Diputados apura el Código Procesal Penal

A toda marcha, el oficialismo en la Cámara de Diputados aprobó ayer en comisión un paquete de proyectos de ley que dota de mayor poder a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó -cercana al Gobierno-, y habilita la designación de 2300 nuevos funcionarios judiciales. Asimismo, se le confiere al Consejo de la Magistratura -hoy dominado por el kirchnerismo- la potestad de nombrar jueces subrogantes tanto en las instancias inferiores como superiores de la Justicia.

Los proyectos, que ya cuentan con media sanción del Senado, se trataron ayer en un plenario de comisiones y, sin pérdida de tiempo, el oficialismo los llevará al recinto el miércoles próximo para convertirlos en ley. El apuro se explica por la obsesión del kirchnerismo de asegurarse un blindaje judicial antes de las elecciones presidenciales de octubre próximo y del consecuente recambio legislativo.

La oposición, en minoría, anticipó su rechazo al paquete de proyectos del oficialismo. Denunció que la presidenta Cristina Kirchner y su gobierno pretenden tejer una estructura judicial afín que les garantice impunidad una vez que abandonen el poder, el 10 de diciembre próximo.

El paquete de iniciativas está integrado por el proyecto de implementación del Código Procesal Penal de la Nación, que entrará en vigor en marzo próximo sólo en la justicia nacional de la Capital Federal; la reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; una ley de "organización y competencia de la justicia federal y nacional penal", y modificaciones al Código Penal en materia de extinción de la acción. Por cuerda separada se debatió también un nuevo régimen de subrogancias, todos con media sanción del Senado desde la semana pasada.

Este último fue el primero que se puso en debate ayer en comisión. Se trata de un proyecto por demás polémico porque, a juicio de la oposición, le permitirá a la mayoría oficialista que hoy tiene el Consejo de la Magistratura designar a los jueces subrogantes. En efecto, la iniciativa dispone que cuando se trate de jueces de instancias inferiores a la Corte Suprema, con licencia inferior o igual a 60 días, la designación será realizada por la cámara del fuero con comunicación inmediata al Consejo de la Magistratura la cual -y aquí está el punto de discordia- podrá ratificarla o modificarla.

Poco después, la oposición cuestionó la nueva ley orgánica del Ministerio Público. En esta línea, insistieron en que el proyecto oficial otorga "excesivas atribuciones" a la Procuraduría General, hoy en manos de Gils Carbó, en la mira por la designación de fiscales "afines" al Gobierno. "Se le otorga un cúmulo de atribuciones que no se contrapesa ni balancea con ningún tipo de control interno y externo", se quejó el radical Manuel Garrido. En el mismo sentido se expresó su par Pablo Tonelli (Pro): "Se le conceden a la Procuración atribuciones excesivas y discrecionales incompatibles con el rol del Ministerio Público que marca la Constitución", dijo.

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