Diez meses después, la designación de Daniel Rafecas sigue congelada
Pasaron el aislamiento social, la "comisión Beraldi" y sus propuestas para reformar la Justicia y el tratamiento, con media sanción incluida, de la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal y, sin embargo, el pliego que postula a Daniel Rafecas como procurador general de la Nación sigue durmiendo en un cajón del Senado.
"Aunque no lo quieran reconocer, el kirchnerismo tomó de rehén a Rafecas", confiesa un legislador oficialista que conoce los entretelones de uno de los temas que ponen en tensión la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
El pliego del juez federal ingresó al Senado el 10 de marzo último, fecha en la que fue girado a la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), una de las poleas de transmisión de las órdenes y los deseos de Cristina Kirchner en la Cámara alta.
Desde entonces, el pliego permanece cajoneado. Primero, el argumento fueron la pandemia y la cuarentena obligatoria que impedía realizar la audiencia pública presencial en la que el candidato debe defender su postulación. Sin embargo, con el correr del tiempo y el avance de la virtualidad, la Comisión de Acuerdos salió de su letargo y avanzó con el tratamiento de pliegos del cuerpo diplomático, así como también de muchos correspondientes al Poder Judicial.
Más aún, la cuarentena no fue obstáculo para que el kirchnerismo concretara el desplazamiento de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y del juez Germán Castelli, apuntados por Cristina Kirchner como integrantes de la supuesta guerra judicial que le declaró Mauricio Macri.
El panorama se complicó aún más cuando la vicepresidenta decidió que para poder desplazar de su cargo al procurador interino Eduardo Casal, al que también acusa de formar parte del lawfare, el mejor atajo era modificar la ley de Ministerio Público Fiscal y establecer nuevas reglas de juego. Así fue como el kirchnerismo puso en marcha un proceso de modificación de la ley con un tratamiento sorpresivo de un proyecto que, entre su articulado, incluía la flexibilización de la mayoría necesaria de dos tercios que exige la ley para designar al procurador y que requiere de un ineludible acuerdo político con la oposición, y su reemplazo por una mayoría simple, al alcance de la mano del oficialismo en el Senado.
Lo que no esperaba Cristina Kirchner era que el propio Rafecas iba a complicar sus planes al declarar que no estaba dispuesto a asumir el cargo si se modificaban las condiciones establecidas por la normativa vigente.
El cuadro se completó con la irrupción de Elisa Carrió exigiéndole a Juntos por el Cambio que apoye la candidatura de Rafecas para evitar que el kirchnerismo, reforma de la ley mediante, impusiera como jefe de los fiscales a un funcionario que responda a las órdenes de Cristina Kirchner.
Las palabras de Carrió no hicieron más que acelerar la jugada del kirchnerismo, que apenas cumplió con la formalidad de esperar a que la denominada "comisión Beraldi" emitiera sus conclusiones para avanzar con la aprobación en el Senado de una reforma de cuño propio a la ley de Ministerio Público Fiscal.
El proyecto se encuentra estancado en la Cámara de Diputados desde fines de noviembre, producto de la falta de consenso de un tema que nunca formó parte de la agenda del Poder Ejecutivo y que cuenta con el rechazo de amplios sectores de la oposición.
Más allá de las declaraciones públicas de funcionarios como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusando a la oposición por la demora en la designación de Rafecas, en el Gobierno no ocultan su malestar y diferencias con el kirchnerismo en torno a la cuestión. Por lo pronto, Alberto Fernández y el presidente de Diputados, Sergio Massa, tienen la convicción de que deberán impulsar modificaciones al proyecto, ya que tal como fue aprobado por el kirchnerismo en el Senado difícilmente pueda ser llevado al recinto de la Cámara baja.
No parece fácil el trabajo de Massa, que deberá convencer a Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista en Diputados, de la necesidad de reformar un proyecto que forjó su madre. Por cuerda separada, en la Casa Rosada aseguran que pueden reunir en el Senado los suficientes votos de la oposición que le permitan a Rafecas alcanzar la mayoría de dos tercios que todavía exige la ley.
Sin embargo, la confianza del Gobierno choca contra el muro que sus socios kirchneristas han levantado en la Comisión de Acuerdos, en donde hasta el momento la mendocina Fernández Sagasti no recibió la luz verde de Cristina Kirchner para habilitar el tratamiento del pliego de Rafecas.
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