Diputados activa el debate sobre el ajuste en los gastos tributarios que impulsa Massa

A instancias del ministro de Economía, Sergio Massa, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzará mañana a debatir un capítulo del proyecto de ley de presupuesto 2024 que envió al Congreso. Se trata de una “separata” de gastos tributarios y distintos beneficios a empresas y sectores económicos con la que el ministro y candidato presidencial oficialista busca socializar un ajuste fiscal para el año próximo.

Según las estimaciones realizadas por el Palacio de Hacienda, esos gastos tributarios sumados a otros beneficios impositivos suman alrededor de unos $16,5 billones, que representan 4,72 puntos del PBI. Si estos beneficios impositivos se eliminaran del presupuesto las cuentas públicas cerrarían con un superávit fiscal del 1%, según las estimaciones del ministro de Economía. Caso contrario, el rojo fiscal sería del 0,9% del PBI, que es la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la oposición de Juntos por el Cambio están en alerta; si bien coinciden en la necesidad de discutir estos gastos tributarios por el impacto negativo que tienen en la recaudación, no están dispuestos a ser copartícipes del ajuste que, a su juicio, debería ser responsabilidad del ministro de Economía. Por de pronto, los diputados de JxC, a propuesta de Juan López (Coalición Cívica), reclamarán un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la asistencia efectiva que reciben los sectores productivos beneficiados en relación con el valor que agregan a la economía.

Presencia de funcionarios

En el arranque del debate en la Comisión de Presupuesto –que preside el oficialista Carlos Heller- estarán presentes el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto; el titular de la Aduana, Guillermo Michel; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, ambos funcionarios del Ministerio de Economía.

En el mensaje del proyecto de ley de presupuesto, el Ministerio de Economía detalló los distintos beneficios impositivos pasibles a ser recortados. Entre ellos destaca los siguientes:

• Exención de inmuebles rurales en el Impuesto sobre los Bienes Personales: representa un 0,48% del PIB. Sólo con relación a inmuebles rurales localizados en el exterior, la titularidad se concentra en 450 personas residentes en el país, señala el Palacio de Hacienda.
• Dispensa del IVA que recae sobre los honorarios de los directores de sociedades: representa el 0,29% del PIB. “En este caso correspondería una consideración similar a la formulada para la exención de los inmuebles rurales en el sentido de evaluar la posibilidad de su derogación legislativa en atención a indicadores objetivos respecto del beneficio de esta dispensa y de la capacidad contributiva de sus receptores”, sugiere Economía.
• Exención del impuesto a las Ganancias al Poder Judicial: representa el 0,16% PIB. “Este beneficio no parece estar asociado a una política pública con impacto social general. Influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados”, sostiene Economía.
• Exención del impuesto a las ganancias a asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas: representa el 0,11 % PIB. Según Economía, “la política pública que dio origen a este beneficio podría no ser compatible con la actividad que estas asociaciones actualmente desarrollan ni con los ingresos que en este momento perciben. Podría generarse inequidad con relación a otras empresas que, bajo otra forma societaria, tienen una carga tributaria mayor. Parte del universo beneficiado comprende a instituciones bancarias y empresas aseguradoras”.
• Alícuotas reducidas del IVA: representa el 0,62% del PIB y beneficia a la construcción de viviendas; la comercialización de carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas; la medicina prepaga y sus prestadores; la venta de productos de panadería y las obras de arte. “Resulta imprescindible revisar las políticas públicas asociadas, dado que las alícuotas diferenciales en general distorsionan negativamente el impacto en la cadena comercial y no implican, en muchos casos, una reducción en precios al consumidor final”, advierten en Economía.
• Promoción económica de Tierra del Fuego: representa el 0,33% del PIB. “Este régimen se encuentra vigente desde hace cuatro décadas con el objetivo principal de fomentar el incremento de la población en la Isla. Se propone la evaluación de política pública que fundamenta este beneficio, la identificación y cuantificación de sus impactos económicos positivos y el diseño de un curso de acción orientado a la reducción gradual del beneficio”, indican.
• Exenciones del impuesto a los bienes personales sobre depósitos en entidades financieras: representa el 0,03% del PIB. “El análisis de este gasto tributario, a fin de su reducción o eliminación, podría incluir otros beneficios contenidos en la ley del gravamen, tales como la dispensa que recae sobre los inmuebles rurales ubicados tanto en el país como en el exterior”.
• Reducción en las contribuciones a la seguridad social: representa el 0,08% del PBI. “La política pública asociada, que es la generación de empleo, debería tener un límite temporal y/o una reducción gradual y se debería efectuar la medición de impacto correspondiente”, aconseja el proyecto de presupuesto.

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