Diputados: avanza el proyecto de “ficha limpia” para que los condenados por corrupción no sean candidatos

A instancias del oficialismo y de un amplio abanico de bloques de la oposición dialoguista, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados logró avanzar en un dictamen sobre “ficha limpia”, una iniciativa que impide a personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción a postularse como candidatos a cargos públicos.

La última vez que la oposición intentó aprobar este proyecto fue en 2019, en vísperas de la asunción del presidente Alberto Fernández. La negativa sistemática del kirchnerismo frustró los sucesivos intentos opositores por impulsarlo. Cinco años después, una nueva mayoría conformada por La Libertad Avanza, Pro, UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal le dio nuevamente impulso en el plenario de comisiones que presidió el diputado libertario Nicolás Mayoraz.

Quien fervorosamente celebró este avance fue una de las promotoras de la iniciativa, la diputada Silvia Lospennato (Pro), quien destacó la perseverancia del Movimiento Ficha Limpia –encabezado por Gastón Marra, Fanny Mandelbaum y Gustavo Mena, exdiputado nacional y actual vicegobernador de Chubut– para que el dictamen, con el apoyo de medio millón de firmas ciudadanas, finalmente diera a luz.

“Todos estos años no teníamos el número necesario para que esta ley pasara. Hoy tenemos los diputados necesarios para, en los próximos días, tengamos media sanción del proyecto de ficha limpia”, enfatizó Lospennato, quien enumeró que al menos media docena de provincias –Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe– y unos 40 municipios tienen una legislación similar.

“La corrupción erosiona las bases de la legitimidad democrática, hace que los ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones. La ficha limpia es constitucional porque todos los derechos son relativos, incluso el de elegir y el de ser elegidos –sostuvo–. No desconocemos que es complicado poner restricciones a los derechos electorales, pero esas restricciones están contempladas en los tratados internacionales que suscribió nuestro país, en particular el Pacto de San José de Costa Rica. Y la restricción allí incluida es condena penal por juez competente. Sin condena penal, es decir, en la instancia de una imputación o procesamiento, sería inconstitucional”.

Lospennato indicó que, para dotar al proyecto de un grado de certeza mayor, se acordó que en el dictamen se incluyera la condena confirmada, es decir, ratificada en segunda instancia. Concretamente, la restricción se extenderá “desde el dictado de una sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”.

Por su parte la radical Karina Banfi explicó que si bien en un primer momento se había barajado la posibilidad de ampliar la ficha limpia a las condenas por otros delitos, finalmente el dictamen se acotó al de corrupción para evitar una eventual judicialización de la ley una vez que se apruebe.

“Sin duda hay una infinidad de tipos penales que podrían estar incorporados, pero esto hubiese demandado un trabajo de concertación entre los distintos legisladores y no podemos esperar para dar una respuesta rápida y contundente a la sociedad”, enfatizó la diputada radical.

El dictamen no tuvo respaldo unánime: el bloque de Unión por la Patria firmó un dictamen propio que establece que solo una condena firme de la Justicia –es decir, cuando estén agotadas todas las instancias en la Justicia– debería restringir la postulación de un candidato. Además, incorpora en los alcances de la “ficha limpia” los condenados por delitos económicos, como violaciones a los regímenes cambiario y aduanero, entre otros.

Críticas y elogios

“Cuando hay corrupción, hay quien recibe y quien ofrece, en su mayoría del sector económico”, planteó la diputada Mónica Litza, quien propuso también incluir los condenados por eludir obligaciones tributarias por medio de empresas off shore.

“Esta es una cortina de humo, es un proyecto totalmente inconstitucional y así va a ser declarado porque vulnera el principio de inocencia”, agregó, por su parte, el diputado Carlos Soria. Por su parte, Eduardo Valdés sostuvo que “no hay ficha limpia con justicia sucia”. “Mauricio Macri fue procesado por el juez Oyarbide, un juez que era muy cuestionado. Luego la cámara ratificó. La voluntad popular, ¿tuvo en cuenta el doble procesamiento de Macri? No, ganó la elección”, acicateó.

También el radical Fernando Carabajal planteó disidencias en un dictamen propio. Consideró que el dictamen de la mayoría, al limitar la “ficha limpia” al delito de corrupción, “es absolutamente insuficiente”. “Ser corrupto es grave, pero ser narcotraficante o pedófilo o asesino ¿es menos grave? Todo ese universo de delitos está excluido”, sostuvo el legislador, quien propuso incorporar aquellos delitos que en Código Penal prevén condenas superiores a los tres años.

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto respaldó el dictamen de la mayoría aunque apuntó contra “aquellos jueces que especulan políticamente” cuando aceleran o no los procesamientos en los que están involucrados dirigentes políticos. “Está bien que demos respuesta a los ciudadanos, pero esta iniciativa nos interpela a no seguir designando jueces que son parte del problema”, sostuvo.

También la diputada radical Danya Tavella apoyó el dictamen, aunque admitió que le gustaría que las restricciones que prevé la “ficha limpia” incluyera a los funcionarios designados “a dedo” por el Poder Ejecutivo y que hayan recibido condena, no solo aquellos que aspiran a ocupar un cargo electivo.

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