Diputados aprobó un plan para la regularización de la tenencia de armas y prorrogó el programa de entrega voluntaria
La propuesta tuvo 142 votos a favor, 89 en contra y una abstención; propone que aquellas personas que no estén registradas acorde a la normativa puedan hacerlo de forma “ágil y sencilla”
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En la misma sesión que fue aprobada la Boleta Única Papel (BUP), la Cámara de Diputados también le dio el visto bueno a un proyecto del Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas, así como a una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria. La iniciativa oficial plantea un procedimiento “ágil y sencillo” para normalizar la situación de quienes poseen este tipo de elementos y no están registrados conforme a la normativa vigente.
La propuesta, que tuvo 142 votos a favor, 89 en contra y una abstención, se trata de una modificación a la ley 26.216 de Armas de Fuego firmada en mayo por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el por entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse, y el presidente Javier Milei.
De acuerdo a los cambios en la legislación, en caso de que sean convalidados en el Senado, habrá un plazo de 30 días para la readecuación. En ese período, quienes tengan armas no autorizadas deberán presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que deberá realizar una campaña de difusión al respecto.
“Tener un arma es legítimo hace 50 años en la Argentina, pero para ser legítimo usuario hay que cumplir requisitos físicos, psicológicos, informar el arma, que no esté buscada por cuestión delictiva y que el usuario no tenga causas penales”, expresó durante el debate la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, quien recordó que “en pandemia no se pudieron renovar muchos registros de armas, el cual es cada cinco años” y aclaró que “tenerla no registrada es incurrir en un delito”.
En ese sentido, la diputada del Pro aseguró que el proyecto traerá “dos soluciones”, entre las que mencionó la entrega voluntaria de armas que se dejaron de usar por la cuestión que sea” y la regularización de armas no registradas. Sin embargo, reparó en que la nueva normativa no modifica la portación, sino que normaliza “el legítimo usuario o autorizar que se entregue un arma”.
En oposición, el legislador de Unión por la Patria Martín Soria remarcó que “en la Argentina se producen ocho muertes por día a causa de armas de fuego y uno de cada cuatro femicidios” se cometen con ese tipo de instrumentos. En ese tono, consideró que “resulta una obligación y un deber que el Estado nacional que se profundicen las políticas tendientes a eliminar la circulación de armas de barrios”.
“No vamos a poder estar acompañando el dictamen de mayoría y por eso hemos presentado un dictamen de minoría. Se centra básicamente en un punto muy importante y es la posibilidad de las regulaciones exprés que genera el dictamen de mayoría porque se permite que una persona sin autorización pueda tener armas en la Argentina. Al dictamen le falta el control y la fiscalización de la ANMAC porque el registro se puede hacer, según el proyecto del oficialismo, de forma digital sin control alguno”, argumentó.
Tras la aprobación, el diputado del Pro Cristian Ritondo celebró la decisión y, en sus redes sociales, destacó que “el 99% de los delitos con armas de fuego se cometen con armas ilegales” y que a partir de esta ley “se va a dejar de perseguir a los usuarios legítimos y a meter presos a los delincuentes”.
En paralelo, el cuerpo aceptó una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. En este relanzamiento, además de voluntaria y anónima, la entrega será “a cambio de un incentivo”.
De acuerdo a los datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga se había votado en septiembre de 2022.
Aprobaron la ley antimafias
En una extensa jornada de debate, la Cámara baja respaldó además el proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también conocido como ley antimafias. La iniciativa impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contó con 137 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención.
El proyecto en cuestión propone imponer la pena más alta que prevé el Código Penal –que va de ocho a veinte años- a todo aquel que pertenezca a una organización criminal que se dedique a delitos graves como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, homicidios, pornografía infantil, tráfico de órganos, secuestros, entre otros.
Durante el debate en el recinto se sumaron a la lista “los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito”. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos, que contempla las penas por su comercialización.
La diputada Laura Rodríguez Machado aclaró que se quitarían de la lista los delitos de “amenazas, daños e intimidación pública, porque son delitos comunes y existía la sospecha que fueran utilizados por las organizaciones. “Como no es la voluntad de la ley, lo vamos a retirar”, precisó.
También desde el Pro, Silvana Giudici (Pro) valoró la posibilidad “de poder colaborar para que la Argentina sea un país distinto”. “Esta ley trabaja donde más le duele a los criminales, en el bolsillo. Por primera vez se anunció que no hubo homicidios en Rosario, esto se logró en coordinación con el gobernador de Santa Fe. Es un rumbo para que la Argentina no vuelva hacia atrás”, agregó.
Por otro lado, el diputado de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez consideró que la iniciativa presenta “problemas dogmáticos y de orden constitucional”. En sintonía, su par de bloque Eduardo Valdés criticó a Bullrich: “¿Le queremos dar súper poderes a quien fue la responsable del operativo del 12 de junio en la Plaza del Congreso con brutales actos de represión injustificados y a quien, en pos de buscar impacto en la opinión pública, mintió descaradamente cuando afirmó que habían detenido a cuatro personas que operaban para Hezbollah, pero que fue desmentida por la fiscalía?”.
“Este proyecto de supuesto combate contra el crimen organizado se contrapone con el actual blanqueo impulsado por el Gobierno y aprobado hace dos meses atrás. Me opongo a un proyecto que nada tiene de abordaje integral al crimen organizado y cuyo único fin es otorgarle a Patricia Bullrich, facultades exorbitantes para actuar sobre la propiedad, intimidad y libertad de las personas”, enfatizó.
LA NACION
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