Dinero, control policial y culto a la personalidad. El sistema que montó Gildo Insfrán en Formosa y que la Corte buscó clausurar

FORMOSA (enviada especial).- Gildo Insfrán no duerme fuera de Formosa. Solía vacacionar en Mar del Plata, pero ya no lo hace. Quienes lo conocen desde hace décadas sugieren dos motivos, ambos reflejo del sistema político que construyó en una provincia que desafía permanentemente el orden nacional de leyes y derechos. El primero: una suerte de obsesión por el control y la necesidad que siente de estar presente en sus pagos que le impide pernoctar en otros sitios. Esa inclinación parece reflejarse en los cientos de carteles con su cara y logros que están dispersos por rutas, calles y avenidas en todo el territorio. El segundo: a lo largo de sus 37 años en el poder (dos períodos como vicegobernador y el resto al frente del Ejecutivo) su exposición pública y su imagen produjeron que a donde va, fuera de Formosa, no tiene tranquilidad. Le fastidian los escraches e insultos, lo que no sucede en su feudo. El que se atreve a hacerlo, incluso sin quererlo, sufre las consecuencias. Así fue el caso de un motoquero que le hizo fuck you en un semáforo, en marzo de este año, y estuvo preso dos días y medio acusado de “amenaza agravada”.

Varios personajes políticos de la provincia, consultados por este medio, creen que a lo único que no controla Insfrán es a su hija Yanina, actualmente diputada provincial. No es solo un tema familiar sino, en una provincia con características feudalistas, un tema de sucesión. Frente al fallo de la Corte Suprema de la Nación que -unánimamente- definió la inconstitucionalidad de la falta de límite a las relecciones en Formosa, la estrategia de Insfrán será volver a hacer una reforma que respete la decisión del tribunal, pero que no sea retroactivo. Si se plantea como criterio dos reelecciones pero sin contemplar la última, Gildo podrá quedarse en el poder hasta sus 84 años (tres años más de su actual mandato y dos períodos adicionales posibles). Eso detendría la sangría que podría abrir su imposibilidad a presentarse entre sus potenciales sucesores y el temor a prescindir del personalismo que caracteriza el régimen prácticamente unipartidista del escenario político formoseño.

El control se extiende por varios factores. Sería insuficiente creer que la billetera abierta a merced de la política, incluido el financiamiento directo al Partido Justicialista que mostró LA NACION, las transferencias constantes a organizaciones sociales, asociaciones civiles, iglesias, entidades vinculadas a los jueces, escuelas y agrupaciones, entre otros, son los únicos motivos de su dominio. Tampoco lo explica exclusivamente el hecho de que Formosa sea la provincia con mayor proporción de empleo estatal (70%), en donde un bono de fin de año es un impulso al consumo. Hay otros dos explicaciones adicionales. Insfrán no gestiona solamente el dinero público, también el privado. Las nociones de propiedad y de libre industria y comercio están degradadas, ningún emprendimiento privado avanza sin aval político. Hasta este año, en la provincia no había una sola cadena de comidas rápidas y todavía no hay un shopping.

En Formosa existe una ley que inauguró el régimen de Colonización y Tierras Fiscales, administrado por un instituto provincial. Su fin es promover “la estabilidad, incremento y progreso de la población rural y urbanización de los centros poblados, sobre la base de la propiedad de la tierra racionalmente subdividida”. La misma norma establece un sistema de expropiación y transmisión de terrenos públicos ampliamente más laxo que en el ámbito nacional. La tierra es primordialmente del Estado, y el Estado es manejado por Insfrán sin límites en los tres poderes, con mayorías automáticas en la Legislatura y jueces puestos por él mismo en jurisdicción provincial y nacional. A modo ilustrativo, consultada una fuente cercana a Insfrán por sus posibles propiedades, contestó: “¿Cómo propiedades? Todo es suyo. ¿Para qué va a poner algo a su nombre?”.

La intromisión del gobierno en el sector privado llega al nivel de las amenazas y los daños físicos a quienes no suscriben a sus pedidos. Esa es, por lo menos, la historia que narran dos personas que no estaban en política, pero ingresaron a ella “obligados”, según su narración. Patricio Evans es concejal, pero era empresario hotelero. Era, por que ya no le quedan emprendimientos en la provincia. Tenía uno de los dos alojamientos más importantes de la capital, pero se desprendió de todo luego de varios episodios de confrontación con el poder, particularmente durante la pandemia. Su hotel fue uno de los utilizados para encuarentenar personas una vez que la justicia nacional le ordenó a Insfrán dejarlos ingresar. Evans le contó a este medio que su relativa oposición, en términos de no responder a las demandas del gobierno en cuanto a la gestión de su establecimiento, libraron una confrontación con la policía que terminó con una golpiza por parte de varios efectivos a su padre (de edad avanzada) y, luego de que dejara la provincia por la persecución que sufría y regresado en una oportunidad a ver a su familia, asegura que le prendieron fuego el auto.

Violencia similar sufrió la familia de Mara Amarilla, diputada provincial. Es la hija del fundador del diario El Comercial. Sigue “en trámite” en la justicia una causa por violación de domicilio, robo doblemente agravado en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad por un episodio en el que un grupo de personas ingresaron a la casa, esperaron a que lleguen sus padres de una comida con amigos y los golpearon pidiéndoles dinero. Mara cree que tuvo que ver con la oposición que ofreció el medio de su familia a las políticas de Insfrán. “Cuando arrancó mi viejo, lo apoyó. Era el fin de la era de Vicente Joga, que era un tipo pesado y oscuro. Insfrán parecía la renovación, pero el remedio terminó siendo peor que la enfermedad”, dijo.

La proliferación de historias de persecución y vigilancia no se detienen en personajes públicos como Gabriela Neme, una de las principales denunciantes de los abusos de Insfrán (a quien su quinta le apareció destrozada repetidas veces), o el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, que solía ser aliado de Insfrán pero, por circunstancias que se aducen de carácter personal, se distanció y asegura haber sido perseguido por dos policías formoseños (efectivamente detenidos) en Asunción del Paraguay.

Los miembros de la Brigada de Informaciones de la policía son fácilmente identificables. Son personas vestidas de civil, generalmente con mochila negra y en moto que hacen “tareas de rastrillaje”. Se distribuyen por cuadrillas y están encargados de reportar movimientos en cada uno de los 37 municipios (todos gobernados por el oficialismo) y zonas de la ciudad. A medida que este medio se movía por distintas direcciones de la ciudad, aparecían alrededor de los sitios visitados exactamente las mismas motocicletas y personas manejándolas. “Son chiperos, pancheros, canillitas. Venden cosas en la calle pero llegan con autos último modelo”, cuenta una persona conocedora de la forma de organización.

En Formosa han proliferado las denuncias por violaciones a los derechos humanos. En la pandemia, formularon demandas organizaciones transnacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reclamaron por las condiciones en las que se encuarentenaron a miles de personas. “La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, dice un informe de la CIDH.

Con semejante sistema de control, es llamativo lo que se le escapa al gobierno provincial. Principalmente, el contrabando y el narcotráfico. LA NACION visitó Clorinda, la segunda ciudad con más habitantes de Formosa y con, llamativamente, muchas más casas de lujo. Es uno de los puntos calientes de la Argentina y sus fronteras son un colador. Está separado de Paraguay por el rio Pilcomayo, que en esa zona no es más que un pequeño arroyo confundido entre la maleza. Sobre la “costanera”, un camino de ripio a metros del barrio de San Miguel paraguayo, hay decenas de puentes caseros hechos con pallets y maderas. ¿El viaje a Paraguay? 20 segundos. Nadie para controlar pasaporte o mercadería. Este medio permaneció en el cruce por horas sin que nadie la advierta.

Varios hechos en la última década asociaron a Insfrán con posibles entramados de narcotráfico, aunque sin que lo comprometieran judicialmente. Casi siempre, de manera fortuita. Un ejemplo fue el de una camioneta que volcó en Monte Lindo. El accidente fue protagonizado por Pedro Ramón Bareiro, funcionario público, en su Toyota Hilux, registrada a nombre de la Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia. Tras el accidente, se apersonó la policía y Bareiro no quería su asistencia. Al revisar el vehículo, encontraron 50 kilogramos de cocaína en el interior del vehículo.

En ese mismo año, en un operativo de rutina de Gendarmería, en un camión con cajones de zapallitos, fueron encontradas dos toneladas y media de panes de marihuana, en la localidad de Laguna Naineck. El camión era perteneciente a Liliana Mabel Tijera Insfrán, familiar del gobernador. Patricia Bullrich, en su anterior gestión, fue categórica respecto del encubrimiento que consideraba que ofrecía el gobernador a estos delitos. Este medio solicitó información de archivo sobre las incautaciones y operativos pasados, pero el equipo de prensa de la ministra prefirió no compartirlo.

Los recursos públicos, en Formosa, no son escasos. El ajuste del primer año de Javier Milei no se siente en la provincia. Sí se siente el achicamiento de la economía en general a lo largo de décadas de desincentivo a la inversión: en 1983, había 230.000 hectáreas productivas. Ahora son 50.000. Pero Insfrán sortea el recorte que preocupa a otros mandatarios por la existencia de una aduana paralela. Los accesos a la provincia tienen mayor control de autoridades públicas que los egresos del país. En el cruce entre Chaco y Formosa, por ruta nacional 11, está la Gendarmería, la policía provincial, y toda una estructura edilicia perteneciente a la Administración Tributaria Provincial. Se acumulan allí decenas de camiones cuyos conductores estacionan para ingresar a las oficinas, declarar la mercadería, y pagar un 3% del valor de los bienes que despacharán en territorio de Insfrán.

El gobernador se rodea de un círculo pequeño, tanto entre sus funcionarios como entre empresarios amigos. Muchos de ellos son de Laguna Blanca, en donde nació y dio sus primeros pasos en política, que fueron conocer a María Teresa Baldus, su exesposa y cuya familia lo apadrinó en sus comienzos. En ese pueblo, a unos 140 kilómetros al norte de la capital, conoció a varios que lo acompañan hoy. Jorge Ibáñez, su ministro de Economía, lo conoce hace décadas. La falta de rotación en quien llega a la gobernación ha mantenido en los cargos más altos del ejecutivo provincial a personas de su extrema confianza como él, que es apuntado como quien maneja el detalle de las contrataciones públicas. El vicegobernador, Eber Solís, también es de Laguna Blanca. La mesa chica termina de componerse con el ministro de gobierno, Jorge Abel González y el Antonio Ferreira, jefe de gabinete.

Los gastos estatales son tan desconcertantes como las propiedades que tienen funcionarios y empresarios contratistas, como se reflejan en millonarias transferencias documentadas por primera vez por este medio. Entre los principales beneficiarios están Héctor Mario Romay, excuñado del gobernador y presidente de Pilaga Construcciones; Guido Edgardo Hoyos, gerente de Ingeniería Siglo XXI, adjudicataria de obras públicas; y Daniel Adolfo Mendoza, cercano al ministro de Economía y dueño de Sigma SRL y Constructed SRL.

Otros, como Roberto Rossi, tiene inscriptas 36 propiedades y su dedicación principal es la venta de insumos al Estado. Las Torres Costanera son un ejemplo. Sus hijas, Sofía y Yanina Insfrán, ambas con cargos públicos, poseen departamentos en los pisos 11 y 12 de la torre 1. También son propietarios Jorge Insfrán, sobrino segundo del gobernador, y Raúl Maglietti, pariente de su exyerno. La constructora Pilaga Construcciones, presidida por Héctor Mario Romay, excuñado de Insfrán, posee cinco unidades y todas las cocheras y bauleras del edificio. Teresa Baldus, exesposa del gobernador y madre de sus hijos, es hermana de Carmen Baldus, pareja de Romay y vicepresidenta de Pilaga, así como de José Luis Baldus, también propietario en la torre 2. Allí conviven también funcionarios, contratistas y jueces.

Insfrán es veterinario. Incluso, su actividad principal declarada en ARCA (exAFIP) no es la administración pública, sino la cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche (incluye: ganado bubalino). De negocios semejantes no hay registro, pero un buen amigo de él, Ramón Filipi, sería quien gestiona su producción. Quienes lo conocen aseguran que no toma alcohol, come magro, se cuida y era un buen jugador de fútbol. Se pasea por la capital en una Land Rover, pero viste pilchas sin lujo. También aseguran que es obsesivo del control y fanático de las adulaciones, por lo que crecer para crecer en el partido (o el gobierno), es necesario “rendirle pleitesía” asistiendo a eventos como a los que realiza los sábados en el programa “Por nuestra gente, todo”, con los que recorre localidades de la provincia.

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