Diputados | Con el apoyo de Pro y un sector de la UCR, el Gobierno busca apurar la privatización de Aerolíneas Argentinas

Tras anunciar la privatización de la empresa de ferrocarriles Belgrano Cargas, el oficialismo apura otra privatización: la de Aerolíneas Argentinas. Durante la reunión que ayer mantuvieron representantes de Pro, MID y del radicalismo con delegados del Gobierno en la Casa Rosada, se acordó que la semana próxima un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara de Diputados avance en un dictamen para declarar a la empresa aérea sujeta a privatización.

Sin embargo, la cuestión no se presenta tan simple. El oficialismo no tiene asegurados los votos para garantizarse un dictamen de mayoría en ambas comisiones, lo que augura posibles complicaciones para votarlo en el recinto. Ni qué hablar del Senado, que durante la discusión de la Ley Bases excluyó expresamente a Aerolíneas del listado de empresas a ser privatizadas.

Sin una ley del Congreso que habilite del proceso de privatización, el Gobierno está atado de pies y de manos para avanzar en sus propósitos. En efecto, la ley de Reforma del Estado, aprobada en los albores de la gestión de Carlos Menem, establece en su artículo 9 que si bien el Poder Ejecutivo puede declarar sujeto a privatización (sea total o parcial) una empresa del Estado, esta medida debe ser “en todos los casos” aprobada por ley del Congreso. Ergo, si no hay ley, no hay privatización.

Hace casi un mes, en pleno conflicto con los gremios aeronáuticos, el Gobierno dio el primer paso al dictar el decreto 873/24 por el cual declaró a la compañía aérea sujeta a privatización. Argumentó que el Tesoro Nacional no está en condiciones de ocuparse de una empresa “altamente deficitaria” y adjudicó que quienes la mantienen son los argentinos a través de un aporte de más de cientos de millones de pesos.

Ahora el Gobierno pretende que el Congreso sancione la ley correspondiente. Hay dos proyectos presentados en ese sentido, uno elaborado por Hernán Lombardi (Pro) y el segundo por Juan Manuel López (Coalición Cívica). Los dos apuntan a declarar sujeta a privatización de Aerolíneas Argentinas aunque López, más específico, establece que el procedimiento debe seguir las pautas que fija no solo la ley de Reforma del Estado (como propone Lombardi) sino también la Ley Bases aprobada en junio pasado.

“El proceso de privatizaciones regulado en la ley de Reforma del Estado fue mejorado en la Ley Bases gracias a los aportes que hizo la Coalición Cívica para garantizar que estos que éstas se lleven a cabo de manera transparente, preservando el interés económico del Estado y del mercado en general”, justifica López en su proyecto.

Además de las diferencias en el texto del dictamen, está la cuestión de los apoyos. El oficialismo espera contar con el respaldo de Pro, de un sector de la UCR y de la Coalición Cívica, pero esos votos no alcanzan por ahora. La presidenta de la Comisión de Transporte, Pamela Verasay -quien responde al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, cercano a las políticas del Gobierno- se reunió esta tarde con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para definir los pasos a seguir. Hasta anoche el plenario de comisiones no había sido convocado.

El interrogante es cómo actuarán el bloque Encuentro Federal y los doce diputados radicales enrolados en la flamante bancada Democracia para Siempre, críticos del Gobierno. Son claves para inclinar la balanza a favor o en contra del inicio del proceso de privatización.

Desde Encuentro Federal, el diputado Nicolás Massot planteó sus reticencias a los proyectos de Lombardi y de López. Alegó que, así como están planteados, ambos están “incompletos”. Vale recordar que esta bancada, con Miguel Pichetto a la cabeza, avaló en su momento la postura del Senado de excluir a Aerolíneas Argentinas de la Ley Bases.

“La discusión que se dio en la Ley Bases fue de metodología. Es evidente que se cometieron excesos en los procesos de privatización que se hicieron en el pasado, y todos ellos se hicieron con una ley idéntica a los proyectos que presentaron Lombardi y López”, advierte Massot. A su juicio, el proyecto de ley debería incluir la metodología y procedimiento que pretende llevar adelante el Gobierno para privatizar la compañía, es decir, si apunta a una privatización total o parcial, a una concesión para su administración, u otra variante.

Desde el oficialismo plantean que la ley de Reforma del Estado no exige estas precisiones para declarar la privatización de una empresa y alegan que, en todo caso, la Ley Bases establece que será la Comisión Bicameral de Control de las Privatizaciones la que supervisará el procedimiento que finalmente escoja el Poder Ejecutivo. El problema es que ya pasaron cuatro meses desde la sanción de la Ley Bases y el oficialismo sigue demorando la integración de esta comisión estratégica.

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