la mayoría de los 31 miembros. “No es el momento, no podemos pelearnos con todos al mismo tiempo”, argumentaron cerca de Martín Menem, el presidente de la Cámara.

Martín Menem y Cristian Ritondo
Martín Menem y Cristian RitondoFabián Marelli

La segunda postergación fue el 3 de octubre. Aquella vez, no hubo una explicación que justificara dicha decisión.

Las iniciativas frenadas apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios. Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.

En representación de los gremios existe una propuesta del diputado kirchnerista Hugo Yasky, secretario general de la CTA, que apunta a robustecer el derecho de libertad sindical, la estabilidad de la representación de sus dirigentes y la promoción de garantías de los empleados frente a despidos.

Entre otros, los principales argumentos a favor de las asociaciones sindicales se fundan en la inconstitucionalidad de algunas de las reformas, en el “rol social” de los sindicatos, en la autonomía de los gremios y en la presunción de que los proyectos en discusión en contra de los sindicatos tienen un “profundo sesgo antisindical”.

Delfina Celichini
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