Diputados: tras un tenso debate, el oficialismo se alzó con el dictamen de la nueva Ley de Bases

Con el apoyo de un amplio sector de la oposición dialoguista, el oficialismo se alzó esta tarde, con 61 firmas, con el dictamen de mayoría de la versión acotada de la “Ley de bases”. El objetivo es llevarlo al recinto el lunes próximo para darle media sanción. Para la obtención del dictamen, el Gobierno realizó numerosas concesiones en la redacción del texto a lo largo de las negociaciones que mantuvo en el último mes con los bloques de la oposición dialoguista.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por acercar posiciones, el grueso del bloque de la UCR anticipó que planteará disidencias parciales al proyecto, mientras que los diputados Pablo Juliano y Fernando Carbajal votarán en contra. La bancada Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto, se mostró dividida: la Coalición Cívica y el socialismo, junto a Margarita Stolbizer, presentarán sendos dictámenes de minoría, mientras que el resto de sus integrantes plantearán disidencias en varios artículos. El bloque Innovación Federal, que representa a los gobernadores de Salta, Misiones y Neuquén, apoyó el dictamen pero planteará en el recinto incorporar algunos artículos.

Los bloques de Unión por la Patria y la izquierda, por su parte, ya anticiparon su rechazo al dictamen.

Así las cosas, el oficialismo solo cuenta con el apoyo incondicional de Pro, que suscribió el dictamen libertario. Esto augura una discusión compleja cuando el dictamen se discuta, artículo por artículo, durante la sesión en el recinto el lunes próximo. Una situación similar se vivió en enero pasado: en aquella oportunidad el oficialismo se vio obligado a dar marcha atrás con el proyecto original de la Ley de Bases ante el rechazo a varios de sus artículos por parte de la oposición. Tras aquel fracaso, el Gobierno redefinió su estrategia legislativa y reformuló la iniciativa con el aporte de los bloques de oposición dialoguista tras sucesivas rondas de negociaciones en la Casa Rosada.

Este nuevo texto contiene, entre sus puntos más relevantes, la inclusión de una reforma laboral acotada –que omite aquellos artículos que generan conflicto con los líderes de la CGT como la eliminación de la llamada “cuota solidaria” que financia las cajas sindicales-; un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que contempla un abanico de beneficios fiscales, aduaneros y tributarios para las grandes empresas como también la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda declarar sujetas a privatización una decena de empresas públicas.

En este punto, el de las privatizaciones, el oficialismo debió dar marcha atrás en privatizar el Banco Nación y a las firmas subsidiarias, entre ellas Nación Seguros. En la última versión del dictamen, al menos, esta entidad ya no figura en el listado de empresas a ser privatizadas.

También a instancias de la oposición dialoguista, el Gobierno accedió a recortar drásticamente el listado de empresas a ser privatizadas de manera total. Allí se incluyen Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo. En tanto, se propone que sean privatizadas de manera parcial las empresas AySA; Correo Argentino; Belgrano Cargas; Ferrocarriles (SOFSE) y Corredores Viales.

No fue la única concesión que debió hacer el oficialismo para obtener el dictamen. A última hora también dio marcha atrás con la consolidación de los títulos públicos en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS); debió ceder ante la presión de los gobernadores y de los diputados de Hacemos Coalición Federal que pretendían colar, en ese artículo, la obligación por parte de la Nación de cumplir con el pago de las deudas con las cajas previsionales no transferidas a la Nación.

Por otra parte, los bloques opositores también lograron incluir un régimen de Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito de los 30 años de aporte. Fue una demanda opositora ante la decisión del oficialismo de eliminar las moratorias previsionales.

Reforma laboral

Entre los puntos que mayor discusión genera figura el de la reforma laboral. En las negociaciones con los bloques dialoguistas se acordó que el período de prueba para los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado sea de seis meses, con la posibilidad de elevar este plazo a ocho meses o un año para las PyME según sea su tamaño. Asimismo, se incorpora la creación de un fondo de cese laboral, un mecanismo alternativo para el pago de indemnizaciones y deberá ser constituido mediante convenio colectivo de trabajo.

Por otra parte, se establece la eliminación del pago de multas por el trabajo no registrado por parte de los empleadores, una demanda del sector empresario.

Desde Unión por la Patria buscaron sembrar dudas y sospechas sobre presuntas coimas para que este capítulo sea incluido en el proyecto.

“La reforma laboral del 2000 se llevó puesto un vicepresidente de la Nación por coimas en el Senado. Los que estaban detrás de (Alberto) Flamarique (exministro de Trabajo durante la gestión de De la Rúa) son los mismos que están detrás de esta reforma laboral. Guarda con lo que suceda en las próximas 72 horas porque podríamos estar frente a una situacion de lobby nunca vista en la Argentina”, exclamó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Por otra parte, todos los bloques opositores -incluido Unión por la Patria- también insistirán en incluir en el proyecto el capítulo impositivo al tabaco, que estaba contemplado en la iniciativa original pero que, llamativamente, el Gobierno decidió eliminarlo pese a los reclamos en contrario. Los opositores insistirán en eliminar el impuesto mínimo y subir de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno. El propósito es poner en pie igualdad a toda la industria y hacer que todas las empresas paguen lo mismo.

“Insistimos en la necesidad de un mismo tratamiento impositivo a contribuyentes que son exactamente lo mismo”, planteó el radical Lisandro Nieri. El legislador anticipó que su bloque presentará una serie de disidencias en el dictamen: propondrá que se integre en el régimen de promoción de inversiones a las economías regionales, para que también éstas sean beneficiadas con beneficios fiscales. También insistirá en ir más allá con la reforma laboral.

“Somos más ambiciosos: proponemos bajar aún más la presión impositiva sobre impuestos al trabajo y considerar un mínimo no imponible para los primeros 5 empleados de cada empresa”, insistió y repitió que insistirán en la eliminación de la detracción compulsiva de la cuota sindical de los asalariados.

Desde el bloque de Hacemos Coalición Federal, el diputado Oscar Agost Carreño puso el foco en otro de los puntos más controvertidos del proyecto: la facultad que se arrogaría el Gobierno, con la ley sancionada, de modificar o eliminar funciones y competencias de los distintos organismos que integran el sector público. Si bien excluyó un amplio número de dependencias, esta bancada insistió en que en ese listado se sumen el INTI y los institutos del Teatro y de la Música.

Esta bancada también incluyó artículo para que se contemple la recomposición de los haberes jubilatorios por la pérdida sufrida durante el mes de enero pasado, cuando la inflación trepó al 20.6%. Sin embargo, no lo planteará en el recinto para no enturbiar el debate, a sabiendas que el oficialismo lo resiste de plano. “Este lunes en la sesión propondremos emplazar al presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, para que la convoque de manera urgente así podemos avanzar en un dictamen y llevarlo cuanto antes al recinto”, anticipó el diputado Nicolás Massot.

La Coalición Cívica, si bien comparte estas disidencias de sus colegas de interbloque, presentará dictamen propio. En la voz de Juan López, anticipó que no votará delegaciones legislativas al Ejecutivo y que, junto con sus pares de bancada, propondrá aumentar el impuesto al juego, una iniciativa del diputado Ricardo López Murphy. Asimismo propondrá un artículo por el cual conmina al Poder Ejecutivo a que, en un plazo de 30 días, envíe un proyecto por el cual se supriman o modifiquen los gastos tributarios, que priva al Estado de una recaudación de al menos un 2% del PBI.

“Incluso el Fondo Monetario le pide al presidente Javier Milei que sea más sofisticado el ajuste, que no sea tan burdo: nosotros estamos aportando algunos instrumentos para sofisticar el ajuste, que no puede ser cruel”, planteó López.

Debate tenso

El arranque del debate comenzó con fuertes cruces entre el oficialismo -y el bloque aliado de Pro- y el kirchnerismo que, junto con los diputados de izquierda, cuestionaron que la discusión haya empezado sin tener en sus manos el texto de la iniciativa consensuada. En rigor, éste recién se conoció a primera hora de hoy, ya que hasta anoche continuaban las negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

“¡Que se pase a un cuarto intermedio!”, clamó el diputado de izquierda Cristian Castillo.

“No sabemos qué estamos discutiendo. Entendemos que la base de este debate es la iniciativa que discutimos en enero pasado, pero aquí se incluyó a última hora una reforma laboral de la que no tenemos información”, cuestionó el diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria.

Quien ofició en defensa del oficialismo fue la diputada de Pro Silvia Lospennato, quien desestimó los planteos. “Venimos discutiendo este asunto desde enero pasado”, replicó, tras lo cual le reclamó al kirchnerismo “un poco de decoro”. “Ustedes tuvieron durante 20 años la posibilidad de hacer un país distinto; hoy uno de cada dos argentinos están en situación de pobreza; deberían tener un poco de decoro y escuchar la propuesta de otro, que es el programa que decidió la mayoría de los argentinos”, enfatizó, tras lo cual exaltó los consensos alcanzados con el Gobierno.

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