Diputados aliados al oficialismo presentaron finalmente el proyecto para derogar las PASO
Advierten que el sistema de internas abiertas “se ha desvirtuado” y proponen eliminarlo; el oficialismo duda en avanzar, mientras que Juntos por el Cambio rechaza la iniciativa
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Cuatro diputados nacionales aliados del oficialismo presentaron finalmente este miércoles el proyecto de ley para derogar las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO. Lo hicieron, tal como había anticipado LA NACION, una vez que trató y aprobó en la Cámara baja el presupuesto 2023. La iniciativa incluye una modificación de rigor a la ley orgánica de los partidos políticos.
El proyecto fue firmado por los diputados rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo; y por los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández. En sus fundamentos, advierten que el sistema de las PASO “se ha desvirtuado” y citan una iniciativa similar de su colega Pablo Tonelli (Pro), cuando esa fuerza exploraba alternativas para buscar la reelección del entonces presidente Mauricio Macri.
La derogación o suspensión de las PASO -en este caso “por única vez” para 2023- genera debate dentro del Frente de Todos, la coalición gubernamental, entre aquellos que avalan la iniciativa desde cercanías del kirchnerismo y el massismo; y los que, como el presidente Alberto Fernández, se pronuncian por el mantenimiento de las internas para dirimir las candidaturas de cara a las próximas elecciones.
Por su parte Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, rechaza la derogación de las PASO y reivindica el mecanismo electoral -instrumentado por el kirchnerismo desde 2011- como una forma de competir de cara a la sociedad por las postulaciones de la fuerza, tanto en la categoría presidencial como en las gobernaciones y los municipios. La caída de las PASO perjudicaría al conglomerado opositor.
En una entrevista que ofreció esta semana a una radio, el diputado Máximo Kirchner planteó otra discusión en torno a las PASO: dijo que habría que analizar la posibilidad de que se realicen más cerca en el calendario con las elecciones generales. La agrupación La Cámpora, que él conduce, ya había deslizado su postura favorable a alterar el cronograma electoral de 2023, pero hasta ahora no pasó de los tanteos.
El Presidente y sectores disidentes del kirchnerismo dentro del FDT, entre ellos el Movimiento Evita, propugnan por el mantenimiento de las PASO como una forma de evitar que la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo tengan en 2023 el monopolio de las lapiceras para anotar las candidaturas del espacio. El tercer socio de la coalición gubernamental, Sergio Massa, aún no se pronunció al respecto.
Pero en el oficialismo, sobre todo el que tiene representación legislativa, gana terreno el argumento de que las PASO tienen un costo económico que podría ahorrarse en caso de suspenderlas o derogarlas, en momentos en que el Gobierno busca poner orden en las cuentas públicas. Los propios Di Giacomo, Domingo, Sartori y Fernández apelan a esta idea en los fundamentos del proyecto que presentaron finalmente este miércoles.
Los cuatro diputados integran el interbloque de Provincias Unidas, que se comporta como aliado del oficialismo en la Cámara baja pero que no vota a rajatabla todas las iniciativas del Frente de Todos. Di Giacomo, Domingo, Sartori y Fernández vienen de apoyar la sanción del presupuesto 2023. Incluso uno de ellos, Sartori, fue clave para que el oficialismo emitiera el dictamen en la comisión de presupuesto.
Los diputados afirmaron que “se ha desvirtuado la finalidad de las PASO porque mientras que algunos las ven como una interna financiada por el Estado, otros las critican por configurar una elección general anticipada; de tal modo, se cuestiona que no sirven a su finalidad cuando los partidos políticos se presentan con lista única, e incluso se objeta que interfieren en la vida interna de los partidos”.
También retomaron un argumento que Di Giacomo había utilizado en Río Negro para derogar las PASO provinciales cuando era ministro de gobierno local: “que atentan contra la gobernabilidad e incluso resultan inconstitucionales (...), ya que al extenderse el plazo del período electoral (y de la campaña), más allá de lo razonable (....) licúa el poder del Gobierno hasta el traspaso del mando”.
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