Diputados | Dividida, la oposición busca acorralar a Milei por el escándalo cripto, pero no tiene los votos

El escándalo que protagonizó el presidente Javier Milei con la promoción de la criptomoneda $LIBRA –que derivó en una estafa multimillonaria en dólares- no tardó en resonar en el Congreso, donde la oposición, deseosa de colocar al presidente contra las cuerdas, insiste en iniciarle una investigación por su conducta. Empero, los distintos bloques difieren en la estrategia y, para peor, no tienen el número –por ahora- para avanzar.

El bloque de Unión por la Patria, en la voz de su jefe de bloque Germán Martínez, confirmó esta tarde que en las próximas horas presentará un pedido de juicio político al presidente Milei. Se trata de la sanción más dura que puede recibir un primer mandatario ya que, luego de un largo proceso de investigación y juzgamiento llevado adelante por ambas cámaras del Congreso, el acusado –en este caso el presidente- podría terminar destituido del cargo. No hay antecedentes en la historia argentina de un primer mandatario desplazado por un juicio político.

A sabiendas de que difícilmente esta estrategia de máxima pueda prosperar –se necesitan para ello los dos tercios de ambas cámaras- otros bloques opositores lanzaron la propuesta de conformar una comisión investigadora, para lo cual se necesita el aval de la mitad más uno de los presentes en el recinto. Lo difícil para la oposición no es alcanzar esta mayoría simple sino habilitar la sesión con 129 diputados que den quorum. Tarea harto difícil sin el apoyo de los bloques dialoguistas, por ahora renuentes a echar leña al fuego.

Desde Unión por la Patria no descartan estrechar filas con otros bloques para evaluar distintas alternativas si la propuesta de enjuiciar al presidente no reúne consenso. Lo importante, insisten bajo cuerda, es reunir una masa crítica de legisladores que permita crear en el Congreso un ámbito de investigación al presidente, sea la Comisión de Juicio Político o una comisión que se conforme ad-hoc.

“Se ha generado una estafa de enorme escala que tiene justamente Javier Milei a uno de sus partícipes necesarios –planteó Martínez-. Lo sucedido para nosotros es gravísimo al menos desde el punto de vista legal, del punto de vista político, del punto de vista institucional, que puede tener consecuencias graves para la Argentina. Nosotros estamos convencidos de que la herramienta institucional que más se adapta a este tipo de circunstancias es el instituto del juicio político. Y por eso vamos a avanzar en ese sentido”.

“Sabemos que se ha radicado más de un centenar de denuncias penales. Hay bloques parlamentarios que presentaron proyectos de creación de comisiones investigadoras. Hay otros que si no lo hicieron están pronto a plantear el camino de la interpelación. Compartimos con todos ellos el deseo de llevar a fondo una investigación”, enfatizó.

Los primeros en reclamar el juicio político al presidente Milei fueron los socialistas Esteban Paulon y Mónica Fein. “Lo que pasó es muy grave porque se trata de la participación necesaria del Presidente en una situación que terminó en estafa”, esgrimió el diputado santafecino.

Desde Democracia para Siempre –bloque que aglutina al radicalismo crítico del Gobierno-, su presidente Pablo Juliano lanzó la propuesta de una comisión investigadora en el ámbito del Congreso. Sería una instancia previa a la del juicio político que permitiría a los legisladores recabar pruebas y testimonios que, eventualmente, podrían servir de aporte a las pesquisas que lleve adelante la Justicia; en el caso de que estos elementos demuestren que hubo un delito, correspondería entonces la convocatoria a la Comisión de Juicio Político, explican en el bloque.

Desde Unión por la Patria creen que llevaría demasiado tiempo la constitución de una comisión investigadora y que, en cambio, la de Juicio Político ya está debidamente constituida. Además, es permanente. “La comisión de juicio político es una comisión investigadora de este Congreso para estos casos puntuales cuando se trata del presidente de la nación, la vicepresidenta, u otros ministros. Por eso, es la comisión que tiene competencia para intervenir en este asunto y llevar adelante la investigación”, insistió Carolina Gaillard (Unión por la Patria).

“La comisión investigadora tiene pleno poder para que todos estos sujetos que andan en las redes sociales diciendo cualquier barbaridad, vengan y nos lo digan a nosotros. Una vez que sepamos la verdad, el juicio político tiene que ser acompañado por la ciudadanía. Entonces, con este acompañamiento social, el número (dos tercios para enjuiciar) se podrá reunir, máxime si se descubre que efectivamente 87 millones de dólares o una parte de este monto fue o va a ir a parar a los bolsillos de los hermanos Milei”, explicó Juliano.

Cualquiera de las dos propuestas –la del juicio político o la de la comisión investigadora- requiere que una mayoría en el recinto le dé el primer empujón. La Comisión de Juicio Político es presidida por la libertaria Marcela Pagano, que la mantiene cerrada bajo siete llaves. Solo estaría obligada abrirla si fuese emplazada para hacerlo; para ello, los opositores deberán esperar a una próxima sesión y que haya quorum.

La creación de una comisión investigadora, en tanto, requiere el aval de las Comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales; la primera es presidida por Silvia Lospennato, una aliada del oficialismo. La segunda, por Nicolás Mayoraz, un libertario de la primera hora. En resumidas cuentas, salvo que el escándalo escale a niveles insostenibles –lo que no podría descartarse-, los caminos para poner a Milei contra las cuerdas en el Congreso están, al menos por ahora, plagados de obstáculos.

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